La Cámara de Apelaciones homologó el acuerdo concursal tras cuatro años. Lo privado se arregla entre privados. ¿Último round en la Corte? ¿Fin de la guerra?
Vicentin logró una victoria en la era Javier Milei
Era cuestión de tiempo nomás. Mientras el gobierno de Alberto Fernández confrontó contra Vicentin y hasta intentó expropiarla, a sólo tres meses de la asunción de Javier Milei primaron los vientos liberales que predican que lo privado se resuelve exclusivamente entre privados, y la cerealera obtuvo su acuerdo preventivo con los acreedores que buscó durante cuatro años.
Con los votos de Santiago Andrés Dalla Fontana y Mauricio Sánchez y la abstención de Alejandro Alberto Román, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, apeló a la practicidad, revocó la sentencia del juez de primera instancia Fabián Lorenzini, que rechazaba la propuesta de la cerealera, y homologó el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías.
Ahora se allana el camino para iniciar el proceso de pago por casi 1.400 millones de dólares de la deuda verificada a 1.700 acreedores en un concurso iniciado a principios de 2020. “Ni siquiera desde el punto de vista del exclusivo interés patrimonial de los acreedores quirografarios avizoro que aventurarnos a un incierto periodo de salvataje o de quiebra se presenta como una mejor opción al acuerdo presentado a homologación”, sostiene uno de los camaristas en el texto de 20 páginas que da vuelta lo escrito por el juez de Reconquista.
Ahora hay un período de cinco días para hacer objeciones. El abogado Gustavo Feldman, representante legal de Commodities SA del grupo Grassi afirmó a Letra P que "sin dudas recurrirán (a la Corte provincial) y todo se pondrá en su lugar". Fuentes cercanas a la empresa creen que no habrá tal camino.
Probablemente el contexto político tanto nacional, que promueve lo privado sobre todo, y también lo provincial, con un nuevo gobierno que por supuesto tiene visión judicial, haya incidido de alguna manera. “Algo tienen que ver los cambios de aire. El escenario económico es horrible pero hay una sensación distinta a cuestiones que tienen que ver con el ámbito privado como es este concurso”, se sinceró alguien cercano a la concursada.
La resolución en un pasaje aclara que “es deber del Tribunal” atender en este momento especialmente el interés de los acreedores disidentes y aclara: “En efecto, los que la han consentido (a la propuesta) han dispuesto libremente de su patrimonio y no corresponde que el Estado (a través del Poder Judicial) se inmiscuya en su esfera de libertad patrimonial”.
Una pregunta accesoria en la causa pero importante en la novela es cómo queda parado en todo esto el juez Lorenzini, después de estar cuatro años al frente del concurso y atacado por varios lados. En septiembre sorprendió con el rechazo a la homologación luego de ser señalado por beneficiar con algunas actitudes a la cerealera quizás cuando ameritaba, según fuentes judiciales, darle el ok. Ahora, al revocar la sentencia, quizás la cámara lo exponga pero de algún modo también le saca presión al darle, en principio, un final al tema.
La resolución se encarga de desarmar el punto neurálgico del rechazo de Lorenzini, quien sostuvo que lo que le impedía homologar la propuesta era "la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la sociedad concursada". Esto refería a que pagaba en distintos tiempos y condiciones mientras que la propia empresa conservaba beneficios.
“No es suficiente rechazar la homologación por entender que la propuesta podría haber sido mejor de otra forma”, expresa. Y luego resalta que “siendo incapaz de generar un ofrecimiento a sus acreedores para afrontar la crisis con recursos propios encontró la alternativa de que sean tres reconocidas empresas (ACA, Viterra y Bunge) las que aportarán fondos para la propuesta en debate”.
A cambio de la cesión del 95% de las acciones, estos “interesados estratégicos” ofrecen para los acreedores, gastos y honorarios del concurso una suma total aproximada de U$S 591 millones de dólares. A cuento de esto último, la resolución ordenó pagar las costas de la instancia a Commodities SA que fue parte de la apelación y desató desde el principio una guerra judicial contra la cerealera.
Las definiciones fueron concluyentes acerca de qué rumbo final debe tomar el concurso, sobre todo con una conclusión de oportunidad de negocios tras un cálculo patrimonial. En un promedio de los valores máximos y mínimos estimados al liquidar Vicentin se obtendrían U$S 320 millones. Es decir que los interesados estratégicos estarían inyectando U$S 271 millones más (un 84,68% más), una cifra total que “sería muy difícil de conseguir en cramdown o quiebra”.
Por eso define: “Consecuentemente, este escenario falencial no parece poder satisfacer los intereses de los acreedores de una mejor forma que la propuesta sujeta a homologación”.
“Tampoco luce probable que en el marco de un supuesto periodo de salvataje surja una propuesta que supere el aporte de U$S 591millones para una empresa en marcha valuada -en el mejor de los casos, según las consultoras- en U$S 425 millones. Normalmente, en el mundo de los negocios, nadie paga algo más de lo que vale”. El tren pasa una sola vez parece decir.