X

Ajuste a los jubilados: 23 apóstoles y una cruz para Macri

La ingeniería que aspiró fondos de ANSES para financiar el pacto win-win con beneficios para Nación y gobernadores. Vidal, la gran ganadora. La guerra por el costo político y la "seguridad jurídica".
Por 15/12/2017 18:45

En la votación fallida de la reforma previsional hubo enojos, pataleos, reclamos y rebeliones. En las retinas quedó el fracaso político del Gobierno, que intentó por todos los medios sentar a los legisladores propios y aliados para tener antes de fin de año la modificación del cálculo de los haberes jubilatorios que impacta en menos dinero en el bolsillo de los pasivos. Ese traspié mutó en bronca de la Casa Rosada, que, a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, manifestó que los gobernadores ya habían comprometido su respaldo a la iniciativa. El apunte del funcionario, que trabaja día a día con las provincias, revela una situación concreta: se acabó el sacrificio político y de imagen de la Nación. Porque el paquete de reformas que incluye una baja en los aumentos a jubilados se consensuó con 23 de las 24 provincias. “Acá se vinieron haciendo los giles, nadie quiere poner la cara”, descargó ante Letra P un alto funcionario del gabinete nacional.

 

 

Los ánimos caldeados se encauzaron temporalmente en la reunión que mantuvieron este viernes en el Congreso Frigerio, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el vice de Gabinete Mario Quintana con los mandatarios provinciales y sus delegados parlamentarios. Acordaron allí un bono para compensar el desfase entre el cálculo de las jubilaciones anterior a la reforma. Todo se discutirá el lunes en la previa a la sesión definitiva.

En los hechos, la reforma previsional, al igual que el resto de las modificaciones impositivas, es parte de una ingeniería superior que contó con la mano de la Nación y 23 apóstoles. Un juego perfecto de win-win que tiene un corazón: el Pacto Fiscal entre la Rosada, Buenos Aires y todos los distritos del interior con la excepción de la San Luis de los Rodríguez Saá. Un acuerdo que redunda en fondos millonarios para las partes pero que, hasta el momento, sólo implicó costo político para el Ejecutivo que conduce Mauricio Macri. Es, en parte, lo que desesperó al Presidente. Porque la reforma y las condiciones en las que se ha dado son el Plan A, B y C de Nación. De allí los discursos oficiales que pre anunciaban una crisis de magnitudes de no concretarse la reforma y el pacto.

 

 

A veces, los números mandan y explican los por qué, incluso en convenios más políticos que técnicos, como el que se seguirá debatiendo la semana próxima. Cuando se rubricó el Pacto Fiscal (que apunta a reducir los costos provinciales y mejorar los ingresos de los gobernadores), hubo allí un artículo central: la reformulación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se encargaba de definir cómo se distribuía lo recaudado por ese tributo. Como prenda de cambio para cumplir el resto de los objetivos pedidos, la Nación decidió sacarle a la ANSES el 20% que le correspondía. Hasta ahora, el restante 80% se repartía de la siguiente manera: 48% iba a las provincias y 32% se quedaba Nación. Un detallado informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) precisa que en 2018 Ganancias supondrá una torta total de $642 mil millones. Ese 20% que deja de percibir el organismo previsional encabezado por Emilio Basavilbaso son los tan mentados $100.000 millones que, hipotéticamente, el Gobierno se ahorraría. En los papeles, ese ajuste es, en realidad, una derivación de más fondos a Buenos Aires, las provincias y la Nación. Con el nuevo proyecto, el impuesto a las Ganancias será recaudado un 51% por Nación y en un 49% por los gobernadores.

 

 

El informe del ITE precisa que la resignación de ingresos de ANSES es capitalizada mayoritariamente por la Nación, que “incrementa su porción en $121 mil millones para 2018”. Mientras que, como una especie de compensación insuficiente, a la ANSES se le entrega el cobro del 100% del Impuesto al Cheque, “un adicional del 30%, dado que en el Presupuesto 2018 ya se contemplaba que el 70% iba a ser destinado al organismo previsional”. Si bien el dinero es fungible y no está físicamente en ningún lugar, más allá de lo que pase en la nueva sesión de Diputados y la compensación que haga el bono a jubilados, todas las partes que intervinieron en la firma de los convenios son grandes ganadoras: la Nación suma, entre los dos tributos, $91 mil millones (gana $121 mil millones por Ganancias y pierde $30 mil millones por impuesto al Cheque), mientras que las provincias en principio pierden $23 mil millones, mientras que ANSES la es la gran perdedora: sacrifica $68 mil millones. Lo de las provincias es pérdida parcial, previa a otros beneficios que la Rosada ya se comprometió a repartir: un bono de 80 mil millones a pagar a diez años con una tasa de 6%. Mientras sigue recibiendo respaldo parlamentario para endeudamientos anuales multimillonarios y con su propia reforma previsional -más dura que la de Macri- en la manga, Vidal se llevará la mejor parte: 40.000 millones en 2018

 

Los legisladores Negri, Kosiner y Massot anuncian el resultado del acuerdo para incluir un bono compensatorio para jubilados. 

