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Fernández sacó pecho con la expropiación y encendió la mecha. Pero midió el costo político y ahora le prende una vela al plan Perotti. La desideologización.

Por y 22/06/2020 18:59

A pocas horas de que Alberto Fernández anunciara que había decidido intervenir la empresa Vicentin y enviar al Congreso un proyecto de expropiación, los dirigentes oficialistas involucrados en la discusión recibieron un pedido del Poder Ejecutivo: "Hay que desideologizar el debate". La mecha estaba prendida. Para entonces, la oposición ya había convocado a su ejército de caceroleros, que, con el correr de los días, amenazó con convertir las protestas en una 125 modelo 2020 para un Gobieno recién asumido, que lidia con una pandemia. Con su nuevo ADN albertista, la Casa Rosada recalculó.

El Presidente fue ajustando el discurso. La "expropiación" tan resistida quedó desplazada por otro objetivo superior, el "rescate". Fernández activó otras señales. Mandó a sus funcionarios a eliminar el "fantasma de Venezuela" del imaginario del sector industrial y agrario, habló con el CEO de la empresa, Sergio Nardelli, y lo recibió en Olivos, y le pidió al gobernador Omar Perotti que buscara "una propuesta superadora". El santafesino, peronista moderado ligado al campo, no había participado del anuncio inicial. Tampoco el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Un sector del albertismo ni siquiera aprobaba la iniciativa, por ideología o por oportunidad. En la Casa Rosada, un asesor lamentaba que la atención mediática estuviera concentrada en Vicentin mientras el escándalo del espionaje macrista pasaba a un segundo plano.  

 

 

La reunión con Nardelli erizó los nervios del ala más cristinista del Gobierno, ya envalentonada con la expropiación, que promocionaba la senadora Anabel Fernández Sagasti. "Fue una jugada clásica de Alberto para que el interlocutor no pueda decir que hay animosidad en su contra. Hacía lo mismo cuando era jefe de Gabinete", dice un dirigente del Frente de Todos que sigue de cerca la novela Vicentin.

En paralelo, el Gobierno fue monitoreando la temperatura de la calle. El martes 9, un día después del anuncio, vio por televisión las protestas en Avellaneda. El miércoles escuchó el cacerolazo con sello porteño. Desde Santa Fe, empezó a recibir advertencias sobre el clima social. Si bien la movilización estaba muy focalizada en el norte santafesino, en particular en Avellaneda y Reconquista, la proyección indicaba que, fogoneada por la oposición de Juntos por el Cambio, a futuro podía prender en otras localidades ligadas al campo. La primera línea del Gobierno sondeó a peronistas tradicionales y cristinistas. Los ministros llamaron a Santa Fe para preguntar "qué tanto podía descomprimir" la situación social la salida perottista y monitorearon cómo marchaba la discusión mediática.  

"Había mucho para perder y poco para ganar", reconoce un dirigente del kirchnerismo en Santa Fe que avalaba la expropiación pero admite que la salida judicial que planteó Perotti en el marco del concurso de acreedores le permite al Gobierno "salir por arriba" del problema en el que se había metido solo. El ala más cristinista bufó por lo bajo. "Algunos compañeros todavía no terminaron de entender por qué el Presidente es Alberto y no Cristina", señala un diputado kirchnerista del Frente de Todos que admite que, en el recuento de votos para una posible ley de expropiación, al oficialismo "no le sobra nada". La propia naturaleza de la coalición pone los límites: amplia y de mayorías, pero con matices y alas entre las que el Presidente tiene que tratar de hacer equilibrio.   

 

 

 

La referencia a quién se sienta en el sillón de Rivadavia no es menor. Dicho por ella en el  mensaje del 18 de mayo de 2019, cuando anunció la fórmula presidencial, como por todos los dirigentes que la rodean, fue Cristina Fernández de Kirchner quien comprendió que era Fernández la persona indicada para liderar este tiempo, que requiere más moderación y temple que pasión cristinista. El Presidente fue, además, una pieza clave en el nuevo acercamiento a los sectores agropecuarios durante la campaña. El recuerdo de su renuncia como jefe de Gabinete en pleno conflicto con el campo, en 2008, le habilitó la entrada que el kirchnerismo tenía vedada y que la Casa Rosada sabe que no puede rifar, aunque la épica de otros años quiera aflorar. 

LA PATA ECONÓMICA. La decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la expropiación tiene, además, una pata económica. Según las estimaciones que hacen en la Casa Rosada, en caso de que el proyecto se aprobara, la administración Fernández debería pagar al instante unos U$S700 millones por los activos de los Nardelli. Esto explica, en gran medida, la derivación hacia Santa Fe. 

La provincia tampoco tiene ese monto para expropiar. El rol de Santa Fe es estratégico y está en línea con un plan del Ejecutivo: contiene una intervención que ordene y ponga a funcionar la compañía, para luego sentar a los acreedores nacionales y darles la posibilidad de capitalizar sus deudas y obtener acciones. Una vez llegado ese momento y siempre dentro de los 60 días de la intervención, se ofrecerá a los acreedores extranjeros una reestructuración de la deuda. 

Para ese momento, creen en el Gobierno, ni siquiera será necesario indemnizar a los Nardelli. La Casa Rosada supone que las causas judiciales que pesan contra la mala administración derivarán en algún tipo de sanción que los quitará de la compañía, siempre por la vía legal. Los más osados entienden que esas pesquisas también harán eje en funcionarios de Cambiemos y que eso justifica la creación de una épica "126" en el ala PRO más dura. Los plazos, de todos modos, son muy extensos. Los que conocen el paño no ven "menos de dos años" para llegar a lo antes planteado. Por eso, para el Ejecutivo es de suma importancia un fallo favorable para legalizar la intervención y ordenar la compañía.