El fallo de la Corte Suprema a favor de los gobernadores empieza a cerrar el ciclo de desencuentros con el proyecto de Mauricio Macri y vuelve a desnudar a un gobierno sin poder. Pero marca una diferencia en plena temporada de garrochismos. La llamada mayoría peronista no se ve a sí misma en un salto desde el macrismo hacia el fernandizmo. Tal vez la única herencia indeleble de Ricardo Lorenzetti, el cuerpo colegiado que ahora dominan el rafaelino, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda no está pensando en cómo acomodarse al tiempo que viene, sino en cómo preservarse su lugar como factor estable de poder y recuperar algo del prestigio que la Justicia perdió de manera acelerada.
Es la ventaja que da ser parte de un cuerpo que no tiene fecha de vencimiento ni depende de los humores electorales, aunque está tildado en rojo en todas las encuestas de opinión. El Poder Judicial figura bien arriba en la lista de instituciones en crisis y es uno de los peores vistos por una sociedad agrietada que, sin embargo, se hermana en la crítica y la desconfianza.
En el Palacio del cuarto piso de Tribunales, se ríen de la crítica sistemática de Macri a la Justicia, como si no hubiera sido beneficiado por esa atrofia prolijamente ligada a los saltos de la política. Recuerdan, por ejemplo, que, hace dos semanas, cuando presentó el proyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la Casa Rosada, el Presidente tenía sentada en primera fila a la camarista María Goméz Alonso de Díaz Cordero, la jueza que duerme la causa del Correo desde que se inició, hace una vida. También estaba su hija Agustina Díaz Cordero, convertida en jueza durante la era Cambiemos.
La última cena. En noviembre de 2018, Macri invitó a la Corte: sólo fue la minoría automática.
NO ACLARES QUE OSCURECE. La Corte debe definir en los próximos días qué hace ante el pedido de aclaratoria que presentará Macri para ganar tiempo. Entre las alternativas que figuran está la de rechazarlo y argumentar que la sentencia era clara y abarca sólo a las provincias que iniciaron las demandas. Más allá del choque entre la mayoría peronista y un gobierno en retirada, el próximo presidente tendrá que resolver el diagrama de emergencia que armó el Presidente para sostenerse como candidato.
El fallo de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti vuelve a poner en discusión las partidas del presupuesto de cara a un eventual gobierno del peronismo: si avanzar con un ajuste en la administración pública que incluya más recortes de salarios y personal junto a la reforma previsional para desindexar jubilaciones y asignaciones o discutir una quita con los acreedores, además de la deuda con el Fondo. Todavía candidato, Fernández no quiere asumir ninguna de las dos posturas y busca un camino intermedio que se inicie a partir de esa ventana de tiempo que le pide al FMI con el anhelo de volver a crecer. Pero, aunque se oculte de manera permanente, sólo los intereses de la deuda representan hoy un gasto mayor para el Presupuesto que lo que se invierte en seguridad social.
TODOS CONTRA TODOS. Mientras el país unitario mira el problema fiscal con los ojos de Balcarce 50 y México 337, según pudo saber Letra P los tres jueces de la Corte se deleitan, en las últimas horas, leyendo los diarios del interior. Alineados con los gobernadores, domina el juicio favorable con loas al federalismo de tres magistrados nacidos en el corazón sojero de Córdoba y Santa Fe.
En las provincias, la lógica que impera está en las antípodas de la indignación porteña. Al contrario: los mandatarios provinciales que no reclamaron detrás del entrerriano Gustavo Bordet y están a tiro de ser reemplazados por un gobernador de otro partido quedan expuestos a denuncias por incumplimiento de funcionario público.
Se movió bien, en este punto, el socialista Miguel Lifschitz y lo hace -siempre a su manera- María Eugenia Vidal cuando reclama por lo bajo. Postergada por la Casa Rosada en lo político y en lo económico desde que arrancó la crisis, la gobernadora bonaerense pide por lo suyo y juega una ficha más en el tablero interno del posmacrismo. Mientras Elisa Carrió denuncia a los cortesanos peronistas por golpistas, la estrella eclipsada de Cambiemos se apoya en el fallo contra Macri para recuperar algo de lo perdido. A la frazada corta de una economía sobreendeudada y en recesión, se suma el sálvese quien pueda de la alianza oficialista que sólo está unida hasta el 27 de octubre.
