La vicepresidenta dispuso asueto administrativo, suspensión de actividades y recorte de gastos. Jubilaciones anticipadas y sesiones extraordinarias acotadas.
Victoria Villarruel
Victoria Villarruel resolvió cerrar el Senado durante enero tras admitir que la cámara alta se quedó sin recursos para funcionar. La vicepresidenta dispuso un receso administrativo, oficinas cerradas y un fuerte ajuste del gasto, que incluyó el lanzamiento de un plan de retiros voluntarios para achicar la planta de personal.
La titular del cuerpo legislativo reconoció que las partidas actuales no alcanzaron para sostener el funcionamiento cotidiano. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, afirmó ante la prensa durante la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula” en el palacio legislativo.
Villarruel ya había planteado el problema en una reunión en su despacho con el bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich.
Antes de iniciar el encuentro, advirtió que el Senado no contaba con fondos suficientes y luego distribuyó los despachos, un gesto que generó los primeros roces internos.
Según colaboradores de la vicepresidenta, el malestar se profundizó al detectar un trato desigual en la asignación presupuestaria frente a la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem. En el Senado sostuvieron que para 2026 se asignaron $4300 millones en bienes de uso a Diputados, mientras que la cámara alta no recibió partidas equivalentes, una versión que el entorno del riojano negó.
Bullrich quedó a cargo de gestionar un refuerzo presupuestario ante Karina Milei, pero no obtuvo respuestas. Sin esos fondos, las consecuencias comenzaron a sentirse en el funcionamiento diario del edificio legislativo y en la planificación parlamentaria.
Ante ese escenario, Villarruel resolvió avanzar con una medida drástica: durante enero, el Senado permanecerá cerrado, independientemente de la agenda que impulse la Casa Rosada. La decisión condicionó el debate de iniciativas que habían quedado pendientes.
Si bien el oficialismo postergó para febrero el tratamiento de proyectos como la reforma laboral y los cambios a la ley de glaciares, el Presidente quedó habilitado a enviar otras propuestas y solicitar su discusión al inicio de 2026. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas podrá iniciarse en la cámara alta mientras dure el cierre.
A través del decreto 633, Villarruel estableció un receso administrativo entre el 2 y el 31 de enero. Solo quedaron exceptuados los agentes considerados indispensables para garantizar el funcionamiento mínimo del Senado, principalmente tareas de mantenimiento y seguridad.
El personal deberá utilizar sus vacaciones y cada director de área identificó a los empleados necesarios para sostener el edificio. No se consideró esencial ninguna otra actividad, sin importar la dinámica legislativa que proponga el Poder Ejecutivo.
En paralelo, la vicepresidenta firmó otro decreto para habilitar un nuevo plan de retiro voluntario. La medida alcanzó a trabajadores con entre dos y 25 años de antigüedad. En el caso de las mujeres, el tope se fijó en 54 años y, para los varones, en 59.
El esquema permitiría reducir el gasto salarial en el corto plazo, aunque buena parte del personal alcanzado se encontraba próximo a la jubilación. En el Congreso es habitual que muchos agentes continúen en funciones varios años después de cumplir el tiempo de carrera.
El ajuste también impactó en las negociaciones paritarias. El personal del Senado llegó a las fiestas sin novedades sobre un aumento salarial, una discusión que los sindicatos mantienen con las autoridades de ambas cámaras.
Villarruel enfrentó una dificultad adicional: una resolución vigente establece que los incrementos salariales se indexan a las dietas de los senadores. En las últimas oportunidades, los propios legisladores pidieron ser excluidos de esos aumentos.
Sin presupuesto disponible, la vicepresidenta no pudo ejecutar subas y la paritaria quedó en suspenso, a la espera de una eventual ampliación de partidas. En ese contexto, también canceló actividades políticas durante enero y habilitó a su bloque a retomar la agenda recién en febrero.
Según el cronograma interno, la primera sesión del año quedó prevista para el 10 de febrero, con la reforma laboral y la ley de glaciares como temas centrales. Para entonces, Villarruel esperaba contar con más recursos. Nadie, por ahora, se lo garantizó.