Varios exintendentes, uno candidato de La Libertad Avanza, están involucrados y ya tienen fecha de audiencia. El caso Sierra Grande enciende alarmas.
Avanza en la Justicia de Río Negro una causa que se mezcla con la campaña electoral.
Techo Digno, la causa en la que se investiga por presunta administración fraudulenta y peculado a varios exintendentes de Río Negro, se mete en la campaña electoral. Uno de los acusados es Aníbal Tortoriello, actual diputado nacional, expresidente del PRO rionegrino y candidato de La Libertad Avanza.
Toda la investigación comenzó en el inicio de la gestión nacional de Mauricio Macri, derramándose a la Patagonia en 2018. Desde entonces, tuvo pasajes por el fuero federal hasta tramitarse finalmente en la Justicia rionegrina, que hoy lleva adelante la investigación penal a través de su Ministerio Público.
El entramado de esta causa está en los fondos enviados y el avance de las obras para un plan de viviendas sociales, en una docena de localidades rionegrinas. Todas las investigaciones y acusaciones apuntan contra las administraciones que digitaban ese proyecto federal, que llegaban a los distritos de la mano del entonces senador Miguel Ángel Pichetto.
San Carlos de Bariloche, San Antonio Oeste, General Conesa, Cervantes, General Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande son parte de la investigación, que hoy tiene en vilo a la política doméstica.
El turno de audiencia para el control de la acusación de Tortoriello, está estipulada para los primeros días de octubre, apenas a semanas de las elecciones en las que la provincia renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Este movimiento en la Justicia provoca suspicacias y se espera que impacte en la agenda de una campaña amesetada y en la que el cipoleño busca medirse para volver a competir por la gobernación en 2027.
Junto a su antecesor en el municipio, el kirchnerista Abel Baratti, transitará en los juzgados de Cipolletti por esta causa que se derrama a todas las regiones de la provincia y pone la lupa sobre la oposición al gobernador Alberto Weretilneck.
Según la Fiscalía, Baratti y Tortoriello habrían desembolsados montos de pago a las empresas constructoras “por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaran”. Este planteo, en detrimento de Tortoriello, se hizo a finales de abril de 2023, unos días después de la elección provincial que el empresario de transporte participó como candidato de Cambia Río Negro.
Por estas horas reinaba el silencio en el entorno del candidato libertario, que se ajustó a derecho para sobrellevar la acusación, y se lo espera en la audiencia del mes electoral.
El cipoleño no es el único de los acusados. Uno de los casos resonantes se da en Bariloche, con Gustavo Gennuso. El científico que manejó la ciudad más poblada de Río Negro, entre 2015 y 2023, fue un aliado estratégico del gobernador hasta el inicio de este período al frente de la gobernación.
Gennuso, junto a su antecesora María Eugenia Martini, tiene destino de juicio para marzo de 2026. Dos años antes de que se lo vea en el banquillo, en marzo de 2024, se formularon los cargos en su contra, con la calificación de peculado. Desde entonces, la relación de Gennuso con Weretilneck se detonó con cruces de todo tipo.
Otro de los que aguarda su tiempo, y ya fue a los tribunales de la Cuarta Circunscripción Judicial, es Germán Epul. El exintendente de Cinco Saltos, que gestionó el municipio de la mano de Juntos Somos Río Negro, hoy se mantiene alejado de la actividad política. Mismo destino tuvo Liliana Alvarado, antigua jefa local que llegó al poder por el Frente Grande en diversas oportunidades.
En el compañeraje, que hoy trabaja para que Martín Soria gane la competencia al Senado y Adriana Serquis llegue a la Cámara de Diputados, se comenta en reserva el destino de los involucrados. Como sucedió en otra instancia, se aguarda por alguna manifestación en conjunto.
Al igual que la barilochense Maru Martini, la acusación recae sobre otros dirigentes de Fuerza Patria. Algunos son parte de uno de los dos bloques peronistas que tiene la Legislatura provincial, como Daniel Belloso. A él lo investigan por su paso por la intendencia de Choele Choel. Los integrantes del bloque PJ-Nuevo Encuentro, hablan de un "lawfare a la rionegrina".
En ese grupo de intendentes justicialistas acusados, aparecen Juan Reggioni y Renzo Tamburrini. El primero, exmandamás de General Fernández Oro, que va camino a juicio. Tamburrini, que ocupó el cargo en Sierra Grande, uno de los centros urbanos estratégicos en el marco de la expansión energética, frente similar destino.
La última novedad se dio a conocer por uno de los empresarios imputados en la causa que salpica al municipio serrano. Para evitar la pena, ofreció refaccionar el cine municipal de Sierra Grande, en una obra que ronda los 40 millones de pesos.
Otras figuras como Luis Ivancich, de General Godoy y actual legislador, o el exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, forman parte de la lista del funcionariado en lista de espera para reportarse ante el Poder Judicial.
Esta semana trascendió que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 5 de Capital Federal, a cargo de Alejandra Scalise Aguero, sentenció al municipio de Sierra Grande al pago de 18.140.000 pesos más los intereses. La decisión judicial está vinculada un planteo hecho por el Estado nacional en 2019, cuando reclamó fondos de Techo Digno.
Si bien Letra P consultó a fuentes de esa comuna, que prepara un descargo y apelación, el monto actualizado rondaría los 200 millones de pesos. El fallo significa un antecedente riesgoso para todas las administraciones involucradas, que atraviesan una extensa crisis por la endeble situación económica nacional.