Empujada por la ola amarilla de las urnas, Alejandra Gils Carbó renunció este lunes al cargo de procuradora general de la Nación, en una decisión de fuerte impacto para el mundo político y judicial. La jefa de los fiscales presentó al presidente Mauricio Macri su dimisión, que comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de este año, y el Gobierno deberá activar ahora los mecanismos para su reemplazo.
“A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, confesó Gils Carbó -identificada con la agrupación Justicia Legítima- en su carta de renuncia.
No obstante, la procuradora defendió su gestión: “He trabajado incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia”.
“Las mismas razones que inspiraron mi accionar durante veinte años en la institución y más de treinta en el servicio de administración de justicia motivan hoy mi alejamiento de una gestión en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la justicia”, destacó la jefa de los fiscales.
Gils Carbó se encuentra procesada por el juez Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio para la Procuración en la calle Perón al 600. La procuradora es investigada por el presunto delito de fraude contra la administración pública, a partir de un supuesto pago millonario de comisiones.
El pasado viernes 20, dos días antes de las elecciones legislativas, el juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, firmó un fallo donde eliminó el requisito del juicio político para remover al procurador. Sin embargo, el Gobierno desechó de inmediato la posibilidad de apartar a Gils Carbó por la vía del decreto. Por el contrario, decidió apostar al desgaste.
Ahora, la administración de Macri deberá iniciar el operativo reemplazo, mientras se larga la danza de nombres. Entre ellos, suena fuerte una posible postulación de la diputada y ex candidata a senadora de 1País Margarita Stolbizer, elogiada por el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña.
De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 27.148, el procurador general debe ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para ocupar el cargo, se requiere ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las cualidades exigidas para ser senador nacional.