Dos de ellos son magistrados históricos sobre los que pesan miradas críticas. Los casos más resonantes. Los nombres para la fiscalía.
Juez Federal de Rosario Marcelo Bailaque.
En el trascendente cambio de modelo de enjuiciamiento en la Justicia Federal de Rosario hubo una especial prueba de fuego: saber quiénes se desempeñarán en la estratégica tarea de jueces de garantías. En principio, si no hay cambios de último minuto, habrá tres magistrados en la ciudad de Rosario: Carlos Vera Barros, Marcelo Bailaque y Eduardo Rodrígues da Cruz.
El sistema acusatorio pleno arranca este lunes 6 de mayo en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Entre en vigencia en el primer minuto del día y habrá un acto con la presencia de Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, autoridades provinciales y se espera confirmación de la Corte nacional.
Con el nuevo sistema acusatorio queda removida la facultad de investigación que hasta ahora tenían los jueces de instrucción. El perfil del tipo de delitos que se persiga y de sus actores tendrá que ver con la política criminal de los fiscales.
No obstante jueces y juezas de garantías conservarán una influencia vital: son ellos los que al inicio avalan la continuidad de las causas y conceden o deniegan medidas de investigación, como órdenes de allanamiento, secuestros de efectos e interceptación de comunicaciones. “Son los que pueden habilitar todo o trabar todo”, dice un integrante de la Justicia federal.
La crítica pública más furibunda contra la Justicia federal de Rosario ha sido por sus históricas omisiones en la persecución de actores fuertes de la criminalidad regional en su ámbito de competencia, tanto que las figuras más conspicuas del delito de drogas, como Esteban Alvarado o los miembros jerárquicos de Los Monos, fueron investigadas y sancionadas primero por la Justicia de Santa Fe.
El otro reproche fuerte es que el poder económico regional se escabulle con éxito y queda al margen de las pesquisas. Las causas penales tributarias o de lavado de activos brillan por su ausencia. Y cuando hubo acciones sospechables sus protagonistas, insiste la crítica, recibieron tratamiento provechoso para ellos.
La opacidad estructural del sistema escrito de los juzgados federales de instrucción –aún vigente en gran parte del país– afianzó un sistema de escasos o nulos controles que posibilitaron impunidad, en un ámbito invisible en el que los jueces, a veces sus secretarios, tuvieron un poder mayúsculo. Eso está en la conversación pública: lo dicen en la Corte Suprema de la Nación, en el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, en la Intendencia de Rosario, en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y también en la prensa, sobre todo la de afuera de Rosario. Y en la agenda abundan circunstancias no libres de polémica.
En estos días el juez federal Marcelo Bailaque afronta un muy postergado trámite disciplinario en el Consejo Nacional de la Magistratura. Responde a la denuncia elevada por el Colegio de Jueces de la Justicia Provincial de Rosario al finalizar el juicio del líder criminal Alvarado. El día que lo condenaron a prisión perpetua se remitió un planteo de los fiscales rosarinos, que pidieron investigar al magistrado federal por no acceder en 2013 a producir medidas de prueba requeridas por fiscales federales sobre los teléfonos de tres personas. La evidencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) rendida e ignorada por la Justicia Federal sirvió nueve años después para condenar a Alvarado y varios de sus cómplices en el ámbito provincial.
En 2022 también hubo una fuerte recriminación de fiscales provinciales a Bailaque por no conceder autorización para allanar una mutual, la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral en Rosario, donde según los acusadores se les vendían dólares a traficantes de droga. Todas cosas que se remueven ahora, como la también discutida restitución de la libertad y los teléfonos a un excomisario de Drogas Peligrosas, Edgardo Baigoría, dos años antes de que lo detuvieran por un tema de narcotráfico.
También tuvo amplia resonancia una resolución poco entendible tras una denuncia penal contra la cerealera Díaz y Forti por no liquidar 680 millones de dólares de exportaciones de granos, revelada por el periodista Germán de los Santos en La Nación. Los directivos, a los que encabezaba Ariel Olio, y asesoraba el hoy ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, admitieron el delito. Poco después de la renuncia de Cúneo Libarona a la defensa para asumir como ministro, el juez federal Carlos Vera Barros absolvió a Olio y condenó a la cerealera a pagar una multa de 4 millones de dólares, que el columnista Carlos Pagni calificó de “irrisoria”.
En estos días está bajo la lupa la negativa de Vera Barros a allanar el estudio jurídico de la abogada Paula Ríos. Lo que una fiscalía federal investigaba era el intento de un clan narco, los Tripi, de ingresar 1.200.000 pesos a una sede de la Policía Federal, donde estaba uno de los detenidos.
La pesquisa, que merece un controvertido trámite apelado, llegó hasta la abogada del detenido sospechando que intentó ingresar ese dinero al sistema alegando que eran sus honorarios. La fiscalía pidió la requisa del estudio de la profesional, excandidata a intendenta de San Lorenzo, y el magistrado lo negó alegando que era una intromisión indebida al espacio de una profesional.
Estos casos acumulados en los dos juzgados federales en lo criminal de la ciudad de Rosario están en la mesa de los círculos rojos de la Justicia nacional y de la política de Santa Fe. Con el nuevo Código Procesal Penal Federal, a partir del lunes ambos magistrados se desempeñarán como jueces de garantías en Rosario junto con Eduardo Rodrígues da Cruz, que es un vocal del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario procedente de Comodoro Py, que es respetado entre sus colegas locales y tiene opinión positiva en la conducción del Poder Judicial.
La declinante valoración de los juzgados de instrucción federal que se extinguen en el último minuto del domingo 5 de mayo se percibe en las denuncias de casos complejos que se radican en otras jurisdicciones por la desconfianza a lo que ocurre en esos dos despachos judiciales.
Pasó con el seguimiento del grupo de colombianos que intentó despachar a ultramar 1.658 kilos de cocaína en panes desde el puerto de Rosario en 2022. O la denuncia por administración fraudulenta y lavado de activos contra el exlíder del Sindicato Unidos Portuario de Argentina, Herme Juárez.
Otra decisión relevante adoptada en las últimas horas tiene que ver con las funciones que tendrá el Ministerio Público Fiscal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario. Como coordinador quedará el fiscal federal Fernando Arrigó, función que implicará decisiones sobre los criterios específicos de persecución penal.
En el área de delitos complejos estarán los fiscales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra. La fiscal Adriana Saccone será asignada a Atención Inicial y casos sencillos. Martín Suárez Faisal será fiscal revisor y de salidas alternativas. Por último, en el sistema transicional, que administra las causas del sistema que expira hasta tanto concluyan, quedará el fiscal Claudio Kishimoto.