Este viernes por la tarde comenzará la audiencia pública por el megaproyecto en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires que permitiría la construcción de un parque lineal de 13 hectáreas y un desarrollo inmobiliario de lujo similar a Puerto Madero. Es una iniciativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que tuvo como paso previo una normativa para vender los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, hoy privatizados y con nulo acceso público. El proyecto, que acumula críticas de ambientalistas y opositores, plantea una mixtura de usos para permitir espacio para parques público como desarrollos inmobiliarios, cuando esas parcelas podrían utilizarse en su totalidad para saldar una gran deuda de la ciudad con sus habitantes: espacios verdes.
Cualquiera sea el resultado, la audiencia pública será récord: hay 7.000 inscriptos y durará 50 días -se extenderá hasta el 27 de enero-, con sesiones constantes de lunes a jueves. La metodología será a imagen y semejanza de cómo funciona la Legislatura porteña en pandemia, bajo un acuerdo político en el que se combina la presencialidad y la virtualidad. Para el oficialismo local, se trata de un trámite formal y obligatorio; para la oposición, el kilómetro cero de la resistencia contra la iniciativa del gobierno de Rodríguez Larreta.
El 8 de octubre, con los votos salvadores de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), el oficialismo avanzó sin trabas con la ley que propone rezonificar más de 200 mil metros cuadrados de los terrenos donde se ubican los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Fue el primer paso, porque este cambio de uso del suelo público requiere un procedimiento de doble lectura y una audiencia pública. Esta última instancia es un mandato constitucional, aunque no es vinculante. Tradicionalmente, las audiencias públicas para leyes de doble lectura se convierten en rings de discusión política entre especialistas, asesores, militantes, legisladores y funcionarios, pero pocas logran voltear un expediente.
En la Legislatura, hay un antecedente de una audiencia pública cargada de tensión que terminó con un revés para el PRO: en 2014, el oficialismo proponía nombrar como juez al exfuncionario porteño involucrado en la tragedia de Beara Martín Diego Farrell, pero la presión social pudo más y se cayó el pliego.
CUESTIÓN DE TIMING. El Frente de Todos (FdT) se juega todo para concentrar la resistencia al proyecto del oficialismo y engrosar la participación pública. Hace semanas que organiza caravanas y eventos para “defender la Costanera”. El objetivo del principal bloque opositor es retrasar la votación definitiva y estirar el pleito legislativo hasta mediados de 2021 para pegarlo con el calendario electoral.
De esa manera, argumentan, los aliados del PRO estarán “expuestos” ante el electorado capitalino en las puertas de las elecciones de medio término, donde el Parlamento renueva 30 de sus 60 bancas.
Curiosamente, el oficialismo también busca extender los plazos pero con otra meta: el bloque de Juntos por el Cambio aceptó todas las pautas de la oposición y generó el marco para la audiencia púbica más larga de la historia de la Legislatura porteña para dejar que circulen todas las voces, pero, también, para aletargar la discusión.
La jugada del gobierno de Rodríguez Larreta se explica a la luz de la medida cautelar que dictó la Sala II en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad para suspender la venta del predio, haciendo lugar a un recurso de amparo presentado por la diputada nacional Gabriela Cerruti (FdT), el ODC, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), la Fundación Ciudad y el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas.
El expediente quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Corte porteña. Habrá que esperar para una definición del máximo tribunal local. La ecuación del gobierno es la siguiente: si se suspendiese judicialmente la venta, ¿por qué apurar la rezonificación y auto generarse el costo político? Bajo esa lógica, se avanzará con la audiencia pública y los plazos previstos, pero la normativa que cambia el uso del suelo de Costa Salguero y Punta Carrasco se retrasará más de la cuenta para llegar al recinto de sesiones.
HISTORIA. En 2021, culminan las concesiones de Costa Salguero y Punta Carrasco, que llevan más de 30 años, atravesaron gobiernos de todos los colores políticos y fueron transferidos a la Ciudad por el Congreso recién en 2001. A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el gobierno porteño impulsa la “puesta en valor” de la zona ante años de explotación privada de ambos complejos, donde se instalaron locales gastronómicos, centros de convenciones, estacionamientos y discotecas. Es decir, un sector rodeado de cemento que es inaccesible para la gente.
La iniciativa que propone Rodríguez Larreta contempla el Parque Salguero –paralelo a la Costanera Rafael Obligado, desde Aeroparque hasta Costa Salguero– y promueve una superficie edificable de 265 mil metros cuadrados donde podrán construirse comercios, oficinas, hoteles y viviendas. Aunque se lo presenta como un mix de parque verde y desarrollo inmobiliario, la oposición advierte que el proyecto del oficialismo replica el escenario y la vista y que el acceso al río continuará “privatizada”.
Encorsetado en un paquete normativo que abre la puerta a un negocio para desarrolladores inmobiliarios, con permisos para construcción de torres de hasta 29 metros de alto, la apuesta de Rodríguez Larreta para la Costanera Norte tiene un costado anclado en la recaudación. El peronismo castiga ese punto porque el mecanismo es, otra vez, la venta y explotación de terrenos. Esas tierras no son públicas y el Estado habilitó su venta en 2019, pero la oposición reclama que no se repita el escenario actual: años de concesiones que tornaron imposible el acceso y libre tránsito por esa zona costera.
