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La implementación del sistema acusatorio limita el poder de jueces habituados al toma y daca con el campo político y empresario. ¿Llegará a Retiro?
La entrada en vigencia en Rosario del sistema acusatorio en el fuero penal federal, siendo la segunda jurisdicción donde se implementa, justificó las presencias de Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona y Horacio Rosatti, y reactivó la pregunta del millón. ¿Cuándo le llega el turno a Comodoro Py?
Esa incógnita mayúscula que muchos funcionarios judiciales farfullaban en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, donde se hizo el acto formal, es de altísimo voltaje y extrema sensibilidad para la cumbre del poder institucional argentino. Rosario es recién la segunda jurisdicción del país donde se implementa de manera escalonada. La primera fue Salta y Jujuy.
“Nunca”, respondía un alto juez provincial de Santa Fe, con una acidez capaz de corroer acero trenzado. Lo dijo señalando con su índice al magistrado Mariano Borinsky, sentado en la conferencia de prensa al lado de los ministros de Justicia Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad Patricia Bullrich.
Los tribunales federales de Capital Federal son uno de los dispositivos de poder institucional más afianzados de la estructura política argentina. Sus permanentes metamorfosis, a partir de la negociación con el poder administrador de ocasión, se retejen frente a cada cambio de gobierno. La atribución de garantizar persecución o impunidad según las conveniencias de la coyuntura han otorgado a los jueces federales de Retiro una larga sobrevida, más allá del rigor de sus procedimientos y sus fallos.
Para el magistrado que lo señalaba, Borinsky es un interesante ejemplo de esa simbiosis entre judicatura y política. Fue el integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal denunciado por visitar al menos quince veces al entonces presidente Mauricio Macri en su quinta para ir a jugar al fútbol o al paddle en tiempos que se dirimía una causa de Cristina Fernández de Kirchner. El Consejo Nacional de la Magistratura nunca trató el trámite contra Borinsky y lo declaró caído por el paso del tiempo.
En un ámbito donde los integrantes de la Justicia Federal de Rosario no eran mayoría, asistentes de los tres poderes santafesinos al acto de largada del nuevo sistema de juicio oral pleno en el ámbito federal no pararon de comentar esta situación paradojal, pero completamente racional desde el interés político.
El sistema que le saca a los jueces federales un inmenso poder gestado en la oscuridad de sus decisiones escritas, donde no hay ni visibilidad ni publicidad, no tiene perspectiva de implementación en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia y el gobierno nacional la erosión del doble discurso juega un partido desgastante.
La potente contradicción está en que desde 2014 rige una ley nacional para implementar el sistema acusatorio pleno, donde el juez ya no investiga, sino que dirime en audiencias públicas desde el inicio lo que exponen fiscales que acusan y defensores que defienden.
Según un decreto de implementación de esta ley, ese sistema que despoja de influencia a los jueces se debe incorporar progresivamente en las diversas jurisdicciones federales. El arranque dispuesto por el ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, fue lejos de los estrados porteños: en Salta y Jujuy. Siguió a partir de este lunes en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario. Según el ánimo del gobierno nacional el eslabón siguiente será Mendoza.
¿Esto acorta los estancados tiempos del statu quo para el edificio del barrio de Retiro? Dependerá de la decisión de la cúpula del Poder Judicial y del gobierno de Javier Milei de acatar la Constitución del 94, que ordena un sistema acusatorio, y de la ley de implementación. Pero también de jurisprudencia clave de la propia Corte de casi dos décadas. Entre ellos los fallos Llerena y Fraticelli, que declararon inconstitucional la potestad de los jueces del viejo Código Procesal Penal para investigar y al mismo tiempo dictar resolución en los casos.
El control de los expedientes por parte de los jueces de instrucción federal entre las paredes de sus despachos impide o nubla la trazabilidad de los trámites. Justamente, en la Facultad de Derecho de la UNR, donde estaban los más encumbrados funcionarios de la Justicia Federal y los ministros nacionales, un docente se deslenguaba ante un casual grupo que reunía legisladores y jueces provinciales.
“A la política nacional no le conviene el (sistema) acusatorio”, decía. “Los jueces, que son tipos que manejan su poder en combinación con el poder administrador, no quieren que llegue este sistema. Si llega, pierden la posibilidad de planchar causas o armar contubernios con las partes. El juez de instrucción, como en su momento Norberto Oyarbide o Claudio Bonadío, le delegaban a los fiscales lo que no les interesaba. Lo penal económico se lo quedaban y negociaban con las partes a la vista de nadie. La política hoy se hace con denuncias, favoreciendo a actores del poder político o amenazando con hundirlos. Eso es garantía de un poder muy concreto. ¿Quién lo va a querer largar?”.
La respuesta plausible es que casi nadie que no deba hacerlo por la fuerza. Como presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti celebró en el acto la implementación del acusatorio y recordó que ante los problemas de criminalidad había que actuar y cumplir con la ley.
“Dijimos que la indiferencia no era neutralidad sino que era complicidad, y que queríamos saber de qué lado estaba cada uno. Era mucho lo que había por hacer, pero teníamos claro que una de las herramientas a llevar adelante para mejorar el estado de cosas era la aplicación del sistema acusatorio, que estaba jurídicamente vigente, pero no se aplicaba en la práctica”.
Es lo que pasa en Comodoro Py. Un campo de prueba de persistentes tensiones políticas, que asegura una rosca de rancios perfumes y asoma como último bastión de un cambio que viene con reloj de arena.
En la cita rosarina, muy cerca del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y del intendente, se paseaba el juez de Casación Carlos Mahiques. Un magistrado que en tiempos de Macri fue pasado por un extraño decreto desde la Justicia ordinaria porteña a la Justicia Federal. Y fue, junto a otros magistrados, como invitado al célebre viaje de Lago Escondido del magnate norteamericano Joe Lewis, un caso por el que una fiscal imputó a los viajeros por dádivas, aunque el trámite fue luego traspasado a Comodoro Py, la misma jurisdicción a la que los señalados pertenecen.
“Así es la cosa”, fue la última mordacidad del docente de Derecho. “Son jueces, pero antes que nada, son políticos”.