No prosperó una condonación de deudas para las distribuidoras ni la reducción de subsidios del régimen de zonas frías. ¿Revancha en el Senado?
Edenor y Edesur se quedarían si el regalito de Navidad
El rechazo de la Cámara de Diputados del capítulo 11 del Presupuesto 2026 le quitó al ministro de Economía, Toto Caputo, la posibilidad de implementar dos movidas que había previsto en materia energética, entre ellas un multimillonario regalo de Navidad para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur.
El ministro había previsto un esquema de compensación que les permitiera a las empresas eléctricas cancelar las deudas que arrastran con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) con los supuestos ingresos tarifarios que no pudieron embolsar en los últimos años por los congelamientos y las emergencias económicas.
La otra modificación que quedó bloqueada pertenece al sector gasífero y apuntaba a un doble objetivo: eliminar la ampliación de los beneficiarios del régimen de zona fría aprobada en 2021 e incrementar hasta más de un 11% la tasa de recargo sobre el precio del gas que deben pagar los usuarios para costear los subsidios diferenciales del sector.
En el caso del servicio eléctrico, la caída del capítulo 11 —en el que el oficialismo había metido por la ventana las derogaciones de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad— les hizo perder a las distribuidoras metropolitanas la posibilidad de reclamar las diferencias surgidas entre los ingresos previstos en los contratos de concesión y los realmente percibidos como consecuencia de las leyes de emergencia dictadas en materia tarifaria.
La letra chica de los artículos referidos a esa compensación establecía que, tras la convalidación oficial de las diferencias de ingresos, las empresas iban a poder utilizar los montos a favor para cancelar las deudas y parte de la energía que les compran a Cammesa, declinando previamente cualquier reclamo judicial o administrativo relacionado con los efectos de las emergencias económicas.
Según los cálculos que manejan especialistas del sector consultados por Letra P, la suma total de los denominados “activos regulatorios” que tendrían por compensar Edenor —controlada por el trío empresarial de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti— y Edesur, manejada por el grupo italiano Enel, rondaría los u$s 2000 millones.
Ese monto incluiría las sumas actualizadas de los aumentos correspondientes al valor agregado de distribución (VAD) y a los planes de obras de las renegociaciones integrales de la gestión de Mauricio Macri que quedaron paralizados a partir de 2019, junto con los ajustes contractuales no otorgados durante la administración de Alberto Fernández.
A fines de septiembre, cuando conoció el intento oficial de compensar a las distribuidoras del AMBA, la exsubsecretaria de Planeamiento Energético Cecilia Garibotti alertó que “tras perdonarles las deudas con Cammesa porque no tuvieron aumentos tarifarios, ahora el gobierno de Javier Milei busca darles una especie de reconocimiento tarifario, permitiendo que no paguen las obligaciones que tienen con la administradora del mercado mayorista, pero sin netearlas con la situación anterior y con los aportes que debió girar el Tesoro a Cammesa para cubrir los desequilibrios provocados por la falta de pago de la totalidad de la energía que recibieron del sistema eléctrico nacional”.
En el sector gasífero, la administración libertaria quedó, por ahora, sin chances de avanzar con la quita de subsidios que tenía en carpeta para algo más de tres millones de hogares que habían sido incorporados hace cuatro años al régimen de zona fría.
Financiado inicialmente con un recargo del 4,46% sobre el valor del gas, el esquema tarifario especial de zona fría fue creado hace más de dos décadas para cubrir únicamente a un universo de 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Pero en 2021, tras un proyecto impulsado por el entonces diputado Máximo Kirchner y técnicos energéticos de La Cámpora, la gestión albertista extendió los beneficios a otros 3,1 millones de usuarios residenciales, elevando la tasa de recargo al 5,44%.
Esa ampliación incorporó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, al centro y sur de Córdoba, al sur de Santa Fe, a Mendoza y a casi toda la provincia de San Luis. Desde entonces, la mitad de los usuarios del servicio de gas por redes pasó a recibir ese subsidio específico, que se acumuló a los distintos mecanismos de compensación que el Estado mantiene sobre el precio del gas residencial.
Los beneficios incluyen descuentos que van del 30% sobre la factura final hasta el 50% para jubilados, titulares de la AUH, pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo o usuarios electrodependientes.
Tras la llegada en la Casa Rosada, Milei y Caputo buscaron voltear la ampliación de 2021 por medio de la ley ómnibus, pero frente a la resistencia de gobernadores y legisladores de las provincias beneficiadas debieron dar marcha atrás. Con el Presupuesto 2026 volvieron a la carga y cosecharon un nuevo traspié en la cámara baja.
El rechazo a la poda de beneficiarios del régimen de zona fría también alcanzó a la suba del porcentaje de recargo en las boletas de gas que intentó colar Caputo.
Desde mediados de 2024, el ministro viene aplicando aumentos graduales en el recargo tarifario destinado a cubrir los subsidios de zona fría y las bonificaciones en los precios de las garrafas de gas. La tasa en abril había llegado al 6% y desde junio registró la siguiente escalada mensual: 6,2% en julio; 6,6% en agosto; 6,8% en septiembre; 7% en octubre; 7,2% en noviembre y 7,5% desde diciembre.
El artículo específico del capítulo 11 del Presupuesto, que fue bochado en la Cámara de Diputados, convalidaba una nueva tasa mínima de recargo del 7,5% y habilitaba a Caputo a incrementarla hasta un 50% más mediante una simple resolución, basada en razones de necesidad y conveniencia.
El Gobierno hizo saber que la eliminación del capítulo 11 del texto atenta contra el equilibrio fiscal. Si bien el foco público estuvo puesto en el veto a las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, el Senado podría insistir con la redacción que ajustaba los subsidios a los usuarios de gas y beneficiaba a las distribuidoras del Área Metropolitana. En ese caso, el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados.