El gobernador redefinió la cartera de Producción y designó a un dirigente con pasado ruralista y PRO. Apuesta a las inversiones en medio de la crisis.
Salta: quién es el ministro que le da otra vuelta de rosca al perfil minero de la gestión de Gustavo Sáenz
El desembarco de José Ignacio Lupión en el nuevo Ministerio de Producción y Minería de Salta cristaliza un giro de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz: la minería pasa al centro de la estrategia económica provincial, con respaldo al RIGI y crecientes tensiones ambientales y territoriales.
Con la jura de Lupión como responsable de la nueva cartera, Sáenz terminó de consolidar una definición política que venía madurando desde hace tiempo: la minería como eje central de la economía salteña en un contexto de crisis fiscal, ajuste a nivel nacional y fuerte competencia interprovincial por atraer inversiones. No es solo un cambio de nombres, sino una señal dirigida a los mercados, a los inversores y también a los territorios, donde el avance extractivo genera resistencias.
“La minería hoy es el nuevo motor que tenemos en la provincia”, afirmó Lupión tras asumir y agregó: “Tenemos un gran potencial minero, con muchos emprendimientos en marcha y otros tantos en espera, sobre todo en exploración, que es lo que tenemos que apoyar”.
Lupión llega al gabinete con un perfil netamente productivista, marcando un guiño directo al sector conservador del campo. Médico veterinario, empresario y dirigente agropecuario, fue desde 2024 presidente de Salta Forestal SA, la sociedad del Estado encargada de la administración de tierras fiscales. Su trayectoria incluye una extensa participación en la Sociedad Rural Salteña, además de su paso por Federsal y la Bolsa de Cereales del NOA.
También arrastra antecedentes políticos: fue vicepresidente del PRO salteño y está vinculado a la gestión de tierras fiscales en el departamento de Anta, hoy concesionadas a grandes grupos empresarios como Cresud, del empresario Eduardo Elztain, cercano al presidente Javier Milei.
Su desembarco ratifica el peso del entramado agro–minero en la agenda del Ejecutivo provincial. En sus primeras definiciones, Lupión subrayó que el rol del ministerio será “crear el marco para que la actividad privada invierta, cree y produzca más y mejor”, y remarcó la idea de un Estado facilitador del capital privado.
El giro en Producción vino acompañado por un recambio también en la Secretaría de Minería. Gustavo Carrizo fue designado en el cargo, marcando la necesidad de mostrar mayor eficiencia de gestión en un escenario económico ajustado y con la minería convertida en uno de los principales soportes del modelo provincial.
La llegada de Carrizo implicó la salida de Romina Sassarini y se suma al desplazamiento del exministro Martín de los Ríos, dos funcionarios que, según admitieron puertas adentro del Ejecutivo, no lograron cumplir con las expectativas del gobernador en una etapa en la que Sáenz reclama resultados más rápidos y mayor control político sobre áreas sensibles.
Carrizo no es un técnico sin recorrido político: fue senador provincial por Capital y titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), antecedentes que le aportan volumen político a una repartición atravesada por tensiones empresariales, territoriales y ambientales. Su designación es leída como un intento de reordenar la agenda minera.
Ese rumbo quedó institucionalizado el 29 de agosto de 2024, cuando la Legislatura de Salta sancionó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley Bases que impulsó el gobierno nacional. La norma fue aprobada por amplia mayoría.
El RIGI, que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, fue defendido por el oficialismo como una herramienta para atraer capitales en un contexto de crisis, pese a los reparos por el impacto ambiental y la competencia desigual con las pymes locales. La provincia también habilitó la posibilidad de elevar las regalías mineras hasta el 5%.
La apuesta quedó escenificada el 12 de diciembre pasado, cuando Sáenz se reunió en Buenos Aires con sus pares del NOA Raúl Jalil(Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), y con el Board of Directors de Rio Tinto. En el centro estuvo el proyecto Rincón Lithium, ubicado en la Puna salteña, con una inversión prevista de 2.500 millones de dólares, la primera aprobada bajo el RIGI.
Mientras el Ejecutivo refuerza su discurso de minería sustentable, las tensiones ambientales siguen latentes. El 3 de enero de este año se promulgó el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, cuestionado por organizaciones ambientales y comunidades indígenas, que advierten sobre su articulación con el avance extractivo.
A esto se suman las críticas a la reforma de la Ley Nacional de Glaciares, defendida recientemente por la senadora Flavia Royón ante legisladores provinciales, que según ambientalistas podría flexibilizar controles en contextos de estrés hídrico.
Con Lupión y Carrizo al frente del área, Sáenz apuesta a profundizar un modelo basado en la atracción de grandes inversiones y la explotación de minerales estratégicos. La minería ya no es solo un eje discursivo, sino el corazón de la estrategia política y económica del oficialismo. El desafío será sostener esa apuesta sin profundizar los conflictos territoriales y socioambientales que atraviesan a la provincia.