X

Macri destrabó el pacto fiscal con deuda y plata fresca para las provincias

Los gobernadores bajarán sus juicios contra el Estado a cambio de una millonaria compensación, que la Nación pagará con emisión de bonos. Santa Fe se anotó una victoria. San Luis rechazó el acuerdo.
Por 16/11/2017 16:25

La resistencia a dar de baja las demandas que las provincias tienen contra el Estado nacional fue el último obstáculo que debió remover la Casa Rosada para lograr que los gobernadores de 23 distritos, con la única excepción de San Luis, suscribieran el pacto fiscal que el Gobierno calificó como “histórico”. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a emitir bonos compensatorios y le ofreció un acuerdo especial a Santa Fe, el último distrito en sumar su apoyo. 

 

 

“Es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante los pactos que se firman con la Nación, la primera vez que no se resigna federalismo”, celebró la fueguina Rosana Bertone, que participó de la conferencia de prensa posterior al encuentro con el presidente Mauricio Macri, junto a sus pares Gerardo Morales (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones), los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Según se lee en el acuerdo firmado por los mandatarios, las provincias y la Nación se comprometieron a establecer, antes del 30 de junio de 2018, “un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones por reclamos no alcanzados por los desistimientos” de las demandas.

Los juicios representaban un total de 340 mil millones de pesos, acumulados entre 59 causas. Por eso, para el Gobierno, resultaba un punto de vital importancia para la firma del acuerdo. Pero las provincias se negaban a ceder. “No vamos a dar de baja los juicios a cambio de nada”, repetían el miércoles los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Como señaló Letra P, la negociación por los juicios era la traba principal del pacto.

 

 

Los mandatarios lo evaluaban no solamente en función de la pérdida económica que podría significar para sus provincias, sino también por la responsabilidad política y judicial que podría implicar, en cada caso, la resignación de recursos. Más concretamente: cualquier gobernador podría ser susceptible de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por eso que los acuerdos deberán ser aprobados por las Legislaturas locales.

Pero la resistencia inicial de los gobernadores se terminó de aflojar este jueves, en Casa Rosada, cuando el Gobierno ofreció una suculenta compensación económica a cambio del desistimiento de las demandas. Según anunció Dujovne, la Nación emitirá un bono por 80 mil millones de pesos, con una tasa de 6 por ciento, con amortización anual a diez años de plazo. El bono se repartirá a cada provincia a prorrata “según su coeficiente de participación en la coparticipación”, dijo el ministro. Entre ese capital, más el interés previsto, las cajas provinciales terminarán recibiendo 125 mil millones hasta 2028. Serán 5 mil millones el año próximo y 12 mil entre 2019 y 2028.

 

 

Más allá de los juicios propios, con la firma del acuerdo las provincias se aseguraron, además, que Buenos Aires retire la demanda por el Fondo del Conurbano, algo que pesaba sobre los gobernadores “como una espada de Damocles”, según describió Bertone. La gobernadora María Eugenia Vidal, sentada a la derecha de Mauricio Macri, fue la primera en firmar. “Tenemos juicios que no sabemos cuándo se van a resolver ni cómo. Como abogada digo que es preferible un mal acuerdo que un mal juicio”, dijo la fueguina. “Cada provincia tenía diferentes situaciones. Ahora queda abierto el esquema de compensaciones. Lograr esto es histórico”, apuntó el jujeño Morales.

 

 

Pese a que la mayoría de los gobernadores había aceptado la propuesta del Gobierno, para el mediodía aún quedaban dos provincias que se negaban a firmar el documento: Santa Fe y San Luis. Sobre el último minuto, el gobernador socialista Miguel Lifschitz se anotó un triunfo al lograr que el Gobierno incorporara una cláusula especial para su provincia. El Ejecutivo se comprometió a acordar con la provincia “antes del 31 de marzo de 2018” el monto “y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La provincia, que tiene un fallo favorable por un monto de 51 mil millones de pesos (a valor actualizado), se aseguró así finalmente el cobro de la deuda pendiente. “Para nosotros es muy importante, así como también el desistimiento de la provincia de Buenos Aires, que le saca una amenaza a todas las provincias”, celebró el santafesino. Una vez destrabada la situación, el presidente Macri se incorporó a la reunión para la firma final.  

 

 

En tanto, San Luis, fue la única provincia que decidió no suscribir el convenio. Así lo anunció el vicegobernador Carlos Ponce, enviado de la provincia a la reunión con Frigerio. El Gobierno puntano no quiere desistir de los 14 juicios iniciados contra el Estado nacional por fondos coparticipables.

