La jefatura del Ministerio Público que ejerce el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena esta semana, con la polémica por el otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia por coroanvirus. En conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof apuntó a la Justicia y, puntualmente, al jefe de los fiscales, Marcelo Conte Grand. Horas después, en una entrevista con Letra P, su minstra de Gobierno, Teresa García, lo dijo sin reparos: “Conte Grand no puede ser procurador porque no es objetivo”. Para el oficialismo, el procurador es uno de los responsables de la turbulencia generada a partir de la falsa noticia de liberaciones masivas de reclusos. Conviene echar un vistazo a la historia reciente de la disputa por uno de los cargos más apetecibles en el Poder Judicial, un sillón vitalicio que deja de ocuparse solo por tres razones: muerte, renuncia o juicio político. Cómo fue que el actual procurador, de inocultable pertenencia al vidalismo, llegó a reemplazar a María del Carmen Falbo.
Conforme a lo establecido en el artículo 189 de la Constitución Provincial, el Ministerio Público será desempeñado por el Procurador y Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia; por los Fiscales de Cámaras; por Agentes Fiscales, Asesores de Menores y Defensores de Pobres y Ausentes. El artículo mencionado no incluye al Fiscal de Casación ni al Defensor de Casación, que aparecen con posterioridad, al efectuarse la reforma penal y sancionarse la Ley del Ministerio Público.
La inesperada llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación de Buenos Aires generó pocos pero significativos cambios en la estructura del Poder Judicial más grande de Argentina. Uno fue la asunción de Sergio Torres como integrante de la Suprema Corte bonaerense. La otra, el desplazamiento de Falbo como jefa de fiscales y defensores oficiales en el heterogéneo (político y geográfico) territorio provincial.
Como informó Letra P en otras ediciones, el gobierno de Vidal presionó a Falbo para que desocupara el despacho que habitaba en el palacio de tribunales ubicado en La Plata. Fue en sintonía con lo hecho por la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri –incluso desde antes de asumir– con la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
A siete meses de la asunción de Vidal, el 2 de julio de 2016, el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo dijo que la jefa del Ministerio Público tenía “un tiempo agotado”. “Ya cumplió un ciclo en la provincia de Buenos Aires”, indicó el hoy diputado nacional por Juntos por el Cambio. Le imputó “un compromiso político con los sectores del peronismo” y recordó: “Ella ha trabajado y militado con Aníbal Fernández”.
Sin embargo, la operación para sacar a Falbo había empezado –de manera subterránea– en el verano. En enero, otro quilmeño (¿ex?)peronista, el exintendente Federico Scarabino, visitó a la procuradora en su despacho. Y la sondeó. El enemigo íntimo de Aníbal en el pago chico erró el tiro. Dicen que no se animó a decirle lo que tenía que decirle: que Vidal la queríe jubilada. Pero Falbo ya tenía la certeza de que se le iba a hacer cuesta arriba mantenerse en el cargo. Pronto lo comprobó: carpetazo mediante, la prensa amiga de la exgobernadora comenzó a hostigarla con notas sobre el escándalo de la efedrina.
En abril, en una nota publicada en Clarín Falbo dijo que su honra estaba en juego y de su despacho no se movería. “No renuncié, no me jubilo ni presentaré la renuncia. No me hago cargo de las cosas que dicen por ahí sobre mi situación. Estoy trabajando como todos los días, atiendo agenda, recibo fiscales, y la Procuración está con actividad en pleno”, advirtió.
Vidal tenía a su candidato en gateras. El entonces secretario Legal y Técnico y hombre de su extrema confianza, Conte Grand, pedía pista. Al funcionario que le cuidaba la firma a la gobernadora se lo puede encontrar entre las ramas de un frondoso árbol genealógico-político que lo conecta con nombres célebres del menemismo, como Carlos Grosso, Carlos Corach y el propio ex presidente Carlos Menem; y del macrismo, como José Torello, Pablo Clusellas y Nicolás Caputo.
Durante el último tramo de la gestión Macri en la Ciudad de Buenos Aires, Conte Grand fue procurador en CABA, aunque allí el cargo no tiene la misma función que en la provincia. Católico ultra conservador –numerario del Opus Dei–, en el ejercicio de esa función tuvo problemas por sus posiciones controversiales sobre el matrimonio igualitario, el aborto no punible y la identidad de género.
Luego de un largo operativo de desgaste, Falbo se jubiló y dejó (a disgusto) un cargo vitalicio, considerado un premio mayor en el universo de la política. Por su gesto recibió un premio consuelo: un cargo de asesora en el ministerio de Justicia de la Nación que encabezó el abogado Germán Garavano, con quien mantenía una buena relación.
