La cantidad de dinero y las obras para municipios. La reasignación de partidas viejas y la discrecionalidad del Gobierno para distribuirlas. El reparto de cargos en empresas del Estado. La interna amarilla. Son variadas las razones por las cuales naufragaron las negociaciones para acordar el tratamiento del proyecto de endeudamiento que reclama el gobernador Axel Kicillof. Las frenéticas negociaciones mostraron algo de esperanza en el arranque de una jornada caliente, con el entendimiento entre un sector de intendentes opositores y el oficialismo, pero con el correr de las horas todo se diluyó. El tratamiento sigue condicionado por las exigencias de JxC y la firmeza del Gobierno, que no quiere ceder demás pero necesita como el agua los 500 millones de dólares y los 28.000 millones de pesos para poner en marcha la economía que heredó destrozada y se hizo añicos con la pandemia.
PLATA Y CARGOS. Juntos por el Cambio se plantó a último momento. Los diputados y diputadas insistieron en conocer precisiones sobre el destino de los fondos, mayor asignación de partidas para los distritos e incluso modificaciones en la devolución de los préstamos. Más sobre este último ítem: a algunos jefes comunales –incluso del oficialismo– no les alcanza con una extensión de plazos (a 18 meses y a tasa cero) para la devolución de los préstamos sino que piden la condonación de la deuda.
Además rechazan los alcances de los artículos 2 y 3 de la iniciativa que facultan al Ejecutivo a reasignar partidas de convenios firmados con anterioridad. Temen que el gobierno beneficie a unos distritos por sobre otros, de acuerdo a su docilidad política, algo denunciado por intendentes del peronismo durante la gestión de María Eugenia Vidal.
“No podemos darles un cheque en blanco”, coincidieron los diputados Maximiliano Abad, Alex Campbell y Daniel Lipovetzky al argumentar su negativa al tratamiento de la iniciativa. Razones similares esgrimió el vidalismo en el Senado. Además, aseguraron que los $ 2.000 millones del Fondo de Infraestructura (FIM) que anunció el gobernador en mayo no llegaron en su totalidad a los distritos. A esta falta de confianza pretenden sortearla dejando por escrito montos a recibir y plazos detallados.
Otra diferencia está puesta en el reparto de cargos: el vidalismo reclama que se cumpla el pacto tácito por el cual se otorga a la oposición lugares clave en organismos de control y empresas en la que el Estado tiene injerencia. Son una veintena de sillas en lugares como el Instituto de Previsión Social (IPS), Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), entre otros.
INTERNA. Un punto aparte merece la propia interna amarilla, con la que el oficialismo lidió este jueves hasta último momento. La puja entre dos sectores que intentan imponerse como portavoz principal de los intereses de la oposición puede favorecer al oficialismo en algunos casos pero complicarlo en otros. Hoy existe una mesa provincial integrada por María Eugenia Vidal, intendentes de peso como Jorge Macri, Néstor Grindetti y Miguel Fernández y representantes de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica que intentan sintetizar las distintas expresiones, aunque sin una conducción clara.
Según pudo saber este medio, el principio de acuerdo antes de la fallida sesión se había logrado gracias a que los jefes comunales jugaron sus propias cartas. De hecho reconocieron que lo que había acercado posiciones “era la voluntad de sobrevivir” a la crisis tanto de la gestión provincial como de las locales. Algo que no contentó a los dirigentes amarillos que no reportan a la territorialidad. “Axel se equivocó al tomar a los intendentes como únicos interlocutores”, apuntaron dirigentes cambiemistas.
El bloque del Frente de Todos que comanda Facundo Tignanelli pretende tratar el proyecto en la próxima sesión ordinaria. Pero antes enviará el proyecto original a la Comisión de Presupuesto e Impuesto que preside Juan Pablo De Jesús, con la idea de cerrar un acuerdo previo al tratamiento en el recinto, instancia en la que el oficialismo necesitará dos tercios de los votos para darle a Kicillof su pretendida ley.