 

La relevancia de la quita a las arcas de la ANSES fue calculada en números y ejecutada quirúrgicamente desde la política. Por eso, inicialmente, la Rosada explotó en ira cuando ocurrieron algunas rarezas inesperadas para ellos. Algunos ejemplos: los legisladores de Santa Fe no bajaron al recinto con autorización del gobernador Miguel Lifschitz y el pampeano Carlos Verna avisó que votaría en contra. Y hubo fuertes reprimendas del salteño Juan Manuel Urtubey a los diputados que no le respondieron. En rigor, las provincias fueron ambivalentes por razones diversas. Algunos se quejaron de que cuando se firmó el Pacto Fiscal se planteó la idea de reformas, pero no se precisó el alcance, mientras que más de la mitad de las provincias poco se interesó por el rol de la ANSES y el golpe a los pasivos. Sobre todo, aquellas que no tienen las cajas jubilatorias derivadas a la Nación, como San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.

Otros líderes del interior se sintieron manoseados por el gobierno central. En el medio de este entuerto, Cambiemos consagró la sublimación del sistema de prueba y error. Y jugó fuerte a la política con las herramientas que lo llevaron a concentrar poder. Dar, quitar, recibir y negociar, una especie de peronismo light, aggiornado a las nuevas realidades partidarias. Hay hechos puntuales que muestran las trampas que la Nación dejó listas para enganchar a los gobernadores hasta el último minuto e ir soltando lastre hasta conseguir los respaldos necesarios. La reforma tributaria quedó depredada en pos de sumar votos en la Cámara baja. El tributo a las Bebidas Sin Alcohol y azúcares, que afecta directamente a las provincias del NOA y la región centro, pasó de gravar con un 17% por recomendaciones sanitarias de la OMS a un esquema de plus impositivo por mayor contenido de azúcar por mililitro, para terminar con cero aumento de impuesto para los grandes jugadores, como Coca Cola, Nestlé y Danone, agrupados en la Cámara de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa). Por este tema, el tucumano Juan Manzur visitó la Casa de Gobierno seguido y hasta discutió con el titular de Diputados, Emilio Monzó, el apoyo de sus bancas. Lo mismo ocurrió con la industria vitivinícola, que pasó de un gravamen del 10% al 0%. Estos puntos fueron pensados como el lastre a soltar en el marco de una negociación que se esperaba ardua. Tan evidente fue la construcción de trampas que el único rubro de alimentos que quedó gravado y sin cambios fue el de cervezas y whiskies, por una razón simple: no hay ninguna provincia atrás de esas industrias, ergo, no hay votos para cazar.

 

 

Los gobernadores acordaron en las últimas horas tratar nuevamente la ley y contar con un bono extra para compensar la pérdida a los jubilados. Deberán sentarse una vez más, algo que en algún momento creyeron lejano y favorable. La mayoría de los 23 distritos provinciales, en medio de la represión de las fuerzas federales de Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso, casi que respiró cuando se enteró de que todos los ministros habían pre firmado un decreto para sacar la ley sin votación. Hubiera sido aún mejor para ellos: más ingreso y costo político cero. Por ahora, la exhibición de culpas y el reparto equitativo de las responsabilidades es ley. En todo este batido de hechos particulares, hubo un alerta que volvió a encenderse en el Círculo Rojo. Muchos de los CEOs volvieron a ponerse incómodos con la escalada del conflicto callejero. Desde los tiempos del caso Maldonado no ponían el ojo en la mala imagen para el país que, entienden, disparan estos hechos. Por un rato, volvieron a retomar el discurso de la "seguridad jurídica". Algunos de los nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) penaron, además, por la alta exposición de la Nación en el marco del conflicto. Lo atribuyen a una necesidad de Macri de no quedar atrás en la construcción de la agenda. Pero no les gusta. No creen que ese escenario favorezca a su única obsesión: que se construya un clima favorable para los negocios, la llegada de inversiones y cierto planteo de pacificación social. Una quimera. 

