Con apenas horas de diferencia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusieron la mira en la Ciudad de Buenos Aires y apuntaron contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Sin nombrarlo, ambos aludieron al único distrito que gobierna el PRO y la situación de comodidad y beneficios de la que gozó durante los cuatros años de Mauricio Macri en la Casa Rosada.
El gobernador aprovechó su acto de jura para adelantar que le pedirá a Alberto Fernández que se vuelva atrás con la creación del ente regulador de la electricidad. Ese organismo bipartito nace tras el traspaso de ese servició de la Nación a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero la presidencia la tiene la Ciudad. En tanto, Cristina cuestionó la diferencia presupuestaria entre el municipio de La Matanza y la ciudad autónoma y alentó los fantasmas en torno a un replanteo en torno a la coparticipación federal.
Curiosamente, ninguno de esos temas se tocó en la charla, distendida y cordial, entre el Presidente y Rodríguez Larreta. La única advertencia de Fernández para el jefe de Gobierno fue que no permitiría más transferencias de tierras federales hacia la Ciudad, un mecanismo de cesión de terrenos que Macri avaló durante su estadía en Balcarce 50.
El planteo de Kicillof es claro: reclama vuelva a "foja cero" el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) porque su estructura y directorio se formó luego de la derrota de María Eugenia Vidal en las PASO del 11 de agosto. También, mostró interés en que se discuta la conducción de ese organismo, que hoy está en manos de la Ciudad. "El 70% de los usuarios son de la provincia y el 30% de la Ciudad", argumentó. El plan inmediato del gobernador es que la Casa Rosada retrotraiga la medida y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) vuelva a contemplar esa regulación hasta que se reinicie una negociación con Larreta para avanzar hacia una "composición más equilibrada".
Por lo pronto, el larretismo no emite opinión y dejará que el tema avance. Bajo esa lógica, el alcalde se comprometió a "colaborar" con Fernández y adelantó, como señaló Letra P, que no pedirá nada a la Casa Rosada y no exigirá las deudas en concepto de traspasos presupuestarios que Alberto heredará de Macri.
El mismo silencio aplicó a las declaraciones de Cristina, que habló de la "desigualdad existente" entre la Ciudad y la intendencia vecina de La Matanza, que vuelve a quedar en manos de Fernando Espinoza. La vicepresidenta se acercó al acto de asunción del jefe comunal y pidió "hacer las cosas que hay que hacer para que el país sea un poco más justo y los recursos se distribuyan con equidad”. En ese sentido, destacó que “el país siempre tuvo riqueza en la Capital, mientras que la periferia tiene pobreza estructural”, aunque remarcó que "no está mal que unos tengan más plata que otros, los que no es lógico es la asignación irracional, injusta e inequitativa”.
Los dichos de Cristina prendieron la alarma en torno al eterno debate por la coparticipación, que se agitó entre las provincias cuando Macri avanzó con el Consenso Fiscal. De todas formas, en la Jefatura de Gobierno creen que no se avanzará con esa disputa por los fondos coparticipables. Sin embargo, Larreta mira de cerca el pedido de algunos gobernadores por anular el Consenso Fiscal: el gobierno porteño puso 8.000 millones este 2019 y para 2020 deberá desembolsar 20.000 millones para paliar la reducción del cobro de los impuestos de Ingresos Brutos y sellos.
Cristina, al hablar de desigualdad y "asignación racional de recursos", marcó que la Legislatura porteña aprobó un presupuesto de 480.000 millones de pesos para el ejercicio venidero. Desde la gobernación capitalina devuelven una contra ecuación: la Ciudad aporta el 25% de la masa coparticipable y recibe el 3,5%. Y el Presupuesto 2020 se divide en un 75% de recursos propios y un 25% de coparticipación, fijada en 126.000 millones para el año próximo. Sin embargo, el distrito que más aporta y menos recibe es la provincia de Buenos Aires, como repetía Vidal cuando negociaba con Macri el traspaso de servicios, el reclamo insistente por el Fondo del Conurbano y el premio mayor: una nueva ley de coparticipación.
PROTECCIÓN. Previo al traspaso de mando, Rodríguez Larreta logró que la Legislatura ratificar un convenio entre la Nación y la Ciudad para fijar en 3,5% la coparticipación que recibe su gobierno. En 2016, para cubrir el traspaso de la Policía Federal, la Casa Rosada llevó la alícuota a 3,75% y, dos años después, debió bajarse producto del Pacto Fiscal.
Ese acuerdo, leído como un "blindaje" por el peronismo capitalino, contó con 43 votos positivos y el Frente de Todos votó en contra.
