Mientras se prolonga la definición sobre la nueva forma y manejo de la compañía, un movimiento de pinzas accionado por el gobierno nacional, el de Santa Fe y los acreedores internacionales acorrala por distintas vías judiciales a los directivos de Vicentin, acusados por desmanejos en la administración y presunto vaciamiento de la empresa. La situación se enmarca, además, en una declaración del presidente Alberto Fernández, esta semana, en Olivos. “Pronto habrá novedades”, dijo respecto al futuro de la compañía.
Este jueves, acreedores bancarios internacionales movieron en ese mismo sentido y le pidieron a un tribunal de Nueva York que obligue a la compañía a blanquear sus transferencias, enfocando allí en las supuestas irregularidades con sociedades y el comercio internacional de granos. En el pelotón aparecen Rabobank, Credit Agricole, ING y la división de préstamos privados del Banco Mundial, International Finance Corp. Las entidades quieren acceder al detalle de las transferencias no solo de la compañía, sino transacciones de sus ejecutivos, entre ellos los últimos administradores, los Nardelli.
Los acreedores sospechan que hubo un "vaciamiento" de la empresa y, en base a esa hipótesis, le pidieron al juez de Nueva York Alvin Hellerstein que autorizara un proceso de descubrimiento (discovery) de activos relacionados con la firma.
La novedad fue tan bien recibida por el Gobierno, que empezó a circular en grupos de WhatsApp oficiales y hacia los medios de prensa. Además, fuentes con acceso al expediente y dirigentes del peronismo santafesino coinciden en que las noticias que llegan desde Nueva York son buenas para reafirmar las acusaciones sobre el desmanejo de los directivos de la empresa. En efecto, cerca del presidente Fernández lamentan que el anuncio del 8 de junio se haya adelantado a estos hechos, que ahora permiten justificar con mayor solidez el discurso oficial frente a la opinión pública. "Se internacionaliza la idea de que (Sergio) Nardelli, (Máximo) Padoán y compañía son unos chantas", resumió un interlocutor santafesino sobre el efecto de las acciones judiciales de los acreedores en el exterior.
El Estado nacional también se encargó de dar detalles de los desmanejos de la empresa. Como contó Letra P, lo hizo a través de la presentación que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo ante el juez Fabián Lorenzini, en la que adjuntó un informe detallado, elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en base a los datos que recolectó el interventor Luciano Zarich durante su estadía en la empresa, antes de ser expulsado por el magistrado.
En el informe se observa, a grandes rasgos, el camino de “desprolijidad” contable y administrativa. La SIGEN puntualiza que nunca fueron atendidos por directivos de la empresa, sino por un síndico de la Comisión Fiscalizadora. Descubrieron, además, una administración centralizada de empresas que superponía patrimonios de distintas sociedades. También chequeras completas, con una sola firma, y en blanco; falta de cheques en talonarios completos sin usar, ausencia de medidas de seguridad de las chequeras. Y la existencia de 89 reclamos administrativos en los que la sociedad es parte con AFIP. En paralelo, la intervención virtual, a cargo de Gabriel Delgado, trabaja contando estos detalles a buena parte de los acreedores nacionales, para lograr apoyo político a la movida de la intervención y al armado de una nueva firma que los incluya a todos.
En lo que respecta a las jugadas de del gobierno de Omar Perotti, hay un punto relevante que incluso obligó al juez del concurso, ex asesor jurídico del Banco Nación en los años de Mauricio Macri, a actuar en consecuencia. La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ) le envió hace unas horas al juez Lorenzini un documento probatorio que tiene un dato central: el último estado contable disponible en la empresa se cerró el 31 de octubre del 2018. Por consiguiente, la empresa no informa el balance correspondiente al ejercicio 2019, que no solo es el previo a que la aceitera se declara en cesación de pagos, sino que es el que muestra el período de préstamos récord que el Banco Nación le hizo bajo la administración de Cambiemos, hoy investigado judicialmente.
Esta presentación obligó a Lorenzini, que venía fallando a favor de Vicentin y rechazando el plan Perotti de intervenir sin expropiar, a reclamarle a la compañía ese mismo balance, que es la Caja de Pandora de los supuestos manejos irregulares de la familia.
La titular del organismo, María Victoria Stratta, también aportó en sus escritos información sobre el encadenamiento de unas 15 empresas locales y otras diez, todas controladas por Vicentin a través de firmas offshore en Uruguay, Brasil y Panamá, sin haber sido declaradas en el expediente. Además, advirtió sobre cómo al menos cuatro miembros del directorio que dejó en funciones Lorenzini se deshizo de inmuebles particulares entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 para apostar a mostrar insolvencia y no tener que pagar sus deudas con sus bienes.
En su primera presentación ante el juez, el 19 de junio, Stratta, ya se había abocado a estudiar el entramado de sociedades que forman parte del Grupo Vicentin, además de señalar la composición del grupo de los 2.638 acreedores de la empresa. En aquel informe, de 42 páginas, la funcionaria había señalado que "los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación" de la empresa.
El gobernador Perotti dio este miércoles, además, un golpe estratégico contra la empresa, cuando decidió avanzar sobre el Ente Portuario Puerto Reconquista (EAPRe), donde Vicentin SAIC tiene la concesión a través de una sociedad anónima de una de las terminales, y dictó la intervención por 180 días.
