Daniel Passerini y Damián Bernarte mostraron el impacto millonario de los recortes en salud, obras y coparticipación. La campaña 2027 ya empezó.
Los intendentes de Córdoba y San Francisco militan contra el ajuste libertario con números en mano
Daniel Passerini y Damián Bernarte endurecieron sus cuestionamientos contra Javier Milei por la retención de recursos nacionales destinados a salud, transporte, educación y obra pública. Los intendentes de Córdoba y San Francisco expusieron cifras y denunciaron el impacto financiero sobre los municipios, siendo el de ellos bastiones muy fuertes del peronismo.
Ambos, quienes gobiernan la ciudad capital y la cabecera del departamento San Justo, respectivamente, coincidieron en Rosario días atrás en un encuentro organizado por Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), donde participaron más de 300 mandatarios de todo el país.
Como parte de esa ofensiva, Passerini advirtió sobre el crecimiento de la demanda sanitaria en la capital cordobesa. Según detalló, el sistema municipal de salud registró un incremento del 37% durante el último año. El intendente presentó esos datos también frente al Concejo Deliberante, donde difundió el segundo informe anual del Plan de Metas 2024-2027. Allí sostuvo que su gestión alcanzó el 47,98% de los objetivos planteados al asumir.
En el caso del sanfrancisqueño reclama a la Nación más de $15.000 millones, tan solo por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Durante su exposición, el jefe municipal defendió el equilibrio fiscal, aunque marcó diferencias con la política libertaria. “Mientras la Nación parece gobernar para un algoritmo frío, nosotros gobernamos para las familias”, afirmó.
El dirigente capitalino vinculó el aumento de la demanda sanitaria con el retiro de programas nacionales. Precisó que las atenciones especializadas crecieron 15,6%, mientras que las prácticas de laboratorio e imágenes aumentaron 12,62%.
También señaló que los centros de salud y hospitales municipales registraron una suba cercana al 19% en las consultas. A eso sumó el impacto del desfinanciamiento del plan REMEDIAR, que provocó una caída del 28% en la provisión de medicamentos.
Passerini remarcó que los municipios absorbieron funciones que antes cubría el Estado nacional. En ese contexto, pidió revisar la distribución de recursos y sostuvo que las ciudades afrontan cada vez más responsabilidades sin financiamiento adicional.
En paralelo, Bernarte reclamó a la administración libertaria más de $15.000 millones correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) acumulados desde diciembre de 2023.
El planteo del intendente de San Francisco se apoyó en la ley 23.966, que establece que una parte de ese tributo debía destinarse a obras y mantenimiento en provincias y municipios.
Según explicó, las diez estaciones de servicio en su ciudad comercializan unos 2,5 millones de litros mensuales entre nafta y gasoil. Esa actividad representa alrededor de $516 millones por mes y más de $6 mil millones anuales en concepto de ICL.
“Para un municipio del interior esto no es un dato técnico. Es asfalto que no se hace, cloacas que no se conectan, semáforos que no se instalan, tratamientos médicos que no se cubren y tecnología que no llega a nuestros estudiantes”, afirmó el dirigente justicialista.
La municipalidad de esta ciudad presentó además un contador en tiempo real que muestra cuánto dinero generado por ese impuesto no regresó a la región desde el inicio de la gestión de Milei.
Bernarte también advirtió sobre un posible incremento de las partidas destinadas a salud y asistencia social durante los próximos meses. El intendente atribuyó esa situación a la crisis económica y al deterioro de los ingresos de jubilados y pensionados.
En ese marco, sostuvo que la demanda del sistema sanitario local aumentó 40%, al igual que la asistencia directa a vecinos y vecinas de la ciudad.
El encuentro del COFEIN concluyó con un documento conjunto en defensa del federalismo y con fuertes críticas al gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y recursos específicos.
La cumbre reunió a más de 300 intendentes e intendentas y contó con la participación de los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo, quienes respaldaron el reclamo municipal.