"El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero, como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo la semana pasada el presidente Alberto Fernández durante una entrevista colectiva que dio a colegas de Radio Nacional. “En cuanto las aguas estén más quietas y estemos con el temple necesario para poder entrar en un debate de esa naturaleza, voy a mandar el proyecto, espero que no pase mucho tiempo más”, agregó.
El 13 de junio, aniversario de la aprobación de la despenalización y legalización del aborto en la Cámara de Diputados, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó una transmisión en vivo con muchas de las diputadas y exdiputadas que formaron el grupo Las Sororas y algunos diputados, más legisladoras y legisladores que comprometieron su voto para el proyecto.
Nadie descarta que el aborto pueda convertirse en ley en 2020, siempre y cuando la actividad parlamentaria se “normalice” y, lo más importante, se cuente con el apoyo del movimiento de mujeres en las calles.
Además de renovar su compromiso, la mayoría de las legisladoras coincide con la necesidad de leer el proyecto del Ejecutivo (conocido sólo por el Presidente, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y poca gente más) para comparar con el de la Campaña, que fue presentado por octava vez el 28 de mayo de 2019 y tiene estado parlamentario.
En el Ejecutivo y en el bloque oficialista no ven posible el tratamiento del proyecto de legalización del aborto mientras dure la emergencia sanitaria y, mucho menos, con la curva creciente de casos y muertes provocadas por el COVID 19 y el sistema de salud (y el Ministerio) comprometido con la crisis. Sin embargo, nadie descarta que pueda convertirse en ley en 2020, siempre y cuando la actividad parlamentaria se “normalice” y, lo más importante, se cuente con el apoyo del movimiento de mujeres en las calles. El objetivo del Gobierno es impulsar el proyecto, dar la pelea y ganarla. Y eso, ahora, con el foco puesto en dar respuestas a la crisis sanitaria, no aparece en el horizonte más inmediato.
LA VALLA DEL SENADO. Con o sin pandemia, la principal traba está, de nuevo, en la Cámara alta. Sin embargo, las condiciones son distintas a las de 2018: un proyecto con la firma del Ejecutivo y con el apoyo explícito de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, podría tener otro peso que uno que llegue con las firmas de diputadas y diputados, aunque en la letra sean similares.
Como dijo la legisladora de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato, hoy vicepresidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad y articuladora fundamental para conseguir la aprobación de 2018, en la transmisión del 13 de junio: “Este año va a ser ley, porque toda esta construcción tuvo un sentido que es que este tema llegó a la campaña y que quien ganó la elección lo hizo con un compromiso, que es que esto suceda, y esto va a suceder porque en la cabeza del Ejecutivo está la decisión de que pase, con bloques muy mayoritarios en Diputados y en Senadores”.
“No me imagino esta ley sin las grandes movilizaciones en las calles y sin las grandes roscas que vamos a tener que hacer, que no pueden hacerse por internet.” (Mara Brawer, FdT)
Lospennato comparó la dificultad para sumar votos de su bloque con la de la vicepresidenta frente al senador y presidente del bloque del PJ, José Mayans, acérrimo opositor no sólo al aborto legal sino a todo lo referido a derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. “En Diputados lo vamos a sacar, pero en el Senado lo van a sacar este contexto particular, este momento histórico y este compromiso y un Poder Ejecutivo que tiene una abrumadora mayoría en el Senado”, cerró la diputada.
Otra de las cuestiones en discusión tiene que ver con el debate, no el que inevitablemente se generará en la sociedad civil, sino el parlamentario. En coincidencia con referentes del Gobierno, Gaillard cree que no será necesario otro desfile de expertos como el de hace dos años. “Ahora vamos a tramitar el expediente que va a terminar de patentar este derecho que tenemos las mujeres”, dijo. Gaillard no cree que la pandemia sea un buen escenario para el tratamiento de esta ley, porque “la política es presencial, es en el cara a cara”.
Mara Brawer, también del Frente de Todos, coincide, por varias razones, en que es necesario esperar a que pase la crisis sanitaria. “No me imagino esta ley sin las grandes movilizaciones en las calles y sin las grandes roscas que vamos a tener que hacer, que no pueden hacerse por internet”, sostuvo en la entrevista colectiva organizada por la Campaña por el Aborto Legal y recordó la votación de la Ley de Matrimonio Igualitario, cuando la entonces senadora Fernández de Kirchner invitó a un viaje a China a sus compañeras de bancada Marina Riofrío y Ada Iturrez de Cappellini, restando dos votos a quienes se oponían al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Hasta ahora, el único antecedente que hace pensar en que el Senado acompañe la ley de IVE (aun sin los números necesarios, al menos declarados) es la aprobación del pliego de Marisa Graham, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, .
Graham era resistida por los sectores antiderechos del Senado y, sin embargo, su designación logró un resultado afirmativo con 47 votos a favor, 21 en contra (incluido Mayans, aunque no argumentó en voz alta), ninguna abstención y cuatro ausentes. La decisión de la Cámara alta fue transversal, pero se descuenta la actuación de la vicepresidenta de la Nación.
En la Argentina, se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 por año.
Mientras tanto, en estos días se conoció la historia de B, una mujer que murió por las consecuencias de un aborto clandestino. Llegó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, con fiebre y una hemorragia severa. Ante la imposibilidad de detener el sangrado, le realizaron una histerectomía y la derivaron a la Terapia Intensiva del Hospital Simplemente Evita, de González Catán. Llegó en paro cardíaco y falleció antes de las 22 del 19 de mayo.
A pesar de que la provincia de Buenos Aires publicó el Procotolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a interrumpir el Embarazo y el Acceso a Métodos Anticonceptivos, el acceso a la práctica sigue siendo crítica y llena de obstáculos: a la amenaza de la penalización se suma, en muchos casos, la falta de medicación, de reconocimiento institucional y el hostigamiento y la persecución a las y los profesionales que buscan garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
En la Argentina, se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 por año. Un relevamiento realizado por el portal Latfem da cuenta de al menos 15 muertes provocadas por abortos inseguros en los últimos dos años. La atención de la pandemia de coronavirus es una urgencia del Estado. La garantía para las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo también debe estar entre las prioridades.
