Desde el lunes regirá el nuevo Código Procesal Penal Federal, pero faltaba reorganizar la magistratura. Parches para tapar las vacantes.
La Cámara de Casación Penal Federal definió la organización de los colegios de jueces para la entrada en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara de Federal de Rosario prevista para este lunes 6. Motivo de pulseadas y desacuerdos, dos acordadas aportaron algo de claridad a menos de 48 horas hábiles del debut.
El sistema acusatorio –que se implementa progresivamente por regiones en el país– entra en vigencia a la cero del lunes 6 en el área de Rosario, que comprende buena parte de la provincia de Santa Fe y el norte bonaerense. La fecha la definió el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona a fines de marzo pasado, tras la ola de atentados de bandas narcocriminales en Rosario.
Cúneo puso a trabajar a la Justicia federal a toda marcha. Y el presidente de la Corte Horacio Rosatti personalmente se puso al frente de las gestiones para asegurar recursos, tecnología, cargos, reestructuraciones funcionales, organizar la Oficina Judicial (cerebro administrativo del nuevo sistema) y solucionar el déficit edilicio para montar las salas de audiencias.
Mientras el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría tenían encaminadas sus necesidades primordiales, una de las resoluciones que la Justicia federal de Rosario esperaba era la organización de los colegios de jueces, que compete a la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal de ese fuero del país.
Los plazos originales se extendieron y la resolución llegó en las últimas horas cuando se conocieron las Acordadas 1 y 2 de 2024. Allí los diez jueces de la casación definieron un esquema provisorio o de contingencia ante la imposibilidad de cubrir las vacantes de jueces y otro a futuro para cuando se concluyan los concursos y se produzcan las designaciones.
Definieron que el Colegio de Jueces de Revisión lo integrarán los miembros de la Cámara Federal de Rosario más los que se incorporen en e futuro a partir de los cargos creados por la ley de fortalecimiento de la Justicia federal de Santa Fe que votó el Congreso en 2021.
El Colegio de jueces de Juicio y Ejecución estará integrado por quienes son parte de los cuatro Tribunales Orales en lo Criminal de la jurisdicción, tres en Rosario y el restante en Santa Fe.
El Colegio de Jueces de Garantías será ejercido por quienes están a cargo de los actuales juzgados de primera instancia: los dos de Rosario, los que están en funciones en Santa Fe, San Nicolás, Rafaela y Venado Tuerto. A ellos se agregarán los cargos creados por la ley de fortalecimiento cuando sean designados.
Hasta ahí la acordada número 1, que expresa el organigrama ideal, pero imposible de cumplir por las vacantes existentes. Por lo tanto, Casación redactó una segunda acordada en la que define un plan de contingencia para hacer posible el esquema definido en la primera acordada.
Establece que "debe repararse el escaso número de jueces que la jurisdicción tiene en la etapa de Garantías", que son sólo cinco, a diferencia de los Juicio y Ejecución que con 11 y una sola vacante son el plantel más completo.
En función de ese desbalance y ante la urgencia, se definió que quienes ejercen en Juicio y Ejecución también oficien como jueces de garantía, que son los que intervienen en la primera instancia del proceso penal, resolviendo incidencias, controlando las imputaciones de la fiscalía, medidas de privación de libertad, entre otras.
Sin embargo, esa decisión "en función de dotar de eficacia al servicio de Justicia", tiene una llamativa aclaración: sólo oficiarán como jueces de Garantías "quienes hayan mostrado disposición" a hacerlo. Es decir, no será una obligación funcional sino una voluntad personal de "colaborar" de quienes integran los tribunales de juicio .
Letra P ya había contado de la resistencia entre los magistrados de juicio (integran tribunales) a trabajar también en la etapa de garantías. Que no querían ejercer la doble función o doble agenda. Esta posibilidad puso en alerta a jueces y juezas de Juicio de distintos puntos del país, donde más temprano que tarde se implementará el sistema acusatorio con la posibilidad de que también se les quiera asignar la doble agenda.
El mes pasado, jueces de Juicio pidieron audiencia y fueron recibidos en la Cámara de Casación, donde hicieron escuchar su voz, aunque el motivo formal fue ponerse a disposición de las necesidades que demanda el nuevo sistema.
Ante criterios diferentes, en Casación optaron por establecer el criterio que en el caso de Rosario alcanza al juez de Juicio y Ejecución Eduardo Rodríguez da Cruz, el más nuevo de todos y que mostró disposición para ejercer temporalmente como juez de Garantías hasta tanto se cubra la vacante.
A medida que el nuevo sistema soporte mayor carga laboral se verá si esta resolución alcanza para atender la carga de trabajo en la primera trinchera del proceso.
El nuevo Código Procesal cambia de plano la labor de jueces y juezas, en especial los de primera instancia. En el sistema acusatorio se integran en colegios a los que la Oficina Judicial les asigna audiencias en las cuales resuelven en función de los planteos de la fiscalía y la querella por un lado y de la parte defensora por el otro. Desaparece el juzgado unipersonal como es en la actualidad, en el que el juez o jueza administran, manejan los expedientes, investigan y acusan a la vez.