“Es una ley de opción, no de adhesión”, sostuvo uno de los intendentes peronista del interior bonaerense, que el miércoles participó de la reunión que se desarrolló en Carmen de Areco, al referirse a la ley de Responsabilidad Fiscal a la que los jefes comunales deben adherir como condición para seguir recibiendo asistencia por parte del Gobierno bonaerense. Denunciaron que María Eugenia Vidal ya les niega ayuda económica.
Tras presentar una agenda de temas para consensuar la adhesión al Pacto Fiscal que impulsa la administración vidalista, mandatarios peronistas del interior provincial denunciaron que la administración bonaerense ha comenzado a sancionarlos ante su resistencia a sumarse a la ley si no se atiende sus propuestas.
El miércoles la denominada “Mesa de Intendentes Peronistas del Interior de la provincia de Buenos Aires” se reunió en el distrito de Carmen de Areco, encuentro que esta vez fue más amplio por la presencia de jefes comunales del conurbano, de legisladores de los bloques peronistas, y del presidente y vice presidente del Partido Justicialista, Gustavo Menéndez y Fernando Gray, respectivamente.
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“Es una ley de opción, no de adhesión”, sostuvo ante Letra P el jefe comunal de González Chaves, Marcelo Santillán, quien señaló que ante “cualquier llamado a la provincia se nos pregunta, antes de chequear el estado de las cuentas, si adherimos o no a la ley”.
En esa línea, explicó que se le negó un descubierto y obtener leasign del Banco Provincia, situación que se repite en otros municipios, donde se le estaría negando fondos previamente acordados con el Ministerio de Economía.
“Nosotros seguimos apostando al diálogo y a la racionalidad; y no a una idea que consideramos que es de irracionalidad política: esto de aceptación por la aceptación misma” señaló Santillán y agregó: “No es que nos oponemos al gasto eficiente, sino a una ley que pone en crisis la estabilidad municipal”.
“Estamos dispuestos a acompañar a la gobernadora, pero con una ley que nos permita trabajar en conjunto”, sostuvo y añadió: “No decimos que no sirve sino que necesitamos otra cosa”.
En esa misma se expresó otro intendente, Hernán Ralinqueo, quien señaló que agotarán “todas las instancia de diálogo” y agregó: “No es oponernos a la ley, es pedir que se escuche lo que necesitamos”, añadió.
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Las denominadas “sanciones” de la administración bonaerense se ajusta a los ejes sobre el que se construyó el Pacto Fiscal, que establece cuatro reglas a cumplir por los jefes comunales para poder continuar recibiendo asistencia del Estado bonaerense.
Con estas denuncias como telón de fondo, durante el encuentro del miércoles los intendentes consensuaron unificar posiciones y coordinar acciones respecto de la intención de Vidal de imponer a los municipios la adhesión a la ley.
En esa línea, acordaron que presentarán distintas iniciativas parlamentarias. Entre otras una que buscará limitar constitucionalmente la capacidad de endeudamiento provincial, del mismo modo que se le exige a los municipios; modificar la actual Ley de Responsabilidad Fiscal en aquellos aspectos que puedan vulnerar la autonomía municipal, como el control que ejerce el Ministerio de Economía sobre las cuentas, y, por último, rediscutir el porcentaje de coparticipación destinado a las comunas.
Según se indicó a este portal pedirán que se pase de 16.40 a 19% para que las comunas puedan hacer frente a todas las responsabilidad que quedan bajo su órbita. “Se han diversificado los servicios porque no es más municipio del ABL (alumbrado, barrido y limpieza). Si nos terminamos haciendo cargo de los problemas de la gente, el municipio termina por ser deficitario”, indicaron.
Además, los jefes comunales decidieron avalar el proyecto presentado por legisladores de Unidad Ciudadana que busca crear una comisión bicameral que controle el uso del dinero que recibió la provincia como consecuencia de la firma del Consenso Fiscal con la Nación.