Ni oposición dura ni obediente. Los gobernadores de Juntos por el Cambio buscan saltar la grieta con el peronismo y, a una semana de la salida de Mauricio Macri del poder, se sentaron con el presidente Alberto Fernández para acordar la suspensión del Pacto Fiscal. Horas antes, cerraron filas y bajaron línea a su tropa en el Congreso para que den quórum a la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y enviar una señal de compromiso con la gobernabilidad. Una postura que no es avalada por el conjunto de los referentes de la oposición y que se terminará de definir en la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio de este martes a las 19 y en los encuentros de cada bloque pactados para el miércoles.
Los gobernadores Gerardo Morales(Jujuy), Gustavo Valdés(Corrientes), Horacio Rodríguez Larreta(Ciudad de Buenos Aires) y Rodolfo Suárez(Mendoza) acordaron este martes por la mañana que sus legisladores bajaran al recinto para habilitar el tratamiento del paquete de extraordinarias, en contraposición con la línea dura que exhiben por estas horas algunos dirigentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich que, en nombre del PRO y por estas horas, recrudeció la postura con el Frente de Todos. Al margen de la discusión política, los mandatarios opositores tienen necesidades y envían un mensaje claro al peronismo: votarán, al menos por ahora, de manera negativa y denunciarán los "superpoderes" que la ley de emergencia le da a Fernández, pero habilitarán el debate para no obstruir el primer proyecto que el Gobierno envía al Congreso.
El lunes, los tres mandatarios radicales le adelantaron a Fernández que respaldarían el freno a la rebaja paulatina de la alícuota de Ingresos Brutos y Sellos incluida en el Pacto Fiscal. El porteño Rodríguez Larreta hizo lo propio con el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, a quien visitó en la Casa Rosada este martes y le confirmó que estaría en la foto con Fernández, como informó Letra P.
Los gobernadores opositores, al igual que sus pares peronistas, firmaron con una sonrisa de oreja a oreja la paralización del Consenso Fiscal: ante la recesión económica y el cambio de color político, reciben un alivio fiscal que les viene como anillo al dedo. Por ejemplo, al gobierno porteño le costó 8.000 millones de pesos en 2019 esa rebaja impositiva y para 2020, con la suspensión del acuerdo interprovincial, recaudará 20.000 millones extra.
Por estas horas, Larreta y el jujeño Morales encabezan la liga de gobernadores opositores más interesados en tender puentes con el nuevo oficialismo para ofrecer una nueva gobernabilidad. Un acercamiento de buena voluntad que nace, al menos por ahora, a imagen y semejanza del que ensayaron los gobernadores del PJ con Macri en 2016.
Larreta busca incrementar el diálogo con la Casa Rosada y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante el nuevo escenario político sin Macri ni María Eugenia Vidal como vecinos. De todas formas, en el gobierno porteño prendieron la luz de alerta por las insinuaciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sobre una hipotética modificación en el reparto de la coparticipación federal. Históricamente, la Ciudad recibió el 1,4% pero Macri lo llevó al 3,75% -luego la retrotrajo a 3,50%- para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Ahora, el Gobierno dice que a Larreta le "sobra" el dinero para pagar sueldos y mantener los efectivos de seguridad, pero desde la Jefatura de Gobierno advierten que, contrariamente, tienen que poner una suma propia para garantizar el funcionamiento de fuerza porteña.
Por otra parte, Larreta sonríe por la eliminación del traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que Kicillof le pidió a Fernández y que se incluyó en el paquete de emergencias. El alcalde, como su par bonaerense, se ahorra el costo político de comunicar futuros aumentos y, además, no deberá hacerse cargo de esa estructura, traspasada por Macri en el marco del Consenso Fiscal.
Pese a las sospechas, en el proyecto no hay ninguna referencia a los recursos que recauda la Nación y gira a la Ciudad -y al resto de las provincias- que, igualmente, puede tocarse mediante decreto presidencial, siempre que no afecte los porcentajes fijados en la ley de Coparticipación. Morales busca aceitar el diálogo bajo dos pretextos: para transitar estos cuatro años sin Macri en la Casa Rosada, que lo apoyó fervientemente con recursos nacionales, y, al mismo tiempo, cubrirse ante el poder de Milagro Sala.
