X

La Justicia interviene el Correo de los Macri ante sospechas de entorpecimiento

La jueza Marta Cirulli cree que la familia presidencial retacea datos sobre el estado contable de la empresa residual. La coadministración forzada durará, al menos, 30 días.
Por 11/09/2019 13:19

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la intervención de Correo Argentino SA, empresa residual de la familia Macri, porque sospecha que obstaculiza y brinda información falaz sobre el estado de sus cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990.

El juzgado se encontró con que esa firma, que tuvo en concesión el correo estatal entre 1997 y 2003, impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana, indicaron a Letra P fuentes vinculadas al expediente.

La medida supone un giro en la causa, ya que Cirulli no había dado pasos para investigar el supuesto vaciamiento de Correo Argentino SA, denunciado en 2017 por la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin.

A partir de la decisión judicial, un interventor coadministrará por al menos un mes la empresa residual de correos para revisar sus gastos y acceder a la documentación que la firma de los Macri negó al juzgado, indicaron las mismas fuentes. Al cabo de 30 días, la intervención podría profundizarse o levantarse.

 

Entre una variedad de ejemplos de información engañosa citados en la resolución de intervención firmada el viernes pasado, la jueza Cirulli detalló que Correo Argentino SA, tras afirmar que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una ‘gracia’, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como ‘deuda' en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de U$S 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros ‘gastos legales’”. Es decir que, de buenas a primeras, le surgió una nueva deuda al correo residual a favor de la empresa madre de los Macri de $64 millones.

 


Boquín denunció que Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, fraguó pagos y cedió fondos a Socma y Sideco, a la vez que contrató a consultoras y estudios de abogados allegados a funcionarios y legisladores. El objetivo de la maniobra -según Boquín- habría sido esmerilar las cuentas de la empresa residual en detrimento de sus acreedores reales, además de beneficiar con pagos millonarios al estudio Tonelli -del que era socio el diputado Pablo Tonelli y en el que trabaja su hija, Mercedes-, además del de Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa). 

La sospecha de Boquín recibió, en abril pasado, el respaldo de las camaristas María Lila Gómez de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, en lo que también representó un giro del tribunal de apelaciones.

Además de los supuestos desvíos de fondos, el ardid denunciado habría consistido en privilegiar a ciertos acreedores con el pago de honorarios para lograr su anuencia en el levantamiento del concurso.

 

La fiscal Gabriela Boquín denunció que Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, fraguó pagos y cedió fondos a Socma y Sideco, a la vez que contrató a consultoras y estudios de abogados allegados a funcionarios y legisladores.

 

El expediente que origina la intervención de Correo Argentino SA es un desprendimiento del eterno concurso preventivo de la empresa. Esa causa, que durmió bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, disparó en los últimos años investigaciones en los fueros comercial y federal por el presunto intento del gobierno de Mauricio Macri de condonar el 90% de la deuda que la empresa de la familia del Presidente mantiene con el Estado nacional.

Ambas partes estaban a punto de firmar un acuerdo, con anuencia de los tribunales comerciales, hasta que el caso tomó estado público por la denuncia de Boquín. Según la fiscal, los funcionarios de Macri intentaron sellar un pacto relámpago con Correo Argentino SA para eludir el pago de al menos $4.000 millones de deuda originada principalmente en el incumplimiento del canon en gran parte del período de seis años que duró la concesión.

El Estado y la familia del Presidente estaban a punto de firmar un acuerdo que condonaba el 90% de la deuda de la segunda hasta que la fiscal Boquin presentó una denuncia en 2017.

En su respuesta, los abogados de Correo Argentino SA sostuvieron que Boquín había realizado una "arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de las cifras" con la intención de "confundir a la opinión pública politizando" la cuestión. La versión de la empresa, del ex ministro de Comunicaciones y hoy de Defensa, Oscar Aguad, y de quien llevó a cabo la negociación para cerrar el concurso, su ex subalterno Juan Manuel Mocorea, es que la compañía de los Macri se vio perjudicada por la estatización sin indemnización dispuesta por Néstor Kirchner y que la firma había realizado inversiones que sobrecumplieron el contrato con el Estado.

Desde entonces, el concurso de acreedores se encuentra inmerso en un cúmulo de apelaciones y pedidos de nulidades que llegaron hasta la Corte Suprema. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo impregna toda la lentitud posible a otro expediente que investiga un presunto fraude en perjuicio de la administración pública. En esa causa ya fueron indagados Aguad y Mocorea.

Como daños colaterales, el primer fiscal que investigó el caso en el fuero federal, Juan Pedro Zoni, fue desplazado del cargo por el procurador Eduardo Casal, mientras que el primer procurador del Tesoro designado por Macri, Carlos Balbín, fue despedido tras haber elaborado un dictamen crítico de la gestión de Aguad.

Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, afín a la Unión Cívica Radical (UCR) y ex abogado del Grupo Macri. Los abogados del correo residual intentaron apartar a Boquín, sin éxito hasta ahora.