Hay cerca de 30 mil anotados. No se sumará una tercera jornada. Cada bloque tendrá cupos asignados para las exposiciones presenciales.
José Peluc y Nicolás Mayoraz, diputados de La Libertad Avanza. Están a cargo de la audiencia por glaciares.
Colapsó la inscripción para participar de las audiencias públicas por la reforma a la ley de glaciares en Diputados: hasta este miércoles había casi 30 mil anotados, por lo que es imposible garantizar la exposición de la totalidad en el Congreso. En La Libertad Avanza (LLA) evalúan una alternativa: que la mayor parte exponga por escrito o envíe un video.
Antes, entre los bloques se repartirán cupos para definir quiénes serán los únicos oradores presenciales. Los excluidos, deberían conformarse con dos alternativas: presentar un escrito o enviar una filmación por correo electrónico. Esta última opción está en estudio y dependerá de la capacidad técnica en Diputados para absorber la demanda de contenido audiovisual.
La audiencia está contemplada en la ley de ambiente y en el Senado Patricia Bullrich omitió esa obligación y logró aprobar el proyecto. Para subsanar el error, por indicación de la Casa Rosada, Martín Menem ordenó abrir la convocatoria al público, pero el trámite se le fue de las manos.
La coordinación de la audiencia está a cargo de los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones a cargo de dictaminar (Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales). La citación es para el 25 y el 26 de marzo; el primer día con exposiciones presenciales y el segundo, por zoom.
Fuentes del oficialismo señalaron a Letra P que no está en carpeta sumar un tercer día de audiencias, porque el problema de la saturación no se subsanará de ese modo. Recuerdan que, en 2018, durante las audiencias sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se anotaron 1000 expositores y hubo tres meses de ponencias, con dos plenarios semanales.
Para el 25 y el 26 el número de anotados pasaba a 30 mil este miércoles y crecerá, porque hay tiempo hasta el 20 de marzo para inscribirse. El trámite es sencillo: consiste en llenar un formulario que está en la página web de la Cámara. Para el oficialismo, la cantidad de interesados en participar no es genuina y sospechan de un sabotaje.
"Es claro que, si agregamos días, esto no termina más. Así que lo vamos a resolver de alguna manera", insisten. La definición se tomará la semana que viene, cuando una parte de los inscriptos podría empezar a recibir correos electrónicos con la alternativa de exponer on demand.
La oposición ya hace su juego: a través de una nota, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria), María Inés Zigarán (Provincias Unidas), enviaron una nota Peluc y Mayoraz para pedir garantizar la amplia participación ciudadana.
La obligación de hacer una audiencia pública para garantizar la participación de la ciudadanía surge de la Constitución, de la ley de Ambiente y del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020. Bullrich no tuvo en cuenta esas obligaciones y hay sectores de la oposición que anticiparon que habrá una impugnación para desconocer la aprobación del proyecto en el Senado.
El proyecto modifica la ley sancionada en 2010, que protege los glaciares y los periglaciares, el ambiente que los rodea y actúa como "regulador de recursos hídricos". Con este cambio, las provincias tendrán potestad plena para definir cómo preservar estas zonas, una exigencia de los gobernadores mineros.
En la Casa Rosada, de todos modos, aclaran que la facultad de los mandatarios no podrá interrumpir un curso de agua y exigieron a sus referentes en Diputados que ese límite quedara claro, a diferencia de lo ocurrido en el debate en el Senado. Algunos dejaron frases obscenas, como el rionegrino Enzo Fullone, quien dijo que los glaciares son "rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”.
Los referentes de LLA en Diputados prometen más cuidado. "La ley que queremos es para que se proteja el recurso hídrico, pero luego un gobernador puede hacer uso de una zona una vez que esté garantizado", explican. Ocurre que el artículo 1 de la norma actual, derogado en el proyecto, pide también proteger "la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público". Será el debate de las audiencias. Hay muchos interesados en hablar.