El acuerdo llegó a última hora del miércoles. Tras largas horas de negociación, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta consiguió aval del bloque que responde a Martín Lousteau en la Legislatura para avanzar con un megaproyecto en la Costanera Norte que, consumada la venta de terrenos, permitiría la construcción de un parque lineal de 13 hectáreas y un desarrollo inmobiliario de lujo similar a Puerto Madero, cuando ese terreno podría utilizarse en su totalidad para saldar una gran deuda de la ciudad con sus habitantes: espacios verdes.
Con los votos de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el oficialismo avanzará sin trabas con la ley que propone rezonificar más de 200 mil metros cuadrados de los terrenos donde se ubican los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Será el primer paso, porque este cambio de uso en el suelo público requiere un procedimiento de doble lectura y una audiencia pública.
En 2021 culminan las concesiones de Costa Salguero y Punta Carrasco, que llevan más de 30 años, atravesaron gobiernos de todos los colores políticos y fueron transferidos a la Ciudad por el Congreso recién en 2001. El gobierno porteño, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, impulsa la “puesta en valor” de la zona ante años de explotación privada de ambos complejos, donde se instalaron locales gastronómicos, centros de convenciones, estacionamientos y discotecas. Es decir, un sector rodeado de cemento que es inaccesible para la gente.
La iniciativa que propone Rodríguez Larreta contempla el Parque Salguero –paralelo a la Costanera Rafael Obligado, desde Aeroparque hasta Costa Salguero– y promueve una superficie edificable de 265 mil metros cuadrados donde se podrán construir comercios, oficinas, hoteles y viviendas. Aunque se lo presenta como un mix de parque verde y desarrollo inmobiliario, la oposición advierte que el proyecto del oficialismo replica el mismo escenario y la vista y el acceso al río continuará “privatizada”, como sostuvo el legislador peronista Juan Manuel Valdés.
En la previa, el PRO transpiró para asegurar los votos de la Coalición Cívica y no consiguió respaldo de Eugenio Cassielles y Sergio Abrevaya, de Consenso Federal y GEN, respectivamente. Sin los votos de Lousteau, el proyecto no avanzaría. El senador dio luz verde en la noche del miércoles para reafirmar su alianza con Rodríguez Larreta, aunque con un ojo en su futuro político: la venta de esas tierras implica un ingreso de divisas que viajará directo al tesoro del gobierno que pretende conducir.
El radicalismo acompaña el proyecto, como lo hizo con la venta en diciembre. “Hoy, el predio está restringido para el acceso; con la rezonificación, el Gobierno habilita obras privadas, pero también la construcción de dos parques públicos que garantizan el acceso al río“, justificó un legislador de la UCR a Letra P. “Esta es la primera lectura. Seguiremos reclamando mayor espacio público y verde para la sanción definitiva”, completó.
OPORTUNIDAD. El vencimiento de las concesiones, harto investigadas por la Justicia por el pago de cánones irrisorios, abrió la puerta a Rodríguez Larreta para explorar proyectos con fines recaudatorios. El primer escalón fue el 5 de diciembre de 2019, cuando la Legislatura autorizó al Ejecutivo a vender hasta el 35% de la superficie de ambos complejos sobre el río, pero usar el 65% para espacio público. La posibilidad de recuperar la totalidad de esos terrenos para los porteños y porteñas, al parecer, nunca estuvo como objetivo en ninguna de las áreas de gobierno de la Ciudad.
Ese paso se dio cuando recién comenzaba la pelea por los fondos que recibe la Ciudad en concepto de coparticipación. Alberto Fernández abrió su presidencia y puso en agenda el recorte de 36 mil millones de pesos, frenado ante la crisis sanitaria por la pandemia por coronavirus. En paralelo, ante la caída de la recaudación de la Ciudad, Rodríguez Larreta promovió una ley de emergencia económica con el objetivo de ajustar gastos en infraestructura y asegurar fondos para áreas esenciales (salud, educación, seguridad y desarrollo social).
Encorsetado en un paquete normativo que abre la puerta a un negocio para desarrolladores inmobiliarios, con permisos para construcción de torres de hasta 29 metros de alto, la apuesta de Rodríguez Larreta para la Costanera Norte tiene un costado anclado en la recaudación. El peronismo castiga ese punto porque el mecanismo es, otra vez, la venta y explotación de terrenos. Esas tierras no son públicas y el Estado habilitó su venta en 2019, pero la oposición reclama que no se repita el escenario actual: años de concesiones que tornaron imposible el acceso y libre tránsito por esa zona costera.
“En una ciudad que tiene un déficit habitacional enorme, con más de 300 mil personas viviendo en villas, hacinamiento y 35% de inquilinos, el gobierno de Larreta profundiza una política de privatización del suelo y carece de una política de vivienda”, cuestionó el diputado Matías Barroetaveña (FdT).
"La decisión de re-pensar y ofrecer una propuesta superadora, a la concesión votada por el Partido Justicialista, que otorgó más de 30 años para la explotación de las tierras en manos de privados, es un avance en materia de calidad de vida, crecimiento económico, equidad social, preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los recursos", cruzaron en el bloque UCR-Evolución.
