El Gobierno prepara una reasignación discrecional de fondos para compensar el costo de las leyes sociales y la caída de ingresos por la reforma laboral.
Javier Milei anunció una reasignación discrecional de fondos para asegurar el déficit cero en el Presupuesto.
El presidente Javier Milei aseguró que no vetará el Presupuesto 2026, aunque “acomodará” partidas para sostener el déficit cero, tras el rechazo legislativo a derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad que el oficialismo metió por la ventana. El Gobierno enfrenta un faltante fiscal estimado entre 1 y 1,5 puntos del PBI, presionado por menores ingresos.
Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, Milei confirmó que no vetará la ley de Presupuesto 2026. En una entrevista con Luis Majul en LN+, sostuvo que el objetivo de déficit cero “es la política más importante” de su administración y que, si no lo logra “por un lado”, lo hará “por el otro”, sin subir impuestos.
El Presidente insistió en que el déficit fiscal es “inmoral” y que financiarlo con impuestos, emisión o deuda implica afectar derechos de propiedad presentes o futuros. Bajo ese marco, ratificó que el ajuste vendrá exclusivamente por el gasto.
La decisión de no vetar también responde a una cuestión operativa. El Presupuesto 2026 incluye la autorización para emitir deuda externa por hasta u$s 35.000 millones, en función de los supuestos oficiales de tipo de cambio, inflación y crecimiento. Vetar la ley y buscar una autorización específica del Congreso podría demorar ese proceso, en un contexto de necesidad de financiamiento.
El proyecto ya obtuvo dictamen y quedó listo para su tratamiento en el Senado, donde el oficialismo analizó reintroducir el capítulo rechazado, aunque sin consenso.
Los cálculos oficiales y parlamentarios permiten dimensionar el impacto de sostener ambas leyes. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de emergencia en discapacidad implicaría para 2026 un refuerzo fiscal de entre $1,9 billones y $3,6 billones, equivalentes a entre 0,22% y 0,42% del PBI, según escenarios de nuevas altas de beneficiarios. Ese monto incluye compensaciones de emergencia a prestadores y asignaciones específicas.
Según la OPC, se registra una baja real de 10,6% en los fondos, explicada en parte por un recorte de 155.000 beneficios.
En el caso del financiamiento universitario, la OPC estimó que su aplicación habría representado alrededor de 0,23% del PBI, considerando recomposición de gastos de funcionamiento, salarios docentes y no docentes y actualización automática de becas.
Finalmente, se asignaron $4872 millones para las universidades nacionales. Esto implicaría una caída del 7,2% en relación con 2025 y del 33,8% con respecto a 2023, según estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En conjunto, el rechazo legislativo a derogar ambas normas implica preservar un gasto adicional de entre 0,45% y 0,65% del PBI que el Gobierno pretendía eliminar.
A ese número se suma el impacto por el lado de los ingresos. La reforma laboral —según estimaciones previas manejadas en el debate fiscal— recortaría recursos por alrededor de 0,8% del PBI vía reducción de contribuciones patronales, tal como advirtió la consultora Invecq.
El propio Presupuesto 2026 también convalida pérdidas relevantes de recaudación por la baja de Ganancias para grandes empresas, la reducción de Bienes Personales, menores impuestos internos a la electrónica y automóviles, la baja de retenciones a ciertos granos, la eliminación del impuesto PAIS y del impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de blanqueos y otros perdones fiscales.
Sumados, los factores de gasto preservado e ingresos resignados llevan a un faltante potencial para la meta de superávit del orden de 1,2 a 1,5 puntos del PBI.
Ante una consulta de Letra P, fuentes del Ministerio de Economía evitaron detallar de qué partidas saldrán los recortes para compensar ese desfasaje.
Consultoras privadas, en off the record, coinciden en que “es imposible saber por dónde puede ir” el Gobierno, y anticipan un esquema de reasignaciones parciales: “Sacar puchitos de un lado y del otro. Pero está claro que no se van a subir impuestos".
Las miradas se posan sobre subsidios económicos —en especial energía—, gasto discrecional, transferencias a provincias, obra pública remanente y prestaciones sociales no protegidas por leyes específicas.
En la presentación del Presupuesto, Milei había afirmado que se asignaban $4,8 billones a universidades nacionales, que el gasto en jubilaciones crecería 5% y el de salud 17%, y que el monto por pensionado por discapacidad aumentaría. Sin embargo, datos posteriores muestran recortes reales frente a años previos.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que, respecto de 2023, el gasto primario consolidado de 2025 muestra un descenso de 6,5 puntos del PBI, con recortes de 5,1 puntos en el gasto nacional, 1,1 punto en el provincial y 0,3 punto en el municipal. Sobre esa base ya ajustada, el desafío del Presupuesto 2026 es mayor.