 

Ajuste a los jubilados: 23 apóstoles y una cruz para Macri

La ingeniería que aspiró fondos de ANSES para financiar el pacto win-win con beneficios para Nación y gobernadores. Vidal, la gran ganadora. La guerra por el costo político y la "seguridad jurídica".

En la votación fallida de la reforma previsional hubo enojos, pataleos, reclamos y rebeliones. En las retinas quedó el fracaso político del Gobierno, que intentó por todos los medios sentar a los legisladores propios y aliados para tener antes de fin de año la modificación del cálculo de los haberes jubilatorios que impacta en menos dinero en el bolsillo de los pasivos. Ese traspié mutó en bronca de la Casa Rosada, que, a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, manifestó que los gobernadores ya habían comprometido su respaldo a la iniciativa. El apunte del funcionario, que trabaja día a día con las provincias, revela una situación concreta: se acabó el sacrificio político y de imagen de la Nación. Porque el paquete de reformas que incluye una baja en los aumentos a jubilados se consensuó con 23 de las 24 provincias. “Acá se vinieron haciendo los giles, nadie quiere poner la cara”, descargó ante Letra P un alto funcionario del gabinete nacional.

 

 

Los ánimos caldeados se encauzaron temporalmente en la reunión que mantuvieron este viernes en el Congreso Frigerio, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el vice de Gabinete Mario Quintana con los mandatarios provinciales y sus delegados parlamentarios. Acordaron allí un bono para compensar el desfase entre el cálculo de las jubilaciones anterior a la reforma. Todo se discutirá el lunes en la previa a la sesión definitiva.

En los hechos, la reforma previsional, al igual que el resto de las modificaciones impositivas, es parte de una ingeniería superior que contó con la mano de la Nación y 23 apóstoles. Un juego perfecto de win-win que tiene un corazón: el Pacto Fiscal entre la Rosada, Buenos Aires y todos los distritos del interior con la excepción de la San Luis de los Rodríguez Saá. Un acuerdo que redunda en fondos millonarios para las partes pero que, hasta el momento, sólo implicó costo político para el Ejecutivo que conduce Mauricio Macri. Es, en parte, lo que desesperó al Presidente. Porque la reforma y las condiciones en las que se ha dado son el Plan A, B y C de Nación. De allí los discursos oficiales que pre anunciaban una crisis de magnitudes de no concretarse la reforma y el pacto.

 

 

A veces, los números mandan y explican los por qué, incluso en convenios más políticos que técnicos, como el que se seguirá debatiendo la semana próxima. Cuando se rubricó el Pacto Fiscal (que apunta a reducir los costos provinciales y mejorar los ingresos de los gobernadores), hubo allí un artículo central: la reformulación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se encargaba de definir cómo se distribuía lo recaudado por ese tributo. Como prenda de cambio para cumplir el resto de los objetivos pedidos, la Nación decidió sacarle a la ANSES el 20% que le correspondía. Hasta ahora, el restante 80% se repartía de la siguiente manera: 48% iba a las provincias y 32% se quedaba Nación. Un detallado informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) precisa que en 2018 Ganancias supondrá una torta total de $642 mil millones. Ese 20% que deja de percibir el organismo previsional encabezado por Emilio Basavilbaso son los tan mentados $100.000 millones que, hipotéticamente, el Gobierno se ahorraría. En los papeles, ese ajuste es, en realidad, una derivación de más fondos a Buenos Aires, las provincias y la Nación. Con el nuevo proyecto, el impuesto a las Ganancias será recaudado un 51% por Nación y en un 49% por los gobernadores.

 

 

El informe del ITE precisa que la resignación de ingresos de ANSES es capitalizada mayoritariamente por la Nación, que “incrementa su porción en $121 mil millones para 2018”. Mientras que, como una especie de compensación insuficiente, a la ANSES se le entrega el cobro del 100% del Impuesto al Cheque, “un adicional del 30%, dado que en el Presupuesto 2018 ya se contemplaba que el 70% iba a ser destinado al organismo previsional”. Si bien el dinero es fungible y no está físicamente en ningún lugar, más allá de lo que pase en la nueva sesión de Diputados y la compensación que haga el bono a jubilados, todas las partes que intervinieron en la firma de los convenios son grandes ganadoras: la Nación suma, entre los dos tributos, $91 mil millones (gana $121 mil millones por Ganancias y pierde $30 mil millones por impuesto al Cheque), mientras que las provincias en principio pierden $23 mil millones, mientras que ANSES la es la gran perdedora: sacrifica $68 mil millones. Lo de las provincias es pérdida parcial, previa a otros beneficios que la Rosada ya se comprometió a repartir: un bono de 80 mil millones a pagar a diez años con una tasa de 6%. Mientras sigue recibiendo respaldo parlamentario para endeudamientos anuales multimillonarios y con su propia reforma previsional -más dura que la de Macri- en la manga, Vidal se llevará la mejor parte: 40.000 millones en 2018

 

Los legisladores Negri, Kosiner y Massot anuncian el resultado del acuerdo para incluir un bono compensatorio para jubilados. 

