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En las próximas horas, el presidente Mauricio Macri anunciará –lo hará él o lo hará alguno de sus voceros o lo hará algún periodista independiente beneficiario de la incontinencia informativa de alguna fuente con oficina en Casa Amarilla o de alguno de esos funcionarios que entran sin golpear al despacho presidencial- el nombre que pondrá a consideración del Senado como reemplazo de la renunciante procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Este cronista no tiene información para arriesgar ese nombre en este espacio, pero sí está en condiciones de adelantar que podría tratarse de un jurista de incuestionable prestigio e indiscutible imparcialidad. O bien de un macrista de máxima pureza. O de un abogado defensor de genocidas. O de un médico veterinario. O del dueño de un parripollo. En rigor, lo que está en condiciones de afirmar este cronista es que -sobre todo después del espaldarazo electoral del domingo 22- el presidente Mauricio Macri podrá elegir a quien quiera, que a nadie le va a importar.
Basta mirar un poco atrás –no para insistir con el pasado, tan paralizante, tan obstruccionista del progreso de la Nación- para ver que ya lo hizo María Eugenia Vidal; que la gobernadora bonaerense ya hizo esto de elegir a quien se le antojara sin recibir el más mínimo cuestionamiento. Y que lo hizo respaldada sólo por su legitimidad de origen, o sea, por un solo golpe de urnas, que, además, no fue lo que se dice una goleada –la entonces vice jefa del Gobierno porteño no alcanzó el 40% de los votos en las elecciones del 25 de octubre de 2015.
Otro día 25, pero de agosto del año pasado, voceros del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires confirmaban lo que Letra P había adelantado unas horas antes: la entonces procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, iniciaba los trámites para jubilarse. Menos de tres meses después, la jefa peronista de los fiscales del primer estado argentino presentaba la renuncia ante la gobernadora.
No había sido una faena liviana desatornillar a Falbo de su sillón de jefa de los fiscales. Como contó Letra P el 15 de marzo de 2016, la gobernadora había empezado a presionar a la abogada quilmeña en el amanecer mismo de su gobierno. Lo había hecho públicamente a través de sus principales voceros, como su ministro de Seguridad, el compañero peronista (de Falbo) Cristian Ritondo, que le había marcado el agotamiento de su tiempo en el Ministerio Público, y subterráneamente vía medios aliados y operadores de finos modales: en el tórrido mes de enero, el diario Clarín había embadurnado a la procuradora con el barro del tráfico de efedrina, mientras que, en simultáneo, otro compañero peronista y además vecino de la funcionaria, el quilmeño Federico Scarabino, la visitaba para explicarle que la jubilación era la mejor manera de evitar situaciones embarazosas de hostigamiento. El emisario no había sido explícito con algo de unas carpetas que le habían dicho en la gobernación: no había evaluado digno de un caballero caer en esas groserías. (Tampoco le parecería relevante toda esa basura al ministro de Justicia, Germán Garavano, a la hora de levantar a Falbo en su ambulancia y contratarla como su asesora cuando a la procuradora le empezó a sobrar el tiempo libre).
Removido el obstáculo, la gobernadora, a la hora de elegir al reemplazante, no se dejó amedrentar por la condición de poder independiente de todos los poderes que la Constitución le otorga al Ministerio Público Fiscal. Tampoco, por su discurso: por el republicanismo, el institucionalismo y toda esa cháchara liberal que nutrió la retórica fundacional y –sobre todo- proselitista de Cambiemos. En una réplica fiel de la salvajada tan peroncha que se había mandado el entonces gobernador Felipe Solá en 2004, cuando nombró a una compañera peronista de Perón –de Duhalde, para más precisión- para comandar a los fiscales independientes, Vidal designó en lugar de la –encima- anibalista Falbo a su secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, un jurista del más puro pedigrí PRO –sus inicios en el menemismo corachista no cuentan: es la prehistoria macrista.
El proceso que terminó en la salida de Gils Carbó reconoce puntos en común. El modus operandi de Casa Amarilla incluye una sostenida presión mediática sobre la ahora saliente procuradora por parte de destacados voceros del gabinete nacional, como el ministro Garavano, que empezó a pedirle que diera un paso al costado cuando todavía no se había aprendido los nombres de sus asistentes de la secretaria privada. También, un proyecto de reforma del Ministerio Público que incluía –solo por casualidad- cambios en la duración del mandato de la cabeza del MP y en los mecanismos para su remoción. Además, un procesamiento por presunto fraude contra la administración pública y un fallo de un juez que cuestionó la constitucionalidad del requisito de juicio político para su destitución.
Este lunes, Gils Carbó, que había resistido como Falbo, cedió y renunció y dio lugar a un nuevo festejo oficial, que viene descorchando de lo lindo. “Es una contribución para fortalecer la independencia del Poder Judicial”, celebró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con esa media sonrisa que es su seña particular más conocida, pero sin hacer referencias al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial que supuso el nombramiento del macrista de máxima pureza Conte Grand en la Procuración bonaerense.
El presidente Macri, por fin, tiene las manos libres para elegir a quien vendrá a fortalecer la independencia del Poder Judicial. Podría ser un jurista de incuestionable prestigio e indiscutible imparcialidad o bien un macrista de máxima pureza o un abogado defensor de genocidas o un médico veterinario o el dueño de un parripollo. A nadie le va a importar.