Como el presidente Mauricio Macri, que antes incluso de ganar las elecciones comenzó a presionar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que abandone su cargo, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, activó una operación subterránea para sacar de su despacho a la jefa de los fiscales bonaerenses, María Del Carmen Falbo. Hasta ahora, la embestida no llega a esa categoría. Es tibia, ineficaz. La mandataria no se ha animado a hacer públicas sus intenciones. Ni siquiera se ha animado a decírselo a ella en privado. Más: pese a que un emisario informal le había preparado el terreno, el encargado de comunicarle la expectativa oficiosa tampoco se animó. Por eso, la titular del Ministerio Público está en guardia, alerta, como un león herido, acorralado y enojado. Y el operativo, que ya lleva dos meses sin resultados, empieza a generarle problemas a la jefa del Estado provincial.
La primera señal de hostilidad le llegó a Falbo a través del diario Clarín. En una nota publicada el 13 de enero, el periodista Nicolás Wiñazki la embadurnó con el barro de la mafia de la efedrina. Reveló que la procuradora autorizó al Gobierno nacional “a acceder en tiempo real a toda la información y las pruebas que se recolectaban en las causas judiciales que investigaban en la provincia de Buenos Aires el tráfico prohibido de los químicos que se usan para fabricar drogas”. Y recordó que hace 22 años defendió –con éxito- a Aníbal Fernández cuando el entonces intendente de Quilmes fue investigado –con pedido de captura incluida- por presunta malversación de fondos. Sugirió Wiñazki, además, que la carrera de Falbo en la función pública despegó a partir de sus buenos servicios legales en ese caso, igual que la de otro de los abogados patrocinantes del ex candidato a la Gobernación, el a esta altura histórico presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia, Federico Domínguez.
La procuradora es peronista y quilmeña, como Fernández. Fue secretaria de Justicia de la Gobernación en los noventas, con Eduardo Duhalde como gobernador. En 1999 saltó a la Cámara de Diputados de la Nación y en 2004, ya con Felipe Solá en la Gobernación, fue designada al frente del Ministerio Público. Nunca fue identificada con el kirchnerismo, como Gils Carbó, pero eso no la hace menos peronista. No la quiere el PRO, pero no sólo el PRO: un grupo de fiscales ha acumulado, en todos estos años, motivos para celebrar una eventual salida de la jefa.
Dato fundamental: Vidal no puede echar a Falbo. El Ministerio Público es un extra poder que no depende de nadie. Y la procuración general es un cargo sin fecha de vencimiento. Para eyectarla de su despacho, la gobernadora debería iniciarle, a través de sus legisladores, juicio político en el Senado. O convencerla de aceptar un plan de retiro más decoroso: jubilación y despedida con honores. Ése es el Plan A que está –tímida, por ahora ineficientemente- en marcha, aunque en los pliegues de la política bonaerense hay quienes engrosan una carpeta con supuestos argumentos destituyentes por si finalmente Vidal decide activar el Plan B. En ese dossier, se listan antecedentes de presuntos encubrimientos e incumplimientos varios de la ley y de sus deberes de funcionaria pública.
EL EMISARIO Y EL GOL QUE NO FUE. El operador de Vidal encargado de allanar el terreno conoce a Falbo casi de toda la vida. Peronista y quilmeño como ella, Federico Scarabino fue concejal e intendente de ese distrito, aunque en la vereda de enfrente de Aníbal en la interna local. Quiso ser vicegobernador secundando a Antonio Cafiero en 1999, pero perdió la pulseada en las primarias del PJ bonaerense con la fórmula Carlos Ruckauf – Felipe Sola. De todos modos, los dos ganadores le dieron trabajo, a su turno: el primero como ministro de Producción y el segundo, como ministro de Gobierno, un cargo bien político. Después, surfeó la tensión pejotista - kirchnerista y, como senador, llegó a ser, cuando Alberto Balestrini se enfermó, el primero en la línea de sucesión de Daniel Scioli.
Tanta historia compartida le permitió al emisario hablar en confianza. Sacarabino tentó a Falbo con aquel plan de retiro. Le explicó que la jubilación era la mejor manera de evitar situaciones embarazosas de hostigamiento. No fue explícito con lo de las carpetas, pero entre viejos lobos de mar las palabras huelgan: no es necesario caer en groserías.
Scarabino salió de esa reunión con la sensación de que le había dejado la pelota picando en el área chica al funcionario designado para mandarla al fondo del arco. El secretario de Legal y Técnica de la Gobernación, Julio Conte Grand, se reunió con Falbo para “oficializar” la expectativa de la gobernadora de contar con ese puesto. Pero eso no pasó. El hombre se amilanó. No le pareció que fuera elegante poner eso en palabras, según le explicaría después a Scarabino, quien a su vez había escuchado el relato de la propia procuradora, que le había dicho, sin salir de su asombro: “No me dijo nada”.
El papelón templó el carácter de la jefa de los fiscales, pero también la dejó en guardia: aunque tuvo una muestra inequívoca de la impericia política de la administración PRO, sabe que van por ella. Y que, entonces, la lealtad no es un valor que deba poner a disposición de la gobernadora.
CHISPAZOS Y SEÑALES. Las miradas del macrismo provincial hacia Falbo comenzaron a torcerse apenas 17 días después de la asunción de Vidal. El domingo 27 de diciembre, a las tres de la mañana, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, fugaron del penal provincial de General Alvear. “Ése es de Falbo”, le dijeron a Vidal los que siempre están a la orden para trabajar de apuntadores. “Ése” era Cesar Albarracín, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la gestión Scioli que la gobernadora había ratificado en su puesto. No muy cierto: Albarracín fue relator del área de Política Criminal de la Procuración, pero eso no lo hace necesariamente un “falbista”. No importa: el ítem en el currículum alcanzó para que el vidalismo, en esas horas de desesperación, le colgara el cartelito.
La semana pasada, un episodio de alta repercusión cayó como balde de agua fría sobre Vidal, que, como se ha dicho en este portal, gobierna a ciegas: se enteró mirando televisión que el presidente del ente de turismo de Mar del Plata, Emiliano Giri, armador político clave del PRO bonaerense, llegaba a La Plata esposado, sospechado de integrar una banda que se dedicó, durante la gestión de Scioli, a realizar designaciones truchas en el Astillero Río Santiago para quedarse con los salarios de los falsos contratados.
A Vidal no le advirtieron que esa causa podía estallar los funcionarios de su gabinete que deberían haberlo sabido –fundamentalmente, su ministro de Justicia, Carlos Mahiques. Pero tampoco Falbo se molestó en ponerla en autos. No es su obligación. Por el contrario, es saludable, en términos institucionales, que no se mezclen los tantos. Pero se sabe: políticamente, esa falta de comunicación es un problema para el que gobierna.
Como se dijo antes: la procuradora sabe que van por ella y que van sin mucha determinación. Acaso les haya perdido el respeto. De mínima, no les teme. Difícilmente, entonces, vaya a preocuparse por ser atenta.