La crisis de 2001 y el “que se vayan todos” lo movilizó. Tuvo un paso por Recrear y se acercó al PRO por medio de Esteban Bullrich, por entonces arquitectos del G25, el think tank amarillo que reclutó hombres y mujeres del sector privado -empresarial y académico- para formar equipos técnicos para la campaña y, después, el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad. Ramón Lanús, el macrista expresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que ahora es apuntado por el peronismo por la cesión de tierras de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, es un emblema de ese grupo, aunque con el tiempo hizo su propio camino.
Trabajó tanto para Macri como para Horacio Rodríguez Larreta, pero el jefe de Gobierno fue quien lo cobijó en el PRO desde el primer momento y le dio espacio y funciones dentro de la entonces Jefatura de Gabinete de la Ciudad. En sus comienzos, Lanús fue parte del gabinete de Larreta y, más tarde, pasó al programa Buenos Aires Presente (BAP), que atiende a personas en situación de riesgo social. Tras su paso por el Gobierno porteño, cuando Macri llegó a la Casa Rosada asumió en la AABE, una gestión en la que hoy el Frente de Todos (FdT) pone el foco.
En plena negociación por el recorte de la masa de recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el gobierno de Alberto Fernández dejó trascender que Macri le transfirió a Rodríguez Larreta más dinero del necesario para costear el traspaso de la Policía Federal. En paralelo, la administración de Lanús está en la mira por los convenios firmados entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno, con la AABE como garante.
“Los terrenos que recibió la Ciudad fueron en parte de pago de un dinero que le correspondía a la Nación para el financiamiento de grandes obras conjuntas. Esa cesión de terrenos fue aprobada por la Legislatura porteña”, explican en el PRO.
En 2018, la AABE transfirió un total de 12 inmuebles ociosos a la Ciudad para que, con el producido de la venta de esa tierra, el Gobierno porteño pudiera afrontar el pago del préstamo que emitió la Corporación Andina de Fomento (CAF) para costear la obra del Paseo del Bajo. En 2019, por medio de un nuevo convenio, del que también participó el Ministerio de Transporte -entonces, en manos de Dietrich- y Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), se acordó la enajenación y transferencia de tierras de la Nación y la Ciudad para que el gobierno capitalino usufructuara la titularidad de la tierra para venderla y financiar la construcción de los viaductos elevados de los ferrocarriles Mitre y San Martín realizados por AUSA.
Esa última negociación entre Macri y Larreta, con Lanús como garante, venía de 2017. Ese año, la propuesta fue que la Nación financiaría los viaductos con transferencias de capital y venta de inmuebles de la AABE, pero no alcanzó. De acuerdo al informe que circula en los principales despachos del Gobierno nacional, quedaron inmuebles sin vender y la gestión PRO decidió transferir otras tierras como compensación.
CUESTIÓN DE TIMING. El peronismo puso la lupa sobre Lanús porque este último convenio firmado se efectivizó el 13 de noviembre de 2019, a 27 días de que Macri culminara su presidencia. Bajo esa lógica temporal, el Frente de Todos cuestiona la "validez" de la normativa bajo el argumento de la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (Ley 25.917).
Conocida como "la Regla del Fin del Mandato", en su artículo 15 bis prohíbe cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato. Según el peronismo, el organismo que regula la actividad de la AABE, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), emitió el 15 de agosto, cuatro días después de las PASO, el documento técnico N°3/2019, que omite calificar como "restricción" del organismo la donación y enajenación de bienes.
"Agrega una causal excepcional que la ley no prevé, situación que resulta aún más cuestionable cuando el propio CFRF no realiza ninguna interpretación con ese alcance en sus Cuadernos Metodológicos", cuestionan fuentes del Frente de Todos que siguen la investigación.
Con estos antecedentes, los equipos técnicos del peronismo evalúan presentar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 Código Penal) contra Lanús y las autoridades del AABE que firmaron el convenio y "violaron" el artículo 15 bis de la ley de Fin de Mandato.
Además, también se estudia elaborar un informe ante la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) con los inmuebles cedidos por el Estado Nacional a la Ciudad entre junio y diciembre 2019.
