El intendente presentó el proyecto de presupuesto. Prevé la continuidad de la crisis, pero sube la apuesta en su pedido de subsidios al transporte y la salud.
Daniel Passerini promete déficit cero y amenaza con ir a la Corte por los fondos que retiene Javier Milei.
Daniel Passerini define la consigna de déficit cero como piedra basal para su último año de administración como intendente de la ciudad de Córdoba. Así lo deja establecido en el proyecto de presupuesto presentado este viernes en el Concejo Deliberante de la ciudad capital.
Para llegar a tal objetivo plantea una serie de premisas para llegar a la “eficiencia en la administración”: inclusión social, equilibrio fiscal, responsabilidad financiera, simplificación administrativa e incorporación de tecnología a la administración pública.
No obstante, la iniciativa mantiene la perspectiva de un contexto crítico, admisión que permite una jugada a dos bandas. Por un lado, mantener la emergencia en distintas áreas, excepción que evita el paso de discusiones por el Concejo Deliberante. Por otra parte, opera como justificación para la elevación a la Corte Suprema de Justicia de los reiterados reclamos a la Nación por la quita de subsidios al transporte.
El proyecto de presupuesto para 2027 elaborado por el Ejecutivo prevé gastos por poco más de 1.8 billones de pesos. Según los cálculos elaborados, equivale a un incremento del 22% respecto de 2026, diferencia reducida a menos de un punto con descuento de la inflación.
El texto plantea un total de ingresos por exactamente el mismo monto. No obstante, advierte que los ingresos corrientes registran una caída significativa en términos reales. "Los ingresos propios presupuestados para 2027 se ubican por debajo de los de todos los ejercicios desde 2019, con la única excepción de 2020, año marcado por la pandemia", dicen desde el palacio.
La pauta de incrementos salariales para los empleados municipales se ajustará a la inflación proyectada por el presupuesto nacional, calculada en un 18%. En materia de fuentes de financiamiento para la administración general, incluyendo aplicaciones financieras, estima ingresos por 144 mil millones de pesos.
También deja sentada la autorización al Ejecutivo a “incrementar el total de recursos y erogaciones previstos a sólo efecto de corregir la desvalorización monetaria que se produzca y/o para reflejar el incremento no previsto de ingresos que pudieran generarse”.
En la misma sintonía, ratifica la vigencia de la emergencia en materia económica, así como para el servicio de transporte urbano de pasajeros.
En diálogo con SRT Media, el intendente vinculó la continuidad de la emergencia económica con la deuda en dólares contraída por Ramón Mestre en 2018, oportunamente prorrogada por su sucesor, el hoy gobernador Martín Llaryora. Según afirma Passerini, la nueva deuda tomada para refinanciar aquella obligación abriría un mejor horizonte.
“El peso de la deuda es condicionante para el sostenimiento de las emergencias. Nosotros vamos a bajar en este presupuesto el impacto de los intereses de la deuda gracias a la reestructuración que hicimos y a la refinanciación. Hemos tomado una deuda en dólares a largo plazo, con garantías de la provincia, que nos saca de la situación que heredamos. Ese será un impacto importante”, admitió.
De acuerdo a tal aritmética, los intereses disminuyen un 41% y pasan de representar el 5% al 2% del gasto corriente. Para 2027, el presupuesto contempla amortizaciones de capital por $144.244 millones y pagos de intereses por $35.744 millones.
Por si acaso, entre las operaciones de financiamiento, el proyecto faculta al Ejecutivo a “crear, implementar y ejecutar un programa de financiamiento de corto plazo a través de la emisión de letras del Tesoro, que no podrá superar los cien millones de dólares”.
También autoriza operaciones de crédito público por hasta tres veces el valor nominal del programa de corto plazo, ampliable a tres veces y media para reconversión o renegociación de deuda existente.
El objetivo de llegar al déficit cero se alinea con una narrativa que hoy parece instalada como sello de época para cualquiera que se atreva a la administración del Estado. El intendente capitalino asegura que se trata de un objetivo planteado junto a Llaryora en 2019. Según apunta, este año culminará con casi dos puntos de déficit, por lo que será su último período como jefe comunal el que permitirá lograrlo.
También asegura que, pese a las restricciones a que obliga aquel objetivo, mantendrá una “gran inversión” en salud, higiene, educación y seguridad. “Más del 60% del presupuesto irá a eso”, anticipa. En términos comparativos, las partidas para aquellos rubros crecen un 10% en el cotejo interanual
En similar dirección, y pese una caída de la recaudación que supera el 10% interanual, explica que se mantendrá una pauta de incremento de tasas ajustada a la inflación, tal como ocurriera en 2026.
La propuesta no modifica las alícuotas vigentes durante 2026, aunque sí actualiza montos mínimos. En la contribución sobre la actividad comercial e industrial, mantiene la reducción del 30% para el 85% de los contribuyentes. También siguen vigentes la reducción del 20% para el contribuyente cumplidor y el descuento del 10% por pago único.
Tampoco propone variaciones en la contribución sobre inmuebles: los importes solo podrán actualizarse por IPC para quienes opten por el pago diferido. En automotores, se mantienen los descuentos por contribuyente cumplidor y pago único, tomando como referencia los valores de ACARA. “La gente no resiste un nuevo ajuste”, sintetizan desde la intendencia el alcalde.
Como una constante desde su llegada al Palacio 6 de Julio, Passerini pide valorar el esfuerzo realizado por los municipios, a quienes toca cargar las consecuencias de los recortes que realiza el gobierno de Javier Milei sobre las funciones esenciales del Estado.
Según recuerdan desde la intendencia, en tres años debieron afrontar un incremento del 40% en las demandas de atención en salud y un crecimiento exponencial de la asistencia a personas en situación de calle. “Son servicios para los cuales no cobramos tasas. Son recursos que no podemos juntar si no hay una respuesta del gobierno nacional”, afirma Passerini.
La demanda de respuestas al gobierno nacional podría escalar hasta la Corte Suprema. Y tendría como firmantes a más de 250 intendentes de todo el país, según anticipó el mandatario cordobés, titular del Consejo Federal de Intendentes.
Tal decisión fue adelantada el pasado miércoles, tras la exposición realizada en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde entonces, remarcan, no paran de llegar adhesiones.
La advertencia llega a días del tratamiento del proyecto de presupuesto enviado por el gobierno nacional al Congreso. Una nueva exclusión de los fondos para el transporte del interior derivaría en la inmediata presentación de la demanda colectiva.
La denuncia no sólo incluiría subsidios denegados. También apuntaría a la eliminación del impuesto al combustible. En sintonía con los gobernadores de la Región Centro, los intendentes piden que se cumpla con los giros que establece la ley. “Nada de lo que recaudan vuelve a las provincias. No destinan nada a obras viales. Nadie sabe dónde va la plata”, fustigan desde el peronismo.
“Siguen subsidiando el transporte del AMBA. Les dieron 460 millones de dólares este año; al interior, cero. Son muchos años de mucha desigualdad. Estamos hartos”, sentencian las voces cordobesistas.
