La auditoría en la sede del sur de Córdoba detectó un salto irregular en prácticas autorizadas sin filtro. Ethical Salud en la mira. Los rebotes de la causa.
La sede del PAMI en Río Cuarto fue allanada el 7 de noviembre, en el marco de la causa por defraudación
La Justicia Federal de Río Cuarto avanza con la investigación por presunta corrupción en el PAMI del sur de Córdoba. Por una presunta defraudación por $600 millones y a hay tres detenidos, cinco imputados y la sospecha de que el escándalo podría llegar a Buenos Aires, en la estructura que dirige Esteban Leguízamo, que decidió endurecer controles.
El escándalo terminó de explotar cuando una auditoría interna del PAMI riocuartense encontró aumentos exponenciales en la facturación de un centro de rehabilitación, que declaraba prestaciones por encima de las posibilidades de su infraestructura. De agosto a septiembre de 2024, saltaron de cinco a 60 por mes y, en enero de este año, a más de 100 casos.
La apuntada, Ethical Salud, es una firma originaria de Córdoba que se dedica a la rehabilitación de pacientes ambulatorios y tiene su sede social en la capital alterna. Todo indica que, entre otros artilugios, habría acortado antojadizamente la duración de los tratamientos para luego fraguar que los completaba. Además, tendía a dar las prácticas médicas más costosas posibles. También se habría salido a la luz que su capacidad edilicia no se correspondía con la cantidad de pacientes que decía atender.
Esos datos provisionales surgen de la última auditoría interna, una de las primeras medidas del nuevo director de la UGL 36, Leonardo Farina, designado a principios de agosto de 2025, un año después del inicio de la sobrefacturación.
Los primeros pasos de la investigación judicial fueron con pie de plomo, pero luego todo se precipitó rápidamente. El 7 de noviembre pasado, el Juzgado Federal de Río Cuarto ordenó tres detenciones y allanamientos en la sede del PAMI de Río Cuarto, en la sede de la prestadora Ethical y otros 13 domicilios en Córdoba y ciudades del interior provincial. A nivel local, el despliegue de Gendarmería y Arca alteró por completo la rutina de la ciudad y rápidamente transformó el caso en un escándalo.
Uno de los detenidos es Pablo Adzich, presidente de la Cámara de Internación Domiciliaria de Córdoba. Contador público cordobés, de 55 años de edad, está vinculado desde hace mucho tiempo con el sector de los prestadores de salud, pero también con los jefes de los organismos públicos.
El otro cordobés que quedó privado de la libertad sospechado de asociación ilícita y defraudación al Estado es Gonzalo Lima, licenciado en kinesiología, gerente de Ethical Salud, de 59 años de edad, mencionado como exempleado de PAMI de Córdoba y cara visible de la prestadora que hoy está en el ojo del huracán judicial.
Adzich y Lima eran socios. Juntos habían constituido en diciembre de 2015 Gopaco SA, una empresa que se dedicaría a la prestación, gerenciamiento y consultoría en servicios de salud, con atención médico-asistencial domiciliaria y servicios de rehabilitación para pacientes con secuelas por trauma o enfermedad.
El tercer detenido es Lucas Kurilkowich, de 43 años de edad y domiciliado en Santa Catalina-Holmberg, que hoy forma el conglomerado del Gran Río Cuarto. Tendría responsabilidades en la atención del centro de rehabilitación de Ethical en la capital alterna.
Según la auditoria, todo indica que Ethical Salud habría podido sobrefacturarle al PAMI de Río Cuarto gracias a un protocolo de virtual autogestión que implementó el instituto en todo el país, a mediados del año pasado. Dentro de este nuevo esquema administrativo, el centro de rehabilitación carga al sistema la orden médica electrónica, junto con la documentación del afiliado, y así pide la autorización de la prestación desde el nivel central. En la práctica, todos y cada uno de los tratamientos solicitados volvían con luz verde desde Buenos Aires.
Según trascendió, la presunta maniobra se haría con un tipo de prestaciones muy específicas, todas contenidas en el módulo mensual de rehabilitación de jornada simple, conocido dentro del PAMI con el código 140010. Está pensado para que pacientes con cuadros complejos hagan su tratamiento de cuatro horas de lunes a viernes, en el hospital de día, y es una de las prestaciones más costosas.
Ahora bien, el otro lado de ese circuito administrativo centralizado sería la escasa participación de las autoridades locales de la UGL 36 de Río Cuarto. Quienes conocen el instituto explican que los directores de las delegaciones perdieron paulatinamente más y más poder en los últimos años, en un proceso que data incluso antes de la llegada de Javier Milei. No sólo las autorizaciones, sino también los movimientos de cápitas, el pago o el alta de prestadores, todo pasó a ser facultad del nivel central.
Este esquema centralista podría explicar, hasta cierto punto, por qué ninguno de los tres directores que tuvo a su cargo la UGL Río Cuarto desde 2024 a esta parte -Ricardo Scattolini, Santiago Pinasco y Leronardo Farina- está en la mira de la Justicia Federal. Sin embargo, deja abierto otro interrogante: ¿por qué tampoco hay sospecha sobre ninguno de los funcionarios de PAMI nivel central? De momento, todos los detenidos vienen del lado de la prestadora y ninguno del lado del instituto.
Eso no significa que el panorama cambie con el avance de una investigación que, ciertamente, está en sus comienzos. Mientras el juez Carlos Ochoa completó esta semana la ronda de indagatorias, la causa se mueve bajo secreto de sumario.
El origen del “sistema de autogestión”, como algunos bautizaron al circuito administrativo vigente, hay que remontarlo al 1 de julio de 2024, cuando el PAMI Central puso en vigencia un nuevo esquema de autorización para rehabilitaciones con y sin internación. A través de la resolución 2024-790, eliminó el control que ejercían las delegaciones sobre las órdenes de prestación, entre otros cambios.
Con la firma del gerente de prestaciones médicas de PAMI Central, Néstor Rodríguez Benegas, borró de un plumazo la exigencia de un primer nivel de autorización de los módulos de hospital de día con jornada simple. Las unidades de gestión local, como la de Río Cuarto, dejaban de intervenir en ese proceso y todo se concentraba en las oficinas de Buenos Aires.
Sin el cambio de esa normativa que rige para los centros de rehabilitación a lo largo y ancho del país, seguramente no se podría haber siquiera imaginado una maniobra de sobrefacturación como la que se sospecha de la firma Ethical Salud.
Es justamente el alcance nacional del marco normativo el que habilita a pensar en posibles derivaciones del caso de Río Cuarto. Si aquí la sobrefacturación pasó por debajo del radar judicial durante un año, ¿algo impediría que ocurra lo mismo en otras partes del país?
¿Cuál es, por caso, la situación en la UGL 3 de la ciudad de Córdoba? Con 500 mil afiliados y una larga lista de prestadores, la de la capital es una de las jurisdicciones de PAMI más grandes en toda la geografía argentina.
Allí, pese a la diferencia de escala, la cosa tiene bastante parecido con lo que ocurre en la capital alterna. Relevamientos de fuentes del sector detectaron centros privados que le facturan al PAMI, a diario y en forma individual, una decena de módulos de hospital de día con el código 140010. Esa cuenta la ubica, incluso, por encima de la media diaria de Ethical en el sur provincial.