Sin dinamitar puentes, el Frente de Todos (FdT) salió a defender la reforma judicial en el Senado con un tono moderado y, en línea con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, le bajó el precio al proyecto de cara a las negociaciones que ya están en marcha para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados.
"Es una primera ley y, seguramente, requeriremos de otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela, respeto por las garantías constitucionales y, fundamentalmente, independencia", dijo la miembro informante del oficialismo, María de los Ángeles Sacnun, quien llevó adelante el proceso de debate como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.
La santafesina se alineó, así, con la postura de la vicepresidenta, quien el martes publicó un texto en sus redes sociales en el que afirmó que el proyecto de "Organización y Competencia de la Justicia Federal”, enviado por el Poder Ejecutivo, no es una "verdadera reforma" judicial. La intención de bajarle dramatismo al proyecto por parte del oficialismo no se quedó solo en palabras. Cristina se comunicó el miércoles con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para pedirle la remoción de las vallas que la Ciudad había colocado en torno al Congreso, de cara a la manifestación convocada por opositores a la ley.
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"Esta ley no afecta a nadie, no es la reforma jubilatoria", explicaron a Letra P en el entorno de la vicepresidenta, quien le transmitió a Santilli su voluntad de "sesionar como siempre", es decir, sin vallas frente al edificio.
La línea se mantuvo durante el debate. La bancada del Frente de Todos se limitó al comienzo del debate a enumerar los cambios que el oficialismo accedió a introducirle al proyecto, a pedido de las provincias, e incluso a instancia de especialistas que abundaron en críticas en su paso por las comisiones. También remarcaron que el proyecto obedece "a una promesa de campaña" del presidente Alberto Fernández, que desde hace años se pronuncia en contra del funcionamiento de la justicia federal.
Sacnun apuntó, además, que gran parte del texto está basado "en el proyecto Justicia 2020", presentado por el exministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, y proyectos firmados por senadores de Juntos por el Cambio (JxC).
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"Hemos receptado muchas de las ponencias de los expositores que han sido críticos. La oposición también ha sido invitada pero ha desistido de esa invitación. Lamentamos mucho eso", dijo el chubutense Mario Pais. El fueguino Matías Rodríguez fue más allá y volvió a abrir la el juego. "Yo los invito con toda humildad a leer el proyecto. Es un buen proyecto y el ámbito por excelencia para debatirlo es este: el Congreso. Pasaron más de 50 especialistas, muchos de ellos propuestos por la oposición", apuntó. Sobre el final de la sesión, Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti afinaron la puntería y dispararon contra Mauricio Macri por el funcionamiento de la Justicia durante su gobierno.
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Parrilli anunció, además, la marcha atrás en el ya famoso artículo 72 del proyecto, que hacía referencia a la presión mediática sobre los magistrados y había provocado la reacción de la oposición y de varios medios de comunicación. El nuevo texto encomendará a los magistrados "comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura las presiones que reciban por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole". "Le sacamos la palabra mediático así alejamos fantasmas", dijo el neuquino.
El oficialismo, con mayoría en el Senado, ya abrió las negociaciones con la oposición para conseguir el número en Diputados, donde no cuenta con los votos suficientes para sancionar la ley con lo propio. Como publicó Letra P, las conversaciones con las provincias y la dirigencia opositora ya está en marcha e incluyen tres leyes en el mismo paquete: la reforma judicial, el Presupuesto 2021 y la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS) de la Anses, que incluye la reprogramación de la deuda de las cajas provinciales con ese organismo.