La movilización de este jueves, que muy probablemente desborde el centro porteño, también va a ser el campo de batalla donde las diferentes sectores del mundo sindical medirán sus fuerzas. Impulsada inicialmente por las entidades Pymes y asumida después como propia por la conducción de CGT a instancias de los hermanos Rodolfo y Héctor Daer, hará eje común en el reclamo por un país productivo pero no acercará a las corrientes dialoguista y combativa, que al calor del año electoral, polarizan sus posiciones.
Los diferentes recorridos y puntos de partida de las columnas son quizás el elemento más visible de los contrapuntos que atraviesan al mundo sindical. La oficial, encabezada por la CGT, partirá cerca de las 14 desde el cruce de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en el corazón del barrio de Once, y resolvió que la movilización concluya en la avenida 9 de julio y no en Plaza de Mayo, como reclamaban los gremios disidentes.
Además, no habrá un acto de cierre. Será reemplazado por una solicitada publicada en los diario matutinos de este jueves, en la que se volcaron las reivindicaciones de la jornada. El cuidado de la producción y la industria nacional, el respeto por los derechos laborales, servicios públicos con tarifas accesibles y el desarrollo del mercado interno son los puntos que encabezarán el reclamo.
Frente a las críticas por no transformar la jornada en un paro general, en la cúpula de la central obrera, donde no descartan que se pueda convocar una medida de ese tipo, analizan sus movimientos en el marco del año electoral y del impacto que podría tener una huelga en un clima social agitado por las penurias económicas.
"Anunciar un paro general en este contexto va a correr el eje del debate y le va a dar excusas al Gobierno para desplazar sus responsabilidades. Acá tiene que quedar en evidencia que todo lo que está sucediendo hoy es responsabilidad del Gobierno y que el fracaso de su plan económico es un tema de ellos", señaló a Letra P uno de los principales dirigentes de la central que, además, aseguró que una huelga general "no está siendo reclamada por las bases de nuestros gremios".
En esta línea de análisis, los dirigentes de los principales sindicatos del país apuestan su pleno a que el gobierno de Mauricio Macri termine por un revés en las urnas y que su verdugo sea un candidato peronista. Según esta visión, un aumento de la conflictividad gremial podría acelerar el desgaste del oficialismo y acrecentar una crisis en un escenario en el que ninguna figura opositora tendría la capacidad de capitalizar. El objetivo pareciera ser que se disipe "el estigma golpista" que desde el antiperonismo le adjudican al sindicalismo en general y a la CGT, en particular.
En las antípodas de esta lectura se ubican los gremios alineados con el camionero Hugo Moyano que, junto a la Corriente Federal y el SMATA, conformaron el año pasado el Frente Sindical por el Modelo Nacional. Este espacio, junto a la CTA de Hugo Yasky, los movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos, rechazaron movilizarse desde Plaza Miserere y, en cambio, se concentrarán en las inmediaciones del Congreso.
Desde allí se sumarán a la movilización, pero antes van a presentar ante el Congreso dos proyectos de ley para declarar dos estados de emergencia: la laboral y la de las pymes.
Los principales motivos por los que este sector busca diferenciarse de la cúpula cegeteista radica en la visión crítica sobre lo espaciado y la falta de conexidad que tuvieron las medidas de fuerza que anunció la CGT durante el gobierno de Cambiemos. Hasta el momento, esa central obrera realizó cuatro paros generales y dos movilizaciones masivas.
"Una medida de fuerza de por sí no resuelve nada. Se precisa que haya un plan de lucha para que le de sentido y presione para torcer el rumbo económico", dicen desde el entorno del camionero donde, si bien aclaran que no apuestan a una salida anticipada de Macri, sí se proponen "acotar el margen de daño de este gobierno".
LA GUERRA INTERNA. Además de enfrentar a las políticas oficiales, la batalla central de los gremios opositores es la disputa por la hegemonía del sindicalismo en el seno de la CGT. "A esta conducción le reclamamos la convocatoria a un Congreso Confederal para discutir un plan de acción, no lo hicieron. Les reclamamos un plenario de regionales para que escuchen de primera mano cuál es la situación en las provincias, no lo hicieron. Reclamamos un plenario de secretario generales, no lo hicieron", enumera un dirigente que, hasta el año pasado, ocupó una secretaría en el Consejo Directivo de la central y que se retiró junto a otros nueve con cargos en la CGT.
La lectura más crítica de este sector relaciona "el dialoguismo" de la CGT con la inminente mejora del acuerdo del Fondo de Redistribución Solidaria, mediante el cual el Gobierno restablecería el siempre postergado flujo de dinero hacia la obras sociales. Pese a que el resultado del acuerdo es fruto de extensas negociaciones que exceden a esta coyuntura, el Poder Ejecutivo publicará sobre la fecha de la movilización el decreto que habilitará recursos frescos a la central. Ese será el aporte oficial para fortalecer las diferencias entre los sindicalistas.
Sin diálogo con el Gobierno, el moyanismo y la CTA ya piensan en el día después y evalúan convocar a un paro general después de la marcha por "la Producción y el Trabajo". Estiman que será durante la última semana de abril.
La movida es una jugada arriesgada que podría ser costosa para los propios gremios. De salir bien, sería un misil al corazón de la legitimidad de la conducción de CGT pero, para alcanzar ese objetivo, tendrían que lograr un paro contundente, lejos de una jornada testimonial que, al contrario, debilitaría al polo opositor convocante.
Durante los últimos días, los gremios moyanistas aceleraron los contactos con los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), uno de los sectores que es clave para cualquier medida de fuerza. El naufragio de las gestiones de la CATT ante el ministro de Producción, Dante Sica, y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por el proyecto oficial para eliminar los regímenes jubilatorios diferenciales del sector, sumado a la falta de respuestas al reclamo de políticas que moderen el impacto del impuesto a las Ganancias en los transportistas, empujan a estos gremios tradicionalmente conservadores a una posible confrontación con el Gobierno.
