La vía de la expropiación se fue diluyendo en el mar de la crisis del coronavirus, la agenda diaria y los anuncios sobre la cuarentena. Las voces contra los presuntos manejos fraudulentos de los dueños de Vicentin fueron derivados a una futura comisión bicameral del Congreso. Y la marcha atrás de la política le abrió paso a la alternativa judicial, donde el Gobierno descansó su estrategia sobre el jugador de bajo perfil que más tranquilidad le da a Cristina Fernández de Kirchner, su exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.
Fue la propia vicepresidenta quien les dio señales a los propios de que el camino de la expropiación estaba cerrado. "No estamos enamorados de ningún instrumento", dijo en la última sesión del Senado Oscar Parrilli, uno de sus hombres de mayor confianza. La autora del proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández en la conferencia del lunes 8 de junio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, tampoco insistió con la idea, aunque disparó contra "los empresarios que toman créditos, evaden, endeudan, fugan y lavan".
"Se está manejando bien por la vía judicial", dijeron en el entorno de Cristina ante la consulta de Letra P sobre si la vicepresidenta acordaba con la estrategia de la Casa Rosada de dar marcha atrás con la expropiación. El silencio de la expresidenta obedecía a diferentes razones. "Tanto ella como Alberto se dieron cuenta de que el tema se manejó muy mal", apuntó un dirigente que dialogó sobre el tema con el Presidente y la vice. La presencia de Zannini para comandar las jugadas jurídicas fue el otro punto que calmó los ánimos cristinistas.
En el oficialismo aseguran que el exsecretario de Legal y Técnica estuvo "bastante lejos" de animar la movida inicial de expropiación, que anunció el Presidente. Ya con los platos rotos, Zannini avaló el impulso de los dos estrategias jurídicas a desplegar ante el juez que lleva el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini: la vía que lleva adelante Omar Perotti, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, y la del Estado nacional, a través de las apelaciones que presentaron la intervención de Gabriel Delgado y del Ministerio de Desarrollo Productivo, asistido por la Procuración del Tesoro de la Nación.
"Comanda Perotti, nosotros ayudamos en lo que podemos", dijeron en la Casa Rosada. La estrategia quedó clara el jueves 25, cuando el Estado nacional apeló, sobre la hora, la resolución del juez Lorenzini fechada el 19, que apartó a los interventores designados por el Presidente y los puso en el lugar de meros veedores, al tiempo que repuso al directorio de la empresa. Antes, había apostado a que el magistrado atendiera el pedido presentado por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe para que interviniera la empresa en el marco del concurso. Pero Lorenzini decidió tratar la petición en un expediente paralelo y le volvió a dar aire al directorio de la empresa.
Rápidamente, el Estado nacional apeló a su doble vía de acción,a través de los recursos que presentaron el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, con el asesoramiento jurídico de la Procuración del Tesoro, y los interventores designados por el Estado. A través de abogados matriculados en la provincia plantearon recursos contra la resolución del juez que apartó a los interventores. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Productivo presentó en Buenos Aires un pedido de inhibitoria para que el planteo realizado por los accionistas de Vicentín, respecto a la constitucionalidad del DNU N° 522/20 que dispuso la intervención de la empresa, pase a ser dirimido en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La cartera que conduce Kulfas adjuntó, además, un informe detallado elaborado por la Sindicatura General de la Nación con datos que recolectó el interventor Luciano Zarich durante su estadía en la empresa, antes de ser expulsado por el juez.
"La intención es salvar a la empresa, que funcione. En base al proceso se irá viendo", agregaron en el entorno de la vicepresidenta, donde confían en que la estrategia judicial desplegada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, o la vía de Perotti lleven al mismo resultado por una vía más larga y menos ruidosa.
El nombramiento del exsecretario de Legal y Técnica de Cristina frente al cuerpo de abogados del Estado fue una de la mayores sorpresas en la presentación del gabinete de Fernández. "El Chino", como lo llaman en la política, es un pingüino de pura cepa, kirchnerista de la primera hora y hombre de confianza de Cristina, puesto a representar al kirchnerismo paladar negro en la fórmula de 2015, junto a Daniel Scioli. "Nadie me lo impuso", dijo Fernández cuando anunció su designación, en diciembre.
Para entonces, Zannini llevaba un año y medio en libertad tras haber estado detenido 107 días preso por la causa de presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que fueron acusados también Cristina y el excanciller Héctor Timerman, entre otros. Desde diciembre, tiene sobre su escritorio los expedientes más sensibles en los que interviene el Estado, como el del Correo Argentino -de la familia Macri -, el juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF y ahora, la intervención de Vicentin.
