El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la expropiación de YPF y cuestionó las acusaciones del presidente Javier Milei, tras el fallo de la jueza norteamericana Loretta Preska que condenó a Argentina a pagar 17.000 millones de dólares. En una conferencia de prensa, desde la sede de la gobernación bonaerense en La Plata, el mandatario rechazó la posibilidad de ceder la compañía a manos privadas y afirmó que cualquier movimiento de las acciones de la petrolera requiere aprobación parlamentaria.
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El exministro de Economía remarcó que la nacionalización de YPF durante su gestión respondió a un contexto de caída productiva y desabastecimiento generado durante la gestión de Repsol, a cargo de la empresa entre 1999 y 2012. Según el mandatario provincial, la privatización había sido una “desgracia” para el país, provocando la reducción de la producción de petróleo a casi la mitad y un déficit energético que superó los seis mil millones de dólares en 2013.
La decisión de la jueza de Nueva York con respecto a YPF abrió un debate repleto de imprecisiones y falsedades que es necesario aclarar. En primer lugar, es importante recordar que la privatización de la empresa fue una verdadera desgracia que redujo la producción de petróleo y… pic.twitter.com/yx1tjytRoX
En ese sentido, subrayó que la expropiación de 2012 se realizó con aval del Congreso y en base a instrumentos previstos en la Constitución Nacional. “No están las acciones de YPF al alcance de un país extranjero, por más admirador que sea Milei de (Donald) Trump”, señaló el gobernador.
Además, destacó que el 49% del capital accionario de la petrolera pertenece a las provincias, por lo que la jueza Preska no podría disponerlas como parte de un embargo para saldar el fallo millonario.
Críticas a la estrategia del Gobierno nacional
Kicillof advirtió que el presidente libertario promueve, según sus palabras, un “plan de entrega” que pondría en riesgo la soberanía energética argentina. También dejó abierta la posibilidad de investigar eventuales vínculos entre autoridades nacionales y el fondo buitre que adquirió el litigio tras la quiebra de un accionista minoritario español.
En la conferencia, el mandatario bonaerense insistió en que cualquier transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. “Aunque Milei tuviera la compulsión de entregar la empresa, no puede hacerlo sin la ley”, enfatizó.
La legalidad de la expropiación
El gobernador recordó que la Ley de Expropiación de YPF obtuvo un apoyo mayoritario de las fuerzas políticas en el Parlamento y aseguró que el carácter mixto de la compañía sigue vigente, con control estatal y participación privada. “Se declaró de interés público el control, no las acciones”, explicó.
Respecto al proceso judicial en Estados Unidos, Kicillof calificó de “disparatada” la sentencia que obliga a Argentina a pagar 17.000 millones de dólares y señaló enormes inconsistencias legales en el fallo. Según su visión, el reclamo surgió de la compra de derechos litigiosos por parte de fondos de inversión que buscan especular con activos estratégicos del país.
