Rodeada por un fuerte dispositivo policial, que valló todo su entorno a raíz de las protestas en los alrededores, la Legislatura porteña aprobó este jueves los proyectos del oficialismo de rezonificación en Costa Salguero y en el sur de Puerto Madero para beneficiar a una serie de desarrollos inmobiliarios que han sido muy cuestionados en audiencias públicas y también por la oposición. Ambas iniciativas y otros 11 convenios urbanísticos fueron impulsados por el gobierno porteño, pero su tratamiento arrancó con la amenaza del bloque de la UCR de quitarle su apoyo si no se incluían una serie de cambios.
En la que fue para muchos sectores la sesión más importante del año y tras cinco horas de debate, Vamos Juntos, el bloque del larretismo en la Legislatura porteña, reunió 36 votos a favor de la rezonificación de Costa Salguero para habilitar allí la construcción de edificios privados, contra 22 votos en contra, del Frente de Todos (FdT) y del Frente de Izquierda. También logró sancionar el convenio con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la exCiudad Deportiva de Boca con 36 votos a favor, 20 en contra y las abstenciones de Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen, que habían acompañado el proyecto para Costa Salguero.
Sin embargo, ese resultado no estuvo asegurado desde el inicio de la sesión. Como anticipó Letra P hace un año, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta consiguió el aval del bloque que responde al senador radical Martín Lousteau en la Legislatura para avanzar con el megaproyecto de urbanización. Sin embargo, este jueves el planteo que alteró la hoja de ruta oficialista fue mencionado por el legislador de ese espacio Martín Ocampo, con el objeto de introducir modificaciones en la rezonificación del predio ubicado al lado del barrio Rodrigo Bueno, en las antiguas instalaciones de la Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors que fueron compradas por IRSA, de Eduardo Elsztain, hace dos décadas. Los cambios en la calificación catastral que firmó el oficialismo le permitirán a la firma desarrollar un barrio náutico de lujo que lleva una década de postergaciones por los cuestionamientos políticos y ambientales, pero también por la sospecha del vinculo que mantiene esa empresa con el gobierno porteño desde que Augusto Rodríguez Larreta, hermano del alcalde, se desempeño como gerente del holding.
El gobierno porteño apostó a cerrar la votación de estos cambios, en segunda lectura, antes de que la composición del cuerpo se modifique el 10 de diciembre. El bloque Vamos Juntos reducirá su mayoría desde entonces y sobre esa debilidad, Ocampo metió su planteo este jueves. Defendió la idea de ampliar el camino de sirga que permita el acceso público a la ribera, entre otros cambios, y dijo que si no era tenido en cuenta, los nueve integrantes del bloque UCR - Evolución votarían en contra. "Es un proyecto que puede ser útil para la Ciudad y las modificaciones van a hacer que podamos acompañarlo. No entiendo por qué el PRO y la Coalición Cívica no nos dan más tiempo para mejorar el proyecto", se quejó Ocampo.
Sin los votos del radicalismo la iniciativa corría el riesgo de caerse, pero en el bloque oficialista confiaron a este portal las negociaciones de último momento para que la UCR cambiara de posición antes de la votación. Cerca de las 16.30, tres horas después de haber planteado su posición, Ocampo confirmó que había predisposición de aceptar sus cambios y que el bloque votaría a favor. Si no lo hacía dejaba al bloque oficialista en debilidad. Vamos Juntos tiene 38 votos y necesitaba al menos 31 para la aprobación. Sin los nueve radicales quedaba en 29 votos y a merced de una derrota inesperada que el oficialismo logró evitar.
Los cambios previstos en el sur del lujoso barrio de Puerto Madero forman parte de un convenio firmado entre la administración porteña e IRSA para cambiar la calificación de 70 manzanas, donde las firmas desarrolladoras dicen que destinarán el 67,5% a espacio público.
Otra iniciativa polémica tiene que ver con las modificaciones en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco para el desarrollo de un complejo de torres bautizado Costa Urbana, que será posible a partir de la enajenación de estos predios. Su formulación originó una masiva movilización vecinal, impulsada por la oposición porteña, que impugnó esa operación en la audiencia pública convocada, aunque no es vinculante. También reunieron más de 50 mil firmas para frenar el proyecto.
En medio del debate, el legislador del FdT, Matías Barroetaveña, denunció que son acuerdos urbanísticos "a favor de diez empresarios que consiguen negocios con ganancias exponenciales que no consiguen en ningún lugar del mundo. Eso es lo que hace IRSA, es lo que quieren hacer en Costa Salguero también. Acá queda claro cada vez más que el único verde que le interesa al oficialismo porteño son los dólares en una Ciudad cada vez más gris por la cantidad de cemento".
Uno de los encargados de contestarle fue Roy Cortina, del Partido Socialista, que es socio de la coalición oficialista. "No hay negocio inmobiliario. Instalan una supuesta verdad que no es verdad, que es mentira, me llama la atención que el kirchnerismo basó todo su gobierno en la reactivación económica, que buscaba generar puestos de trabajo", dijo el legislador y chicaneó a la oposición. Les recordó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la finalización de su segundo mandato, presentó un proyecto para construir un distrito audiovisual en la isla Demarchi. "Dio una clase sobre la colaboración público privada con esa creación. Este es un proyecto más humilde que el de Cristina, son edificaciones de cuatro hectáreas y un parque que va a sumar. No se puede comparar con un monstruo a la entrada del Riachuelo que había lanzado CFK", insistió Cortina.
Además de los dos proyectos más conocidos, el cuerpo debatió otros 11 convenios urbanísticos para permitir la construcción y urbanización de distintas zonas de la ciudad para nuevos desarrollos inmobiliarios, como una torre en el barrio de Belgrano que será edificada por un amigo del expresidente Mauricio Macri: el desarrollador Eduardo Cohen Watkins. Esas negociaciones retumbaron en el recinto, porque en cada caso la única contraprestación por esos cambios catastrales son cesiones de tierras, en escasas proporciones, para transformarlas en espacios públicos. Finalmente, se aprobaron nueve de los 11 convenios con 32 votos positivos de los bloques del PRO, Confianza Pública, UCR y Socialismo; y 26 en contra del FdT, el Frente de Izquierda, el GEN y también de la Coalición Cívica (CC).
En este caso, la bancada de la CC votó hoy diferenciada del resto del interbloque oficialista, en medio de la interna del espacio opositor tras las declaraciones vertidas por la líder partidaria, Elisa Carrió, en las que criticó con dureza a dirigentes del radicalismo porteño.
También se aprobó con 32 votos afirmativos, 20 negativos y seis abstenciones un nuevo “Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de Edificación”, que permitirá blanquear una serie de construcciones desarrolladas por empresas inmobiliarias que no cumplieron con las normas y, con este proyecto, gozarían de una amnistía para las multas que deberían abonar.
