El paso al sistema acusatorio se centra en oralidad e investigaciones a cargo de la fiscalía. El ministro de Justicia aceptó posponer el debut al 6 de mayo.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Un día después de haber dispuesto que el próximo lunes entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el ámbito de la Cámara Penal Federal de Rosario el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, resolvió posponerla para el 6 de mayo ante la imposibilidad de ponerla en práctica.
Si bien en el circuito federal había rumores de que la implementación estaba al caer, la decisión terminó siendo sorpresiva. Tanto así que activó reuniones de emergencia en todos los ámbitos de la Justicia federal en las últimas horas hábiles antes de la implementación ordenada originalmente por el ministro.
Es que el paso del actual sistema inquisitivo al acusatorio, con todas las bondades que implica en teoría, se trata de un cambio radical que va a enfrentar dificultades. Implementarlo en cuatro días generaba pronósticos inciertos. El golpe de sorpresa le permitió al ministro forzar los tiempos del Poder Judicial para que se ponga en práctica en menos de dos meses.
Uno de los cambios más visibles para la ciudadanía será la oralidad del sistema. Actualmente, solo los juicios son orales, mientras que el resto del proceso se lleva a cabo a través de expedientes escritos. Ahora, toda toma de decisiones será en una audiencia, con todas las partes presentes, con lo que se recupera un modelo de justicia penal pública.
Hoy en día, los jueces federales de instrucción trabajan dentro de un despacho, en base a un expediente de papel o digital, que favorece la delegación de funciones en los empleados. A partir del 6 de mayo, el juez va a tener que estar personalmente en todas las citas. El cambio acelera los tiempos y por lo tanto aumenta la protección de los derechos del imputado y también de las víctimas, al bajar los plazos de respuesta en cada una de las instancias.
Otro gran cambio es la diferenciación de roles entre jueces y fiscales. Actualmente, los jueces llevaban a cabo la investigación, la acusación y definían quién iba a juicio, aunque podían delegar la investigación en los fiscales si lo consideraban necesario. En el sistema acusatorio, estas funciones están separadas y el juez toma decisiones basadas en las pruebas presentadas por los fiscales y el papel de los defensores. Aunque con algunas variantes, este sistema es el que rige desde 2014 en la justicia provincial santafesina.
Para el Ministerio Público Fiscal, es decir para los y las fiscales, el modelo acusatorio implica más poder en el proceso y pasan a ser centrales de la política criminal. Con el sistema inquisitivo, la investigación era el caso por caso, con la consecuencia de convertir cada expediente en compartimentos estancos. Ahora, el Ministerio Público Fiscal puede llevar adelante una persecución penal estratégica.
En el contexto de crisis de violencia en la que se activan estos cambios, y con la implementación en Santa Fe de la ley de microtráfico de drogas que impulsó el gobernador Maximiliano Pullaro, que habilita a la justicia provincial a investigar casos de tenencia o comercialización de drogas a pequeña escala, va a ser mucho más necesaria la coordinación y articulación entre fiscales federales y provinciales, porque estarán trabajando sobre partes distintas del mismo problema.
Además, van a tener que fijar criterios comunes de investigación para evitar entorpecer investigaciones de mayor escala del narcotráfico, o que se frenen las investigaciones por planteos de competencia. En medio del apuro de la implementación, como aliciente a la justicia federal su carga de trabajo se redujo porque gran parte de las causas por narcomenudeo que sí o sí iba al fuero federal ahora se procesan en la Justicia provincial. Según algunos cálculos, la ley de microtráfico alivió la carga de trabajo en un 90 por ciento.
Con respecto al rol de los jueces, habrá jueces que intervienen en la primera instancia de la causa, controlando procedimientos, incidentes imputaciones y medidas cautelares; y otros nueve jueces estarán al frente de los juicios orales. “Las investigaciones entran al sistema por la base, no por los jueces del tribunal. Con esta distribución, habrá por ejemplo en Rosario dos jueces súper exigidos en las audiencias previas a juicio y nueve esperando que les llegue alguna a juicio”.
Además, en las próximas horas, habrá que resolver el equivalente a la Oficina de Gestión Judicial de la justicia provincial, que es la que ordena y asigna las audiencias y concentra la tramitación de cuestiones procedimentales como, por ejemplo, quién recibe un pedido de allanamiento y genera un mecanismo que permita agendar una audiencia para que se tome la decisión.