13|1|2022

01 de diciembre de 2021

01 de diciembre de 2021

El juez Bava resolvió el primer procesamiento de Macri tras su salida de la Casa Rosada. Es por presunto espionaje a familias de tripulantes del ARA San Juan. 

El expresidente Mauricio Macri fue procesado y embargado en 100 millones de pesos en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan. La resolución fue firmada por el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, quien lo encontró “responsable de los seguimientos y ciberpatrullaje” al grupo que lo denunció. 

 

Se trata del primer procesamiento que recae sobre el exmandatario tras su salida de la Casa Rosada. La medida del juez especifica que se trata de un "procesamiento sin prisión preventiva". Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que prima facie Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".

 

Como parte de este fallo, el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de Chile, adonde viajó recientemente. Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal".

 

El juez Bava, reiteradamente cuestionado por Macri y por la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC), consideró que el exmandatario fue responsable de "haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.

 

“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en su fallo de 171 páginas.

 

En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

 

Para Bava, está demostrado en la investigación que el entonces presidente "en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.

 

La causa en la que hoy quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan. Por el mismo expediente, el juez federal procesó a principios del mes pasado al extitular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otras personas involucradas.

 

La defensa de Macri, encabezada por el exfiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones. En los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial. Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar "un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento".

 

La declaración de Guglielmi fue en la misma dirección que la del exjefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían afectar el recorrido del presidente. Según informaron a Télam fuentes de la causa, las explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que forman parte de la denuncia.

 

Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado.

 

El procesamiento en esta causa vuelve a involucrar al expresidente en un proceso de espionaje ilegal. En 2010, el juez federal Norberto Oyarbide había dispuesto el procesamiento del entonces jefe de Gobierno porteño en el marco de la causa por escuchas telefónicas irregulares que involucraron al espía Ciro James y al excomisario Jorge Alberto "Fino" Palacios.  En aquella oportunidad, Macri fue procesado por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita (en carácter de miembro). Además, el magistrado ordenó trabar un embargo sobre los bienes de Macri por 250.000 pesos. 

 

Macri asumió la presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2015, con el proceso abierto, pero resultó sobreseído 19 días después, en un fallo que sería confirmado en segunda instancia en junio de 2016.