Con la tutela del Banco Mundial, el Gobierno acelera reuniones para dar la compañía en concesión. San Pablo, Río y "el señor del cloro".
Dos consorcios brasileños, uno francés y el grupo Roggio aparecen firmes en la carrera por la privatización de AySA, la operadora de agua y saneamiento del área metropolitana. El Banco Mundial dirige el proceso y el gobierno de Javier Milei espera entregar la llave de la compañía a comienzos de 2026, aunque interesados creen que será hacia mitad de año.
El otro nombre que se menciona es el de Mauricio Filiberti, el "señor del cloro", aunque una facción de la administración libertaria desea que participe sin sus socios en Edenor, José Luis Manzano y Daniel Vila.
El decreto 494, del 22 de julio, inició el proceso para que el Estado venda el 90% de la compañía -el 10% restante quedó en manos de trabajadores con la privatización de los 90-. Un operador se hará del 51% de la empresa y el resto de las acciones se colocarán en la Bolsa.
El presidente de AySA, Alejo Maxit, coordina el proceso con la Corporación Financiera Internacional (IFC, sus siglas en inglés) del Banco Mundial. El brazo privatizador del organismo multilateral es el que le busca novio a la compañía, con reuniones reservadas y, hasta esta semana, informales.
Alejo Maxit, presidente de AYSA, la empresa que se encamina hacia su privatización.
Según fuentes al tanto de las gestiones, en estos días se intensificará el proceso. AySA también estaba en un limbo a la espera del resultado electoral. El Gobierno necesita apoyo en el Congreso y un riesgo país que reduzca el costo financiero de las empresas que quieran hacerse con la gestión del servicio. “En el último mes se paró todo”, advirtió una fuente que sigue la operación.
El Gobierno espera tener publicados antes de fin de año el pliego de licitación y el contrato de concesión. Maxit puja -y parece haberse impuesto- para que el pliego tenga dos requisitos.
Uno, la obligación de constituir un consorcio con al menos un socio nacional. Maxit cree que tener una “pata local” le imprime cercanía a la gestión del negocio y suele citar, en reuniones privadas, el contraejemplo de Edesur. Para él, la falta de una contraparte argentina alejó al grupo italiano Enel de la operación de un servicio de estándares mínimos de calidad.
Dos, que el operador acredite experiencia previa en la gestión de servicios regulados, aunque no exclusivamente en aguas. El argumento es que haberlo hecho más exclusivo habría dejado al grupo Roggio, que opera Aguas Cordobesas, como único local en carrera.
Distintos grupos empresariales mantuvieron reuniones reservadas con técnicos de la IFC, que se maneja con total hermetismo. La IFC entra a los países con asesoramiento y hace de celestina: trabaja los contratos y acerca empresas interesadas a los gobiernos que quieren entregar servicios a la gestión privada.
La IFC participó de forma muy activa en la concesión de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo (Sabesp), que se cerró a mediados de 2024, pocos meses después del inicio de la gestión de Maxit al frente de AySA.
“Están haciendo un copy paste del contrato de San Pablo”, dijo una persona al tanto de esas tratativas. El contrato paulista fue la última versión de un template que también se usó en experiencias previas de la IFC, como Manila, en Filipinas.
La licitación, internacional, tendría una pata local. La intención del Gobierno es aprovechar la espalda financiera que pueda aportar un grupo externo con operaciones más grandes que la de AySA y el knowhow de empresarios locales. Es lo que alguna vez, en YPF, el grupo Repsol definió como “expertos en mercados regulados”, al presentar el ingreso de la familia Eskenazi a la compañía.
El Gobierno trabaja para publicar antes de fin de año el pliego de licitación y el contrato de concesión. Aspira a entregar la empresa en el primer trimestre de 2026. Difícil: fuentes que siguen el proceso de cerca coinciden en augurar que los plazos se estirarán hasta mitad de año.
La burocracia interna también demora los procesos. Además de AySA y la IFC, se requiere el visto bueno de Diego Chaher, de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y del ministro Toto Caputo.
Maxit hizo una gestión focalizada en “sanear” a la empresa. Ofreció retiros voluntarios jugosos (u$s 30.000 promedio) para achicar un plantel profesional que el Gobierno juzgó muy grande. Argumentó que, entre 2006 y 2023, creció 90%, hasta los 7708 trabajadores. El Ejecutivo cree que AySA podría funcionar con 2000 empleados.
