Fracasado el concurso, se abre una nueva etapa para Vicentin.
El juez de Reconquista Fabián Lorenzini, resolvió no homologar la oferta concursal de Vicentin y abrió el proceso de concurrencia o cramdown para recibir propuestas de eventuales interesados en quedarse con el gigante agroexportador con sede en la ciudad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe.
El fallo, dado a conocer minutos antes de las 14 de este viernes, establece en el punto dos "rechazar el pedido de homologación de la propuesta concordataria presentada por la sociedad Vicentin Saic" y "ordenar la apertura del período de concurrencia (Art. 48 Ley de Concursos y Quiebras)".
También rechaza las impugnaciones a la oferta de la empresa que presentaron Banco de la Nación Argentina (BNA), Commodities SA, Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), Banco de la Provincia de Buenos Aires (BPBA) y Banco de Inversión y Comercio Exterior SA (BICE). Todos son acreedores que se oponían a la oferta de pago de Vicentin.
El período de concurrencia o cramdown es una instancia previa a la quiebra en la que el juez corre al directorio de la empresa y recepta propuestas para hacerse cargo de la empresa en cuestión. Si esta instancia también fracasara no tendría más opción que declarar la quiebra.
De todos modos, en el fallo Lorenzini, a propuesta de la fiscal extrapenal, habilita el "mecanismo de la Tercera Vía" dentro del artículo 48 de la LCQ: Vicentin "podrá efectivamente procurar adhesiones en el marco del período de concurrencia, sin menoscabos frente a los posibles oferentes que pudieran presentarse. Asimismo, continuará en poder de administración, con las limitaciones ya impuestas a raíz de su presentación en concurso preventivo".
En definitiva, Vicentin puede reformular y mejorar su propuesta dentro del cramdown y competir con la de los oferentes que se presenten.
Lorenzini definió abrir el Registro de Oferentes por un plazo de diez días hábiles judiciales (hasta el 29/09/2023 inclusive), para lo cual los interesados deberán acreditar el depósito en concepto de garantía y seriedad de oferta, consistente en la suma en pesos equivalente a U$D.100.000.
La decisión de Lorenzini se aguardaba hace tiempo y fue motivo de una potente pulseada entre el directorio de Vicentin y un grupo de oferentes encabezados por el grupo Grassi, a través de Commodities SA, junto con el Banco Nación, la Afip y el Banco Provincia, entre otros, que rechazaban la propuesta y empujaban la instancia de cramdown. Para eso litigaron, tanto en el fuero penal como en el comercial y ante la Corte Suprema de la provincia.
Fuentes vinculadas al acreedor Commodities SA confirmaron que será parte de una oferta que ingresará en los próximos días al Registro de Oferentes que se abre el lunes.
Vicentin se declaró en cesación de pagos los primeros días de diciembre de 2019. Comenzó ahí el proceso concursal más grande de la historia de la provincia de Santa Fe y probablemente del país. Se verificaron acreencias por 1.573 millones de dólares.
La empresa había hecho una primera oferta que el juez ordenó mejorar. Le siguió una segunda que es la que este viernes decidió no homologar y que consistía en ceder el 95% del capital accionario y pagarle la totalidad de las deudas a los acreedores quirografarios por un monto de u$s 30 mil y ceder el saldo de esas deudas a “un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario” reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a un 5%”.
En realidad, detrás de esa propuesta siempre estuvieron tres inversores estratégicos que pretendían quedarse con la agroexportadora: Molinos Agro (luego reemplaza por Bunge), Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que en conjunto aportarían u$s300 millones por año como capital de trabajo y otros u$s420 millones para cubrir el pago de las deudas a bancos, cooperativas, empresas y a cientos de productores.
La propuesta reunió los avales que exige la ley, tanto en cantidad de acreedores como por monto, pero aún así quedó trabada porque al mismo tiempo que se desarrollaba el concurso en Reconquista, en Rosario la Justicia penal imputó al directorio de Vicentin, les impuso una millonaria caución para que pudiesen conservar la libertad e inhibió los principales bienes de la empresa, los cuales eran necesarios enajenar, según la propuesta presentada, para cumplir con los pagos prometidos.
Lorenzini explica en su fallo los impedimentos que le hacen imposible homologar la propuesta de pago:
-La oferta se basa en "un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal sobre las espaldas de aquellos acreedores que no perciben el 100% de sus acreencias dentro de los primeros 365 días de la propuesta".
-"No resulta legalmente aceptable que aquellos saldos de capital impago no tengan ninguna aptitud para generar en forma inmediata alguna rentabilidad".
-"En ningún momento se menciona -si existe y cómo será- la participación en cuestiones de decisión, distribución de fondos o control de la marcha de la empresa por parte de acreedores que obligatoriamente formarán parte de dicho fideicomiso. Los acreedores no tienen asignado en ningún momento un rol activo".
El concurso que se abrió en medio de polémicas porque el juez lo habilitó en el mes de febrero, sin exigirle a la empresa que presentase balances. Luego tomaron estado público los millonarios créditos que obtenía del Banco Nación en concepto de prefinanciación de exortaciones, que por entonces presidía Javier González Fraga, durante el gobierno de Mauricio Macri, incluso hasta pocos días antes de la cesación de pagos, cuando la empresa ya acumulaba cifras impagas y siguió recibiendo fondos por afuera de las normativas.
También salieron a la luz las maniobras de transferencia de fondos desde Vicentin Saic a un complejo entramado de empresas y grupos vinculados donde los nombres de los directorios se repetían, con sedes en Uruguay, Paraguay, España y paraísos fiscales.
Entre los damnificados hubo cuatro grandes grupos. El Banco Nación, que es el principal acreedor individual, con un impago de alrededor de 300 millones de dólares. Una decena de bancos extranjeros que en total sumaron alrededor de 500 millones de dólares. Y el otro grupo relevante son los acreedores comerciales, a los que Vicentin no les pagó por los granos que tomó hasta horas antes de comunicar la cesación de pagos. Entre estos últimos se encuentran productores agropecuarios, cooperativas, corredores de granos, proveedores de servicios, entre otros.
Extendió por tres años los permisos de las terminales porteñas y aprobó un ajuste tarifario a partir de enero. Licitación sin fecha y condicionamientos para la próxima gestión.
Quienes viven del mercado o acceden al socorro del Estado, frente a quienes miran con la ñata contra el vidrio: he ahí la nueva grieta nacional.