OPERADORES EN DECADENCIA. Los puentes de la Corte con el macrismo están rotos. Carlos Rosenkrantz es el presidente del máximo tribunal y el interlocutor habitual con el Gobierno por cuestiones en común entre las que figura el presupuesto para la Justicia. Pero, a nivel político, la mayoría peronista no reconoce a ninguno de los comensales de la mesa judicial amarilla. A Germán Garavano decidieron no recibirlo más desde el momento en que Carrió -socia explosiva aunque fundamental de Macri- le pidió su juicio político. A Fabián Rodríguez Simón lo reducen únicamente a amigo de Rosenkrantz y a José Torello lo definen como “macho del off” por sus diatribas envenenadas ante los acreditados de la Casa Rosada. Sólo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, exhiben credenciales suficientes para representar al macrismo final.
La mayoría peronista de la Corte no reconoce a ninguno de los comensales de la mesa judicial amarilla.
Sin embargo, también recuerdan que Macri festejó dos movimientos recientes del máximo tribunal. El primero fue el fallo que rechazó la reforma de la Constitución para la reelección en los casos de La Rioja y Río Negro; el segundo, el rechazo a los recursos judiciales que planteaba la defensa de distintos funcionarios kirchneristas en las causas judiciales que los involucraban.
Los caballeros judiciales del macrismo no pudieron reemplazar Javier Fernández, el todopoderoso operador del menemismo y el kirchnerismo que acaba de admitir, en una entrevista con la revista Crisis, que hoy está medicado y en retirada. Con el macrismo debilitado y el Círculo Rojo en migración hacia el Frente de Todos, habrá que ver qué esquema de poder diseña el profesor de Derecho Penal de la UBA para entablar una comunicación virtuosa con la Corte.
León Arslanian, que estuvo el lunes en la Facultad de Derecho junto a Rafael Bielsa y el candidato opositor, ya le hizo saber a Fernández que su deseo principal no pasa por volver a la función pública. Tendrá que trabajar mucho Marcela Losardo, la histórica amiga, socia y asesora del ex jefe de Gabinete. Señalada como secretaría de Legal y Técnica e incluso como ministra, la ex secretaria de Justicia tiene llegada directa a Elena Highton de Nolasco: le atribuyen haber recomendado el nombre de la jueza.
Derecho peronista. Bielsa y Arslanian, con Fernandez en el homenaje a Righi en la UBA.
SUPREMA PERMANENCIA. En el cuarto piso del Palacio, historizan el proceso previo al nuevo mazazo contra Macri. Todo comenzó en octubre de 2018, cuando Rosenkrantz desplazó a Lorenzetti y asumió como nuevo presidente. Entonces, tres firmas comenzaron a definir la orientación de la Corte y se inició el sendero para resolver en menos tiempo los expedientes que llegaban al máximo tribunal. Paradojas de la Argentina bipolar, mientras más se cuestiona a la Justicia, más expedientes llegan a los supremos: la mayoría son demandas contra el Estado en sus distintos niveles. Por eso, el próximo presidente deberá resolver ese cuello de botella que el kirchnerismo y el macrismo contribuyeron a engordar.
Rosatti, Maqueda y Lorenzetti envían una señal al nuevo poder político: los jubilados y los agentes que litigan contra el Estado fueron perjudicados por descuentos infundados y tienen razón.
Si en los últimos años había un promedio de 12.000 causas, en el último año el número se elevó a 20.000: 16.000 fallos a partir de expedientes iniciados por jubilados que tomaron el caso Blanco, 2.000 de Fuerzas Armadas a partir del reclamo de personal del Ejército, caratulado como “Carla Sosa”, y 2.000 de fuerzas de seguridad a partir del caso del policía Fabián Bosso, que reclaman por las sumas no remunerativas de su sueldo.
Rosatti, Maqueda y Lorenzetti envían una señal al nuevo poder político: los jubilados y los agentes que litigan contra el Estado fueron perjudicados por descuentos infundados y tienen razón. En el caso de las jubilaciones -a contramano de la prédica permanente del FMI y sus terminales locales- se objetan descuentos a una jubilación que, además, está lejos del 82% móvil.
El camino que había insinuado la mayoría peronista venía bien hasta que se topó con el caso Vialidad. Fue entonces cuando los jueces de la Corte fueron doblegados por la presión del Círculo Rojo, los llamados del Grupo Clarín conmovieron a algunos magistrados sensibles y los tres mosqueteros quedaron prisioneros de dos fuegos. Primero recibieron la metralla del antikirchnerismo militante y después causaron desilusión en los formadores de opinión leales a la senadora. Dicen haber aprendido la lección: los fallos salen de imprevisto y el pacto de sangre es no filtrarlo al universo heterogéneo de periodistas amigos antes de tiempo. Queda, por ejemplo, la causa que inició Felipe Solá contra el decreto reglamentario de la ley de blanqueo de capitales que le permitió ingresar a la familia del Presidente y el resto de los funcionarios de Cambiemos. Flota como una amenaza en el cuarto piso del Palacio desde febrero pasado.