AySA aumentó tarifas y eliminó subsidios. Los usuarios pagan el 100% del costo del servicio, con una actualización mensual del 1%. Además, redujo la mora del 16% a valores de un dígito.
Con esa caja, achicó su deuda, a medida que los aportes del Tesoro menguaban. Canceló Obligaciones Negociables con fondos propios por casi u$s 250 millones y planea entregar la empresa sin deuda.
También finalizó obras de infraestructura clave, como el Sistema Riachuelo. La expresidenta de AySA Malena Galmarini se atribuye la ejecución de los trabajos, que Maxit puso en funcionamiento. Como sea, quienes cortejan a la empresa afirman que está “bastante bien invertida” y que la inversión hacia adelante deberá focalizarse en la expansión del servicio y el mantenimiento.
Todo esto le pone un precio más alto a la empresa, aunque ninguna de las fuentes consultadas para esta nota le puso un valor base. Un banco público (el Nación o el BICE) tasará la compañía. A eso se sumarán requisitos de inversión. El estudio Allende y Brea trabaja en los contratos, sobre la base del modelo de la IFC.
Para esto, sin embargo, hay un llamado de atención. Quienes están al frente de las intendencias del conurbano, que gestionan los territorios donde opera AySA, dicen no haber sido consultados sobre la operación. Tampoco sobre la privatización ni los controles. En AySA prometen que tendrán cierta injerencia en los organismos de control pero, por ahora, ¡afuera!
El esquema de concesión prevé dividir el control en dos organismos. El Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS) fiscalizará la calidad del servicio y la Agencia de Planeamiento (APLA) coordinará las inversiones necesarias entre las demandas de los municipios y las exigencias al concesionario.
El grupo Roggio, que gestiona Aguas Cordobesas, el subte porteño y otras empresas de servicios públicos, sigue el proceso con atención y aguarda los pliegos. La empresa que comanda Aldo Roggio -que busca dejar atrás la causa Cuadernos- dejó trascender que la IFC lleva adelante la compulsa de manera muy profesional y que dependerá de la estabilidad macroeconómica y de las condiciones del negocio la decisión de ofertar o meter violín en bolsa.
Letra P pudo saber que dos grupos brasileños enviaron delegados a Buenos Aires y contrataron consultoras para entender la política. Serían los accionistas de Sabesp, la empresa de aguas paulista, y Río + Saneamento, a cargo del servicio en buena parte de Río de Janeiro desde 2022.
Son dos empresas con perfiles distintos. San Pablo concesionó Sabesp en julio de 2024. El Estado se quedó con el 18% y entró la firma Equatorial Energy con un 15% del capital a gestionar. Un 56% quedó en la Bolsa.
Equatorial Energy es una empresa que opera servicios públicos de energía y agua y está controlada por fondos de inversión internacionales en un 95%. Su ceo es Augusto Miranda Da Paz Junior, también miembro del consejo directivo de Sabesp. Pero sus accionistas no tienen más del 10% del paquete. Entre ellos están Blackrock y el Fondo de Pensiones de Canadá con el 4,6% cada uno, por ejemplo.
Joao Pedro Backheuser, presidente de Aguas Do Brasil, que brinda el servicio en Río de Janeiro.
En Río de Janeiro, el servicio se le dio en concesión a un joint venture entre Aguas do Brasil, que opera en varios estados, y el fondo de inversión Vinci Partners, que pone el capital. Aguas está bajo la gestión de Joao Pedro Backheuser, integrante de una familia poderosa con mención en la causa Lava Jato.
Otra interesada que trascendió en las últimas horas es la francesa Veolia Environment, un holding de energía y aguas que opera en distintos países de Europa y tiene concesiones en Colombia y Chile, donde participa de Aguas Andinas.
Distintos operadores que siguen el proceso se preguntan si participarán otros grupos argentinos.
Una facción del Gobierno mira con simpatía a Filiberti, el “señor del cloro”, que monopoliza la provisión de ese insumo a AySA a través de Carboclor. El rumor de una sociedad con la israelí Mekorot duró un día, porque esa firma no puede participar del proceso, pero el interés de que conforme un joint venture con otro grupo internacional permanece.
Filiberti es socio de Manzano y Vila en Edenor. El tridente no es muy bien visto en despachos oficiales que, todavía, reportan al macrismo.
Los que vienen por el agua, por ahora, no son estadounidenses.