ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La novela Vicentin no se reduce al concurso preventivo que intenta levantar un default millonario desde hace dos años. Ni siquiera alcanza con quedarse con las posibles responsabilidades comerciales y penales de quienes dirigían la cerealera en el momento en que estalló la cesación de pagos por 1.400 millones de dólares. Detrás del régimen concursal y penal se esconde una lucha de poder furiosa en un mercado que mueve mucho dinero y no perdona errores o jugadas que compliquen sus intereses.
Por eso toman mucha repercusión las audiencias penales en los tribunales provinciales ubicados en Rosario por la causa por estafa contra los exdirectivos de Vicentin impulsada por varias denuncias de productores y empresas agropecuarias, entre ellas Commodities SA, del Grupo Corredor Grassi, uno de los máximos acreedores comerciales con casi 2.800 millones de pesos.
En el entorno a la concursada interpretan como animosidad el impulso penal de Grassi luego de que no pudiera hacer pie con sus propuestas en el concurso preventivo, régimen que se encamina con la aceptación mayoritaria de cápitas de la propuesta de pago. “Les quedaron debiendo 80 palos verdes, cómo no van a estar calientes”, se sinceró alguien con conocimiento de la causa.
Según se comenta en el ambiente empresarial, Grassi intentó más de una vez una salida para quedarse con activos de la agroexportadora, incluso apelando a figuras como un fideicomiso propio y hasta el impulso del cramdown, un salvataje con acreedores dentro de los límites del régimen concursal. Ahora la estrategia parece ser incorporar a la causa a la aceitera Renova, exsocia de Vicentin, para complejizar el frente interno.
De hecho, este lunes la Unidad de Delitos Económicos y Complejos amplió la imputación a los exdirectivos y sumó a dos de la aceitera por administración fraudulenta por el destino de unas 55 mil toneladas de soja, justamente de Commodities, que significan unos 25 millones de dólares a cambio oficial. La presunción es que el correacopio entregó esos granos entre 2018 y 2019 a Renova, y que ésta transfirió sin autorización a Vicentin, quien era dueña con Glencore de la aceitera, para nunca más devolverlo.
El abogado de la corredora, Gustavo Feldman, vincula la supuesta maniobra con el default, al sostener que se intentó “meter la obligación de Renova en la masa concursal de Vicentin, y eso es lavado de activos”. Entre la presunta estafa, administración fraudulenta y lavado, el actor quiere llegar a la figura de vaciamiento por parte de la cerealera como forma de no honrar sus deudas.
Desde la defensa sostienen que la operación fue verificada en el concurso y el juez lo avaló. Incluso se preguntaron por qué no denunciaron judicialmente a la aceitera más allá de que ahora se imputó a dos exdirectores Sergio Gancberg y Daniel Pájaro. Justamente Gancberg, ex directivo de Viterra del grupo Glencore, reveló en su declaración que el grupo Grassi le pidió asistencia financiera a Renova en algunas reuniones, pero la aceitera no cedió. Después de eso, Grassi avanzó en el frente judicial.
La audiencia se embarulló. El juez Román Lanzón sostuvo que bien podrían haber sido dispuestos los fundamentos para la ampliación de la imputación en sede fiscal sin necesidad de la audiencia. De hecho, no continuó la intervención de Feldman, luego de una objeción de la defensa. Finalmente prohibió salir del país a los imputados pero no amplió la caución. La causa tiene para largo. Mientras, se cree que el concurso preventivo llegará a una solución en breve, lo que entienden que podría desinflar los ánimos.