Macri destrabó el pacto fiscal con deuda y plata fresca para las provincias

Los gobernadores bajarán sus juicios contra el Estado a cambio de una millonaria compensación, que la Nación pagará con emisión de bonos. Santa Fe se anotó una victoria. San Luis rechazó el acuerdo.

La resistencia a dar de baja las demandas que las provincias tienen contra el Estado nacional fue el último obstáculo que debió remover la Casa Rosada para lograr que los gobernadores de 23 distritos, con la única excepción de San Luis, suscribieran el pacto fiscal que el Gobierno calificó como “histórico”. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a emitir bonos compensatorios y le ofreció un acuerdo especial a Santa Fe, el último distrito en sumar su apoyo. 

 

 

“Es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante los pactos que se firman con la Nación, la primera vez que no se resigna federalismo”, celebró la fueguina Rosana Bertone, que participó de la conferencia de prensa posterior al encuentro con el presidente Mauricio Macri, junto a sus pares Gerardo Morales (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones), los ministros de Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Según se lee en el acuerdo firmado por los mandatarios, las provincias y la Nación se comprometieron a establecer, antes del 30 de junio de 2018, “un mecanismo eficiente de negociación y compensación de deudas y créditos recíprocos, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones por reclamos no alcanzados por los desistimientos” de las demandas.

Los juicios representaban un total de 340 mil millones de pesos, acumulados entre 59 causas. Por eso, para el Gobierno, resultaba un punto de vital importancia para la firma del acuerdo. Pero las provincias se negaban a ceder. “No vamos a dar de baja los juicios a cambio de nada”, repetían el miércoles los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Como señaló Letra P, la negociación por los juicios era la traba principal del pacto.

 

 

Los mandatarios lo evaluaban no solamente en función de la pérdida económica que podría significar para sus provincias, sino también por la responsabilidad política y judicial que podría implicar, en cada caso, la resignación de recursos. Más concretamente: cualquier gobernador podría ser susceptible de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por eso que los acuerdos deberán ser aprobados por las Legislaturas locales.

Pero la resistencia inicial de los gobernadores se terminó de aflojar este jueves, en Casa Rosada, cuando el Gobierno ofreció una suculenta compensación económica a cambio del desistimiento de las demandas. Según anunció Dujovne, la Nación emitirá un bono por 80 mil millones de pesos, con una tasa de 6 por ciento, con amortización anual a diez años de plazo. El bono se repartirá a cada provincia a prorrata “según su coeficiente de participación en la coparticipación”, dijo el ministro. Entre ese capital, más el interés previsto, las cajas provinciales terminarán recibiendo 125 mil millones hasta 2028. Serán 5 mil millones el año próximo y 12 mil entre 2019 y 2028.

 

 

Más allá de los juicios propios, con la firma del acuerdo las provincias se aseguraron, además, que Buenos Aires retire la demanda por el Fondo del Conurbano, algo que pesaba sobre los gobernadores “como una espada de Damocles”, según describió Bertone. La gobernadora María Eugenia Vidal, sentada a la derecha de Mauricio Macri, fue la primera en firmar. “Tenemos juicios que no sabemos cuándo se van a resolver ni cómo. Como abogada digo que es preferible un mal acuerdo que un mal juicio”, dijo la fueguina. “Cada provincia tenía diferentes situaciones. Ahora queda abierto el esquema de compensaciones. Lograr esto es histórico”, apuntó el jujeño Morales.

 

 

Pese a que la mayoría de los gobernadores había aceptado la propuesta del Gobierno, para el mediodía aún quedaban dos provincias que se negaban a firmar el documento: Santa Fe y San Luis. Sobre el último minuto, el gobernador socialista Miguel Lifschitz se anotó un triunfo al lograr que el Gobierno incorporara una cláusula especial para su provincia. El Ejecutivo se comprometió a acordar con la provincia “antes del 31 de marzo de 2018” el monto “y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La provincia, que tiene un fallo favorable por un monto de 51 mil millones de pesos (a valor actualizado), se aseguró así finalmente el cobro de la deuda pendiente. “Para nosotros es muy importante, así como también el desistimiento de la provincia de Buenos Aires, que le saca una amenaza a todas las provincias”, celebró el santafesino. Una vez destrabada la situación, el presidente Macri se incorporó a la reunión para la firma final.  

 

 

En tanto, San Luis, fue la única provincia que decidió no suscribir el convenio. Así lo anunció el vicegobernador Carlos Ponce, enviado de la provincia a la reunión con Frigerio. El Gobierno puntano no quiere desistir de los 14 juicios iniciados contra el Estado nacional por fondos coparticipables.