La huelga de inspectores de tránsito del SUOEM derivó en su remplazo por policías. El PJ ligó el reclamo a la estrategia de desgaste del Frente Cívico.
Martín Llaryora y Daniel Passerini firmaron un convenio para que la Policía cumpla el rol de los inspectores de tránsito en la ciudad de Córdoba
En Córdoba, enfrentar al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) es una buena inversión para la política que busca valoración popular. Lo hicieron los intendentes Daniel Giacomino cuando quiso recortar las bonificaciones especiales, Ramón Mestre cuando jubiló al histórico referente Rubén Daniele; y Martín Llaryora cuando les quitó la séptima hora de trabajo para ajustar el gasto salarial.
Nuevamente, ahora el SUOEM vuelve a estar en boca de todos. Llaryora -que ya los enfrentó cuando fue intendente de 2019 a 2023- repite la receta y pega en una de las estructuras más aceitadas y con mayor poder de fuego de la estructura estatal: la policía municipal de tránsito.
Lo hace en la víspera de 2027, anticipando el clima electoral que empieza a respirarse en esta provincia. Lo hace con uno de los gremios que mayor desaprobación social ostenta y que tiene instalado en el imaginario social que Daniele es un socio en las sombras de Luis juez.
El gobernador, el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, (bien ubicado en la pelea por la sucesión municipal) resolvieron que pondrán a disposición la Policía de Córdoba para garantizar el orden vehicular en grandes eventos en la capital. La raíz del problema se encuentra el pasado fin de semana.
El gremio de municipales denunció ítems salariales adeudados y los inspectores -llamados “zorros grises” en la jerga popular cordobesa- no prestaron servicio en el superclásico Belgrano-Talleres y en la maratón organizada por el Sanatorio Allende, una de las clínicas privadas más importantes de esta capital.
En el municipio afirman que la deuda no existe, resolvieron los operativos con efectivos policiales comandados por Quinteros y adoptarán la medida mediante un convenio que se firmó este jueves en el Palacio 6 de Julio.
El objetivo sería preventivo. No hay que olvidar que el 10 de noviembre la ciudad será la única del interior del país que recibirá al papa León XIV.
Con el discurso del "orden" como variable innegociable y el objetivo definido -en este caso, el impopular gremio municipal- el cordobesismo recupera la agenda y aprovecha el contexto para mellar a los rivales políticos.
El gobernador usó sus redes sociales el miércoles por la noche para responder los insultos que la conducción sindical puso en su canal de comunicación oficial.
“Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar el orden y la seguridad. No podemos permitir que un grupo de empleados municipales recurra a la extorsión y ponga en riesgo a la población para alcanzar sus objetivos”, prometió Llaryora.
No se quedó en la réplica formal, porque avaló la explicación política de lo sucedido que fueron haciendo sus adláteres. El primero en vincular el paro sindical con una presunta maniobra del Frente Cívico de Luis Juez fue el concejal peronista Marcos Vázquez. "Pégale al chancho y aparece el dueño, dicen en el campo”, escribió el edil llaryorista.
La mano derecha del senador en la Legislatura, Walter Nostrala, cuestionó que la Policía dejara sus obligaciones naturales para dirigir el tránsito y cargó contra la administración cordobesista al supuestamente permitir un estado paralelo.
“Esta es la ciudad y el intendente que nos dejó Llaryora. Duplicó la planta de personal (esto reconocido por el irresponsable de Daniel Pastore) con monotributistas, becarios , chalecos celeste y Córdoba es un desastre. Le interviene la gestión a Passerini tratándolo de inútil, para evitar lo inevitable”, escribió Nostrala en sus redes, que pidió que no se le ocurra al gobernador mandar a Quinteros y a la policía a operar pacientes en el Hospital de Urgencias.
El aludido ministro de Comunicación, Daniel Pastore, le contestó y Llaryora lo retuiteó: “Walter, ni un solo empleado pasó a planta permanente durante la gestión de Llaryora, que siendo intendente fue electo gobernador con el apoyo de los capitalinos que vos conocés. Luis y vos gobernaron esta ciudad en 2003-2007 y nunca más los eligieron para un cargo Ejecutivo”.
La campaña empezó. La estrategia de vincular al juecismo con el SUOEM de Daniele no es nueva. La utilizaron varias fuerzas políticas con el objetivo de vincular a Juez como el origen del caos en el municipio producto del ingreso de 4500 contratados que engordaron las bases del gremio y la extensión de beneficios salariales como las bonificaciones especiales.
Durante este jueves, la dirigencia cordobesista estuvo intensa. Al punto de recordarle a Juez que esa supuesta municipalidad paralela de la que tanto se habló tiene su huella. "Durante la gestión de Luis Juez, el Decreto Nº 856, del 15 de marzo de 2007, asignó a los Servidores Urbanos Comunitarios funciones vinculadas al ordenamiento del tránsito", siguió el concejal Vázquez el pase de factura.
Como sea, el clima empieza a espesarse. Como contó Letra P, el peronismo presionó fuerte a la UCR en la Legislatura para que un alfil de Rodrigo de Loredo deje su banca. Alejandra Ferrero está en la mira peronista por tener en su equipo de asesores un empleado de planta permanente que fue denunciado por abuso. La dirigente se resiste a ser comparada con el caso que atravesó el peronista Ramón Flores, también por tener un colaborador involucrado en una red de corrupción de menores.
Lo curioso del caso es que La Libertad Avanza se viene salvando de las hostilidades propias de un clima proselitista. Los movimientos no hacen más que reactivar las sospechas de que 2027 empezará con el calendario electoral más temprano que tarde.
