La arenga de Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa para reclamar el aumento de la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires no sorprendió a Horacio Rodríguez Larreta. Es la misma que, con su tono, enarboló María Eugenia Vidal durante la gestión de Mauricio Macri. La histórica disputa por los fondos que reciben los bonaerenses y su también clásica comparación con la Ciudad de Buenos Aires estalla frente a su escritorio, pero el jefe de Gobierno no quiere confrontar con su vecino ni con el presidente Alberto Fernández, aunque mantiene firme su postura ante el recorte de ese índice sobre las arcas porteñas: la poda de los recursos de la mesa coparticipable que recibe la Capital no puede estar por encima del 0,5%, según marcan en la sede de la Jefatura de Gobierno, en Parque Patricios.
Ese deseo choca de frente con las aspiraciones de la Casa Rosada, que apunta a un recorte de entre el 1% y el 1,1%. Ante nuevas consultas de Letra P, en Balcarce 50 confirmaron que el bisturí presupuestario se mantendrá en ese margen o, incluso, podría ser más filoso. Las conversaciones continúan y en ambos campamentos repiten que esa quita será "consensuada". Los discusión de los números finos de esa poda está a cargo de la secretaria de Relaciones con Provincias, Silvina Batakis, y el ministro de Economía y Finanzas porteño, Martín Mura, que se vieron la semana pasada.
En paralelo, se coló el reclamo de Kicillof, que aclaró que la provincia aporta el 39% de la torta nacional y recibe un 23%. Rodríguez Larreta sostiene que es "válido" el reclamo del gobernador, pero que la Ciudad está en condiciones similares en términos de la diferencia entre aportes y el monto de coparticipación que recibe de la Nación. También, se desentiende del destino que tendrían esos fondos: “No es nuestro tema a dónde va la plata”, esbozan en la Ciudad en torno a la posibilidad de que el dinero que se le quite a la Ciudad viaje a Buenos Aires u otras provincias.
Para defender su posición, el jefe de Gobierno señala ante las autoridades nacionales que la Ciudad aporta cerca del 22% de la masa coparticipable y recibe solo el 3,5%. Además, sostiene que el 25% de la recaudación de la AFIP corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. El distrito que gobierna Rodríguez Larreta tampoco recibe dinero de la coparticipación del impuesto sobre los bienes personales, cuando el 54% de la recaudación nacional de ese tributo corresponde a contribuyente radicados en la Ciudad.
En su discurso inaugural, Kicillof, al igual que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2019, puso la lupa en las "inequidades" entre la provincia y la ciudad capital. El larretismo no lo tomó como una manera de marcar la cancha y esquiva cualquier confrontación. En su diálogo con Fernández, Rodríguez Larreta reconoció que la Ciudad podría devolver fondos a la Nación, pero también empezó a tantear un esquema de compensación.
Ese paquete incluye la concreción del convenio firmado con el gobierno de Macri por el traslado de la cárcel de Villa Devoto a la localidad bonaerense de Marcos Paz y los 6.000 millones de pesos que la Nación debe -prometidos por el gobierno anterior- a la Ciudad por los viaductos de los trenes Mitre y San Martín.
Ese dinero que la Nación le debe a la Ciudad se cruza con la polémica por la cesión de inmuebles durante la gestión Cambiemos. Ese método fue un diseño que trazó el gobierno de Macri para que Larreta financiara sus obras de infraestructura. Primero, el acuerdo era una transferencia de dinero para cubrir esos pagos, pero finalmente se acordó traspasar terrenos para que la Ciudad los vendiera y con esa venta financiara sus obras.
Esa ingeniería, que implicaba un trámite legislativo, por momentos se volvió imposible y generó roces entre la Casa Rosada y Parque Patricios. Por la compleja operación político/inmobiliaria que se requiere para utilizarlos, Larreta estaría gustoso de entregar varios de los inmuebles que Fernández puso bajo la lupa y que algunos funcionarios nacionales reclaman. Sin embargo, esa cesión, que implica romper el convenio con Macri y devolver las tierras federales, va de la mano con la exigencia del dinero para costear esas obras en cuestión, una negociación compleja que aún ni arrancó.
Por otro lado, para cubrirse del recorte de transferencias, el jefe de Gobierno avanza con otras opciones. Como contó Letra P, antes de asumir su segundo mandato, Rodríguez Larreta ordenó un freno a las contrataciones y un ajuste del gasto en los ministerios y entes descentralizados de su administración. Además de este achique en la planta del Estado porteño, el alcalde festeja el fin del Consenso Fiscal: a las arcas porteñas le costó 8.000 millones de pesos en 2019 esa rebaja impositiva y, para 2020, gracias a esa marcha atrás, recaudará 20.000 millones extra.
