Regula la actividad con un concepto amplio que incluye a organizaciones de la sociedad civil. Busca imitar a EEUU, pero se asemeja más a El Salvador y Rusia.
Javier Milei, en una reunión con el magnate tecnológico Peter Thiel.
Javier Milei continúa tratando de copiar a los Estados Unidos. Con el modelo norteamericano a modo de ejemplo, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el proyecto “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, con el que busca crear una ley de lobby autóctona. La iniciativa ya encendió señales de alerta en organizaciones civiles.
Como contó Letra P esta semana, en el Congreso, donde ya naufragaron otras propuestas similares, la idea no genera demasiado entusiasmo. Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) deslizan que se trata de un pedido de la administración de Donald Trump, más que de una consigna oficialista. Sin embargo, la Casa Rosada la defiende: "Es para blanquear quién opera para tal o cual lado".
Algunas ONG afirman que, tal como está redactado el texto, la ley de lobby libertaria se asemeja más a un intento de censura en la fiscalización del control democrático del poder -similar a iniciativas auspiciadas en Rusia, Hungría y El Salvador, con su ley de Agentes Extranjeros- que a su equivalente norteamericana o, incluso, la versión que rige en Chile.
En primer lugar, el proyecto oficial crea un registro de gestores de intereses de acceso público en el que deberían anotarse, de forma obligatoria, personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante el Poder Ejecutivo y el legislativo. Sin distinción. Pero en Estados Unidos y en el país trasandino, donde existe el mercado del lobby, hay una diferencia abismal: las gestiones deben ser remuneradas para que quien las lleve adelante sea considerado un lobista o cabildero, un término que no es usado en la Argentina.
A efectos de esta iniciativa, una ONG, un sindicato y hasta una asociación sin fines de lucro podrían quedar obligados a ser considerados lobistas. La administración libertaria, que se jacta de su mandato desregulador, paradójicamente en este caso desea regular una actividad.
El artículo dos del proyecto libertario define a una gestión de intereses como "toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas humanas o jurídicas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública".
Además de ser un concepto muy amplio, no incluye la idea de que se pague por ese servicio. La ley chilena, aprobada en 2014 después de una década de debate, establece en su artículo segundo que el lobby es "aquella gestión o actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular". Acá aparece otra diferencia clave con el proyecto de LLA.
"El interés particular es, por ejemplo, el de una empresa que quiere ganar una licitación o quiere influir en la redacción de una ley. El interés de una organización de la sociedad civil que busca influir en una política pública para otorgar más derechos no es particular", apuntó Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano, una de las ONG que está alertando por los alcances de este proyecto.
Continúa Secchi: "Regular a alguien que persigue un interés económico, está bien. Pero para una organización civil se convierte en algo persecutorio. (Manuel) Adorni tiene un año para presentar su declaración jurada y, según esta ley, si yo me junto con un funcionario, debo informarlo en un plazo de 15 días".
El proyecto obliga a lobistas a informar sus reuniones en un plazo de diez días hábiles, so pena de enfrentar hasta tres años de cárcel. A modo de comparación, si un funcionario no responde un pedido de acceso a la información apenas se lo castiga incluyéndolo en un registro de incumplidores.
Otras de las obligaciones de los gestores de intereses que establece la iniciativa es informar sus fuentes de financiamiento. Entre líneas se desprende el interés oficial por encontrar fondos extranjeros, algo habitual en organizaciones civiles que reciben cooperación internacional. Sin embargo, no es información oculta para el Gobierno: cada año, las organizaciones deben presentar sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y en sus webs enumeran a sus respectivos mecenas.
"El principal aspecto sensible para una sociedad civil es la categoría de 'intereses extranjeros', que incluye actividades financiadas, promovidas o vinculadas a actores extranjeros, tales como fundaciones, agencias de cooperación u organismos internacionales", alertó con un comunicado, por su parte, la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI). Esto genera riesgos, añade la entidad, de "estigmatización pública" y "potencial utilización política del registro".
En este sentido, la propuesta libertaria se asemeja a la regulación sobre “intereses extranjeros” que impulsaron Vladimir Putin en Rusia, Viktor Orbán en Hungría y Nayib Bukele en El Salvador, para deslegitimar a organismos de derechos humanos y anticorrupción. Milei visitó a dos de los tres.
Tampoco el Gobierno está inventando la pólvora. Con la espuma del estallido de 2001 y el reclamo ciudadano para una mayor trasparencia de la política, el decreto 1172/2003 creó un registro público de audiencias de gestión de intereses, que administra el Ministerio del Interior. Cada funcionario está obligado a detallar cada una de sus reuniones, con sus integrantes y el motivos de las visitas. Pero no todos completan el formulario con regularidad y por ejemplo, sin cargo formal, Santiago Caputo no está alcanzado por la normativa.
Por caso, gracias a esos archivos Letra P reveló que Javier Milei se había reunido con Julian Peh, fundador de KIP Protocol, horas después de que estallara el escándalo de $LIBRA.