Alberto Fernández escuchó la propuesta el domingo 28 a la mañana, vía telefónica. Fue el legislador porteño Leandro Santoro quien lo conectó, a través de su celular, con el diputado del Frente Progresista Cívico y Social Luis Contigiani. El exministro de la Producción de Santa Fe le contó con detalles al Presidente su proyecto alternativo de salida para el conflicto de Vicentin. Hablaron, también, sobre la necesidad de que el Estado acelere los tiempos y las estrategias para mejorar su posición en el concurso que lleva el juez Fabián Lorenzini, con el objetivo de formar una mayoría nacional que pueda conducir los destinos de la empresa.
El autor. Luis Contigiani, actual diputado, exministro de Producción del socialista Lifschitz.
"Es una oportunidad histórica de tener acciones propias", le dijo el diputado al Presidente en una charla que duró 31 minutos en los que Contigiani le relató sus propuestas para el futuro de la empresa. La primera y más urgente es la necesidad de que el Estado nacional y el santafesino se repartan la compra de pequeñas acreencias, capitalicen sus deudas y logren establecer una alianza con el cooperativismo exportador agropecuario para formar una mayoría dentro del concurso; una sociedad público - privada estratégica para la Nación y la provincia, con participación de las cooperativas y los trabajadores, que tendrían la posibilidad, a partir de la conformación de una nueva corporación, de terciar en el modelo de agronegocios.
Vicentin le debe al Banco Nación, su principal acreedor, 18 mil millones de pesos. A la lista de quienes tienen deudas por cobrar también se suman otros bancos públicos: Provincia de Buenos Aires, Ciudad y BICE. En el Gobierno tienen claro que rige sobre los bancos públicos la prohibición de capitalizar las deudas. Sin embargo, quienes siguen de cerca el conflicto de la cerealera aseguran que hay alternativas indirectas para conseguir el mismo resultado a través de empresas nacionales, como Nación Fideicomisos, BICE Fideicomisos o YPF. Según esta mirada, la situación podria destrabarse con un calce de títulos dentro del mismo grupo, pero las acciones deberán ser rápidas. "La velocidad es clave: si vos no reunís la mayoría, la reúnen otros", evaluaron en Santa Fe.
En paralelo, una vía legislativa mucho menos ruidosa que la expropiación podría evitar que fueran los acreedores de capitales extranjeros quienes reunieran la mayoría en el concurso. El proceso de "extranjerización" se trabaría con una "simple modificación" a la ley de quiebras que protegiera el capital nacional, tal como se hizo en 2003 con los bienes culturales.
En aquel entonces, el Congreso limitó las inversiones extranjeras al 30 por ciento del paquete accionario de los medios de comunicación. El proyecto, que excluyó de los alcances del instituto del cramdown a las empresas culturales, fue impulsado y celebrado por el Grupo Clarín, entre otros.
Mientras tanto, en el concurso también podrían abrirse nuevas variantes. Como ya lo había hecho antes el gobernador Omar Perotti, Contigiani le transmitió a la Casa Rosada los reparos acerca de la mirada porteña sobre Vicentin, una empresa que lleva 90 años en el norte de Santa Fe y, más allá de los evidentes desmanejos de su directorio, genera una identificación local y un rechazo a la intervención. "Para la gente, es parte de su historia", repiten los dirigentes santafesinos. "Cae muy mal en la región Centro que estas cosas se resuelvan así desde Buenos Aires", resume un referente del peronismo en la zona.
En Balcarce 50 escucharon esas advertencias a punto tal que incluso el ala del oficialismo que impulsó en un primer momento la expropiación llegó a trazar una diferenciación entre "los Vicentin originales, sangre azul" y "la parte nueva de la familia", en la que se ubican Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán. Con esa mirada, se puso sobre la mesa una nueva posibilidad: que, en el marco del concurso, el propio juez nombre un triunvirato conductor integrado por un representante del Estado nacional, otro del gobierno de Santa Fe y algún miembro de la familia fundadora que no forme parte del actual directorio.
La figura de la "coadministración" también está en la lista de posibilidades que evalúa el Presidente sugeridas por Contigiani como vía de salida mientras en la Justicia de Nueva York y en Buenos Aires avanzan las investigaciones contra el directorio actual. "No es todo blanco o negro", dijo el diputado del Frente Progresista cuando presentó sus ideas para la empresa el 10 de junio, apenas un par de días después del día que Fernández anunciara la expropiación de la empresa en conferencia de prensa.
Enseguida, el exministro recibió un llamado del gobierno de Perotti, que el viernes 19 presentó, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, un pedido de intervención de la empresa ante el juez Lorenzini. La vía Perotti se enmarcaba, de la misma forma que propone Contigiani, dentro del concurso de acreedores y le solicitaba al juez que pusiera al frente de la empresa a los dos interventores nombrados por el Presidente, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y agregara a un tercero, en representación de Santa Fe. Pero el juez resolvió tratar la solicitud en un expediente paralelo y pateó la decisión para adelante.
El Gobierno empezó a buscar alternativas para avanzar a paso firme, pero sin hacer tanto ruido. Ladero del Presidente, Santoro se comunicó con Contigiani para conocer su idea. El nexo entre ambos había sido el exministro de Seguridad de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Contigiani y Pullaro fueron compañeros de gabinete durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz. Santoro y Pullaro son amigos desde sus tiempos de militancia juvenil en el radicalismo. El domingo a la mañana, el legislador porteño hizo el contacto entre el exministro santafesino y el Presidente, que escuchó la propuesta y dejó en claro que el Estado nacional, por la vía más conveniente, buscará la manera de poner un pie en la administración de la empresa.
