El juez civil y comercial de la localidad santafesina de Reconquista que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentin, Fabián Lorenzini, resolvió tratar en un expediente paralelo al proceso concursal la solicitud de intervención de la empresa realizada por la provincia de Santa Fe. De esta manera, demora el golpe final que el presidente Alberto Fernández pretende darle a la idea de expropiación de la cerealera y mantiene encendido el fuego con el que la oposición macrista busca relanzarse.
El juez decidió abrir un "incidente" con la petición de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina para hacerse cargo de la administración de Vicentin y desplazar al directorio. Hasta que la resuelva, mantendrá en vigencia su fallo del viernes último, mediante la cual reintegró la gestión de la empresa a su directorio.
En contacto con Letra P, fuentes de la IGPJ le bajaron el tono a la resolución al argumentar que “lo único que hace es tratar los temas por separado” sin definición concreta sobre el pedido de cambios en la administración. Incluso, argumentaron que el tratamiento paralelo resuelto había sido planteado en el primer escrito. Desde el gobierno provincial sostuvieron que esto les da tiempo para seguir afinando el plan futuro con distintos actores.
En términos políticos, significa una agonía a la idea de expropiación y no su fin como pretende la Casa Rosada. La aceptación de la intervención provincial y posterior reconversión societaria hubiese sido el salvoconducto para esa pretensión de Fernández.
En tanto, mantiene en cocción el caldo cultivo para el macrismo que se aferró al proyecto de expropiación como forma de posicionarse en el escenario opositor agitando el fantasma del chavismo. Lo cierto es que las definiciones concretas llegarán cuando el juez se expida finalmente sobre la intervención provincial.