En una reunión definieron ir juntos a pedirle a Toto Caputo que aporte al fideicomiso para arreglar el ingreso a los puertos. Otros avances en agenda.
Maximiliano Pullaro en la reunión con el campo para consensuar el circuito de ingreso portuario.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza a paso firme con su proyecto de reformar las rutas de ingreso a los puertos del Gran Rosario. Ahora, tuvo una reunión con los representantes del campo para presentarles la iniciativa, buscar coincidencias y limar asperezas tras los cruces de la semana pasada. El acuerdo: ir a tocarle la puerta a Javier Milei.
Dada la importancia que le dan en la Casa Gris al proyecto, quien encabezó la reunión fue el propio gobernador, secundado por las figuras más importantes de su gabinete. Estuvieron los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, de Economía, Pablo Olivares, de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini; y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha. Del lado del sector privado, además de la Bolsa de Comercio de Rosario, asistieron todas las entidades que representan la cadena productiva del campo, desde las rurales hasta los acopiadores.
El encuentro se dio luego de que la Sociedad Rural manifestara sus reparos al proyecto en un tuit que tensó el vínculo con la Casa Gris. “Advertimos que la implementación de una nueva tasa sobre el transporte de cargas implicaría, en los hechos, un aumento adicional de los costos logísticos que recaerá directa o indirectamente sobre los productores agropecuarios, en un contexto ya marcado por una elevada presión impositiva”, había dicho la entidad agropecuaria.
Por eso, Pullaro expresó luego del encuentro su intención de consensuar el proyecto. “La mejor alternativa es armar un sistema que administre los recursos de manera acordada y pactada por todos, donde la provincia sería una pata más de las que participan”. Para ganarse al sector privado, Enrico se encargó de mostrar al comienzo de la charla las obras que viene haciendo Santa Fe. “Invertimos más de US$200 millones y queremos llegar a US$450 millones con recursos propios”, resaltó luego el gobernador.
Por eso, la reunión sirvió para acercar a las partes. La Casa Gris explicó, por ejemplo, por qué quiere que la figura sea un fideicomiso y no directamente poner un peaje. Lo que valoran es que, de esa manera, todo lo que se recaude irá a un patrimonio especial, separado, que se invertirá en los más de 500 kilómetros de ruta involucrados. Además, permite que todas las partes involucradas -gobierno, productores, puertos y demás- tengan voz y voto en la confección del plan de obras. “Maxi no quiere tocar un peso de esa plata”, resumió una figura del gabinete.
El fideicomiso, además, permitiría salir a tomar créditos en el exterior sin necesidad de obtener la garantía soberana que otorga el Ministerio de Economía de la Nación, un requisito ineludible para las provincias. Santa Fe lo sufrió con el préstamo de US$150 millones que le otorgó la Corporación Andina de Fomento para los ingresos portuarios, que estuvo pisado un buen tiempo. En los primeros años, la inversión necesaria en obras de gran porte supera los US$2 mil millones, por lo que se descuenta que no alcanzará con lo que se recaude de tasa a cada camión que ingrese.
El tema del financiamiento es aún el más difícil de consensuar. El número tentativo es de US$1,5 por tonelada transportada, un precio que no terminó de cerrar en el sector privado. Por eso, Pullaro deslizó en la mesa que la llegada a ese número podría ser progresiva y atada a rebajas de otros impuestos nacionales, como las retenciones. En el gobierno provincial piensan en un esquema a más de 20 años, por lo que el factor tiempo juega a su favor.
En ese sentido, la Sociedad Rural propuso aunar fuerzas para ir a tocarle la puerta a la Casa Rosada. A ninguna de las partes le escapa que el gobierno recauda unos US$400 millones al año solo en Santa Fe por el impuesto a los combustibles, que en teoría deberían destinarse al arreglo de rutas. La idea es ir juntos a pedirle a Toto Caputo que aporte al menos un porcentaje para fondear el fideicomiso. Sabe, sin embargo, que es una misión difícil.
“Nación debería solventar esto, pero lamentablemente los gobiernos pasan, las inversiones no se llevan adelante, y el problema lo tenemos nosotros”, dijo Pullaro luego. “El Estado nacional ha dejado desamparada a la provincia y a esta zona; y Santa Fe hace una inversión muy grande, que no le corresponde, pero afrontamos para resolver esta problemática porque por acá sale más del 70% de la producción agrícola”, agregó, en línea con su estrategia de oposición temática al gobierno de Milei.
El tema que en el gobierno provincial aseguran que está solucionado es el de los intendentes. Los municipios involucrados en el fideicomiso deben resignar el cobro de su propia tasa vial para cederlo a la Casa Gris y que un porcentaje sea coparticipado. El monto tentativo que se llevarían es de US$0,40 por tonelada, alrededor del cual se habría llegado a un acuerdo. Sin embargo, del lado de los intendentes no fluyen certezas sobre el tema.
Lo que aún está en discusión es el método de cobro. En el gabinete provincial explicaron que un peaje significaría que los recursos vayan a rentas generales, lo que justamente quieren evitar, además de que no distinguiría entre autos y camiones. Una de las opciones es que sea virtual y se controle a través de patentes en los accesos. El pago podría hacerse en conjunto con la solicitud de la carta de porte o mediante el STOP, el sistema de turnos de descarga en los puertos implementado en 2018 para el que también se anunciaron modificaciones hace poco.
Según informaron fuentes de la Casa Gris, la próxima reunión será con los transportistas. Ahí no pareciera haber inconvenientes, no solo porque el plan implica una mejora en sus condiciones de trabajo sino también porque el jefe del gremio camionero de la Bota, Sergio Aladio, tiene un buen vínculo con Pullaro. El siguiente paso será la Legislatura: la idea es que el esquema sea aprobado por ley. Si bien quiere que empiece a rodar a fines de 2027 o principios de 2028, el tratamiento debería ser antes de diciembre para evitar los avatares electorales del próximo año.