Con la aprobación en el Senado del proyecto de reforma judicial y la postergada presentación del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el oficialismo buscará que la Cámara de Diputados vuelva a sesionar, aunque el protocolo para funcionar en forma remota venció hace un mes y hasta ahora no hubo avances con el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) para renovarlo.
Este viernes y con el apoyo de un sector de la oposición, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, encabezó un intento que prefigura el esquema de alianzas que utilizará el oficialismo para transitar los próximos meses sin depender del aval de la alianza macrista. Lo hizo con la presentación de un pedido de sesión especial para este martes, con el objeto de tratar el proyecto de ley para auxiliar al turismo mientras dure la cuarentena y otro para aumentar las penas contra la pesca clandestina en el Océano Atlántico.
Los dos textos son parte de la búsqueda de acuerdos que exploró el oficialismo para sortear la negativa de JxC, que ya reclamó que la próxima sesión sea presencial, porque el protocolo remoto está vencido. También le advirtió que si avanzan sin "consenso" podrían recurrir a la Justicia.
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El pedido de sesión cuenta con el apoyo de las autoridades de bloques que suman 19 escaños y podrían ampliar su aval para otros proyectos, entre ellos, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Ellos son Eduardo Bucca, del Interbloque Federal; José Luis Ramón, del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; Carlos Gutierrez, del bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti; Alejandro "Topo" Rodríguez, del bloque Consenso Federal; Luis Di Giácomo, del bloque Juntos Somos Río Negro; Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social; Ricardo Welbach, del Frente de la Concordia Misionero, que reporta al gobernador Oscar Herrera Ahuad; y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que conduce el gobernador Omar Gutiérrez.
"Esto será sesión por sesión, para evitar que nos quieran colar temas como la reforma judicial, con la que no estamos de acuerdo,y así lo planteamos", confió a Letra P uno de los participantes de la negociación que alumbró este pedido de sesión. La aclaración no es menor, porque tanto el lavagnismo, que conduce Rodríguez, como las bancas que reportan a Ramón ya plantearon sus reparos y rechazos al tratamiento del texto que el Senado aprobó el jueves.
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Con el impuesto a las grandes fortunas no pasa lo mismo. Ese texto cosecha cautela pero menos resistencias. Sapag es una de las pocas diputadas de ese espacio de aliados esquivos del Gobierno que se opone al impuesto, pero en el lavagnismo hay una buena predisposición, "siempre y cuando garantice que una parte de la recaudación sea destinada a auxiliar a las mini, pequeñas y medianas empresas y otra también al empleo registrado genuino, como una forma de darle una parte a la clase media trabajadora", explicó un integrante del interbloque que preside Bucca.
El proyecto del impuesto, que lleva la firma del presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Heller, calcula una recaudación de unos 300.000 millones de pesos, que tendrán una afectación específica para paliar los efectos de la pandemia, urbanizar barrios populares, obras de YPF para el envasado de gas natural y para el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes. El listado incluye que un 20% vaya para las MiPyMEs y aporta otra señal de los acuerdos que le permitirían al oficialismo extender sus 118 voluntades -por la licencia de José Ignacio de Mendiguren- y llegar a los 129 votos que necesita para tener quórum.