 

La relevancia de la quita a las arcas de la ANSES fue calculada en números y ejecutada quirúrgicamente desde la política. Por eso, inicialmente, la Rosada explotó en ira cuando ocurrieron algunas rarezas inesperadas para ellos. Algunos ejemplos: los legisladores de Santa Fe no bajaron al recinto con autorización del gobernador Miguel Lifschitz y el pampeano Carlos Verna avisó que votaría en contra. Y hubo fuertes reprimendas del salteño Juan Manuel Urtubey a los diputados que no le respondieron. En rigor, las provincias fueron ambivalentes por razones diversas. Algunos se quejaron de que cuando se firmó el Pacto Fiscal se planteó la idea de reformas, pero no se precisó el alcance, mientras que más de la mitad de las provincias poco se interesó por el rol de la ANSES y el golpe a los pasivos. Sobre todo, aquellas que no tienen las cajas jubilatorias derivadas a la Nación, como San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.

Otros líderes del interior se sintieron manoseados por el gobierno central. En el medio de este entuerto, Cambiemos consagró la sublimación del sistema de prueba y error. Y jugó fuerte a la política con las herramientas que lo llevaron a concentrar poder. Dar, quitar, recibir y negociar, una especie de peronismo light, aggiornado a las nuevas realidades partidarias. Hay hechos puntuales que muestran las trampas que la Nación dejó listas para enganchar a los gobernadores hasta el último minuto e ir soltando lastre hasta conseguir los respaldos necesarios. La reforma tributaria quedó depredada en pos de sumar votos en la Cámara baja. El tributo a las Bebidas Sin Alcohol y azúcares, que afecta directamente a las provincias del NOA y la región centro, pasó de gravar con un 17% por recomendaciones sanitarias de la OMS a un esquema de plus impositivo por mayor contenido de azúcar por mililitro, para terminar con cero aumento de impuesto para los grandes jugadores, como Coca Cola, Nestlé y Danone, agrupados en la Cámara de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa). Por este tema, el tucumano Juan Manzur visitó la Casa de Gobierno seguido y hasta discutió con el titular de Diputados, Emilio Monzó, el apoyo de sus bancas. Lo mismo ocurrió con la industria vitivinícola, que pasó de un gravamen del 10% al 0%. Estos puntos fueron pensados como el lastre a soltar en el marco de una negociación que se esperaba ardua. Tan evidente fue la construcción de trampas que el único rubro de alimentos que quedó gravado y sin cambios fue el de cervezas y whiskies, por una razón simple: no hay ninguna provincia atrás de esas industrias, ergo, no hay votos para cazar.

 

 

Los gobernadores acordaron en las últimas horas tratar nuevamente la ley y contar con un bono extra para compensar la pérdida a los jubilados. Deberán sentarse una vez más, algo que en algún momento creyeron lejano y favorable. La mayoría de los 23 distritos provinciales, en medio de la represión de las fuerzas federales de Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso, casi que respiró cuando se enteró de que todos los ministros habían pre firmado un decreto para sacar la ley sin votación. Hubiera sido aún mejor para ellos: más ingreso y costo político cero. Por ahora, la exhibición de culpas y el reparto equitativo de las responsabilidades es ley. En todo este batido de hechos particulares, hubo un alerta que volvió a encenderse en el Círculo Rojo. Muchos de los CEOs volvieron a ponerse incómodos con la escalada del conflicto callejero. Desde los tiempos del caso Maldonado no ponían el ojo en la mala imagen para el país que, entienden, disparan estos hechos. Por un rato, volvieron a retomar el discurso de la "seguridad jurídica". Algunos de los nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) penaron, además, por la alta exposición de la Nación en el marco del conflicto. Lo atribuyen a una necesidad de Macri de no quedar atrás en la construcción de la agenda. Pero no les gusta. No creen que ese escenario favorezca a su única obsesión: que se construya un clima favorable para los negocios, la llegada de inversiones y cierto planteo de pacificación social. Una quimera.