Javier Milei y Toto Caputo bajan impuestos sin margen para ajustar y esperan que el rebote de la actividad compense. La tablita incentiva la retención de soja.
Javier Milei y Toto Caputo bajan retenciones pero presionan al dólar en el año electoral
Javier Milei y Toto Caputo anunciaron una reducción gradual de retenciones al agro entre 2027 y 2028, una señal que podría incentivar la retención de soja y demorar liquidaciones. La medida busca fortalecer la relación con el campo y atraer inversiones, pero también abre interrogantes sobre el ingreso de dólares y la estabilidad cambiaria futura.
El esquema prevé un cronograma de baja de derechos de exportación para el agro y la industria a partir de junio de 2026. Con la medida, el Gobierno intenta estimular inversiones y cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la premisa de que una mayor actividad económica compensará la caída inicial de recaudación.
El nuevo plan económico establece un recorte inicial de dos puntos porcentuales para el trigo y la cebada, que bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. El objetivo de este movimiento es dar una señal clara antes de la siembra y evitar que los productores retengan saldos exportables.
A partir de enero de 2027, el esquema se automatizará y se extenderá al resto de las actividades de manera fija:
Complejo sojero: tendrá una reducción mensual de un cuarto de punto porcentual (0,25 puntos porcentuales) a lo largo de 2027, iniciando en 23,75% y finalizando el año en 21%.
Otros cultivos: el maíz, sorgo y girasol se sumarán al cronograma con disminuciones trimestrales prefijadas.
Año 2028: La velocidad del recorte se duplicará, con bajas de medio punto porcentual (0,5%) al mes para todas las producciones.
La flexibilización impositiva no se limitará al sector agropecuario, sino que alcanzará al ámbito industrial. Los sectores automotriz, petroquímica y maquinaria residual verán reducir sus alícuotas actuales del 4,5% hasta alcanzar el 0% en un periodo que va de julio de 2026 a julio de 2027.
El anuncio del Presidente y del ministro de Economía encendió alertas en el mercado por el posible impacto cambiario hacia 2027, un año electoral.
La señal generó una lectura inmediata entre operadores y analistas: si el productor sabe que en los próximos meses pagará menos impuestos por exportar, puede tener incentivos a postergar ventas y esperar mejores condiciones tributarias.
La preocupación oficial por la acumulación de dólares aparece en un contexto sensible. El Gobierno necesita sostener la estabilidad cambiaria durante el año electoral y, al mismo tiempo, mantener el ingreso de divisas del agro como principal fuente de oferta de dólares comerciales.
No obstante, el propio Caputo, junto con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, admitieron que el objetivo es influir sobre las proyecciones de producción y comercialización futuras. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sostuvo que la medida “busca incidir en las decisiones de siembra para 2027”, aunque también señaló que el impacto fiscal directo crecerá con el tiempo.
El anuncio también dejó una definición política relevante: el Gobierno sigue mostrando una agenda de baja de impuestos en momentos en el que el margen fiscal empieza a achicarse.
“Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero”, sostuvo Caputo. El ministro incluso afirmó: “No tenemos ninguna duda de que en un segundo mandato llegarán las retenciones a cero”.
La decisión llega después de que el titular del Palacio de Hacienda reconociera públicamente que ya “no hay más lugar para el ajuste”, mientras el superávit financiero empieza a mostrar señales de deterioro.
Según confirmó el propio Caputo, el cronograma oficial prevé un costo fiscal de: u$s 32 millones en 2026, u$s 415 millones en 2027 y u$s 1224 millones en 2028 solamente por las rebajas a los granos. A eso se suman las quitas de retenciones para automotrices, petroquímicas y maquinaria.
La consultora EcoGo estimó un impacto aún mayor: entre u$s 706 millones y u$s 1006 millones para 2027, con un acumulado superior a los u$s 1000 millones entre 2026 y 2027.
Pese a eso, Caputo descartó que sea necesario compensar la medida con más recortes. “No va a ser necesario ningún ajuste porque estamos proyectando una mayor recaudación por un crecimiento de la actividad económica que estamos viendo”, aseguró.
El Gobierno intenta sostener que la recuperación económica permitirá compensar la pérdida de ingresos por retenciones. La lógica oficial es que una menor carga tributaria incentive producción, exportaciones e inversión, generando más recaudación vía Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y otros. Sin embargo, los últimos datos económicos muestran señales mixtas.
La consultora Vectorial destacó que abril marcó un punto de inflexión: por primera vez en el año el gasto primario creció en términos reales, mientras la recaudación cayó 4,1% interanual ajustada por inflación y el superávit financiero se desplomó más de 64%.
En paralelo, varios indicadores de abril —como construcción, metalurgia y producción automotriz— ya anticipan una desaceleración luego del rebote observado en marzo.
En ese contexto, el Gobierno busca mantener una narrativa de reducción impositiva y alivio al sector privado aun cuando las cuentas públicas muestran menos margen para absorber pérdida de recursos.
El anuncio también tuvo una fuerte carga política hacia el agro. Milei volvió a ratificar que considera a las retenciones un impuesto “distorsivo” y Caputo pidió a los gobernadores que acompañen con rebajas tributarias provinciales. “Son impuestos no coparticipables, por eso invitamos a los gobernadores a que se sumen a ese esfuerzo”, afirmó el ministro.
Pero el principal interrogante quedó puesto sobre el frente cambiario. La posibilidad de que parte de la cosecha se retenga esperando menores alícuotas futuras agrega incertidumbre sobre la oferta de divisas para 2027, justamente cuando el Gobierno enfrentará el desafío político de sostener estabilidad cambiaria en pleno calendario electoral, cuando históricamente la dolarización de ahorros sube exponencialmente por cobertura política.