Javier Milei avisó que enviará un proyecto al Congreso, a solicitud de EEUU. Especialistas piden equilibrar las necesidades de agricultores y la industria.
El campo y la ley de semillas: se reaviva la puja entre productores y dueños de las patentes
SAN NICOLÁS (Enviado) En plena Expoagro, el debate por la ley de semillas volvió a tensar al campo y a reactivar el lobby cruzado entre productores, empresas semilleras y Estados Unidos. La discusión escaló luego de que Javier Milei confirmara que enviará al Congreso un proyecto para actualizar la normativa vigente, un reclamo histórico de la industria genética.
En su discurso durante la Asamblea Legislativa, Milei volvió a poner al agro en el centro de su agenda económica. Allí reiteró su intención de reducir las retenciones de manera gradual, “siempre que el superávit fiscal lo permita”. Pero, además, confirmó que enviará una iniciativa para modificar la legislación sobre semillas.
El tema también quedó incluido en el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual en genética vegetal, un reclamo que Washington viene impulsando desde hace años.
La discusión no es nueva, pero vuelve a abrir una grieta dentro del propio campo. Detrás del debate técnico conviven intereses contrapuestos: las empresas semilleras reclaman reglas que garanticen el cobro de regalías por el desarrollo de nuevas variedades, mientras que muchos productores temen que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y encarezca los costos de producción.
La legislación vigente en el país data de 1973 y quedó desactualizada frente al avance de la biotecnología y del comercio global de semillas. Mientras tanto, más de 60 países ya adoptaron estándares internacionales de protección de obtenciones vegetales, lo que presiona a la Argentina a actualizar su marco regulatorio.
En el centro de la discusión aparece una práctica clave del agro argentino: el llamado “uso propio”. Este mecanismo permite que productores guarden parte de su cosecha y vuelvan a sembrarla en la campaña siguiente sin pagar regalías adicionales por la genética utilizada.
Las empresas del sector sostienen que este esquema dificulta recuperar las inversiones en investigación y desarrollo. Los productores, en cambio, advierten que limitarlo podría concentrar el negocio en pocas multinacionales y elevar los costos de implantación de los cultivos.
En la práctica, el sistema actual también genera incentivos a la multiplicación informal de semillas. Un productor puede comprar una variedad en una campaña, comprobar su desempeño y reservar parte del grano para volver a sembrarlo en las siguientes temporadas.
Según datos del mercado local, el nivel de formalidad en el pago de derechos de propiedad intelectual en semillas no supera el 40%. En Brasil, en cambio, más del 80% de los productores reconoce esos derechos.
El debate sobre la actualización de la ley de semillas vuelve así a instalarse en la agenda agropecuaria argentina. En este contexto, el ingeniero agrónomo Guillermo Farbman sostuvo que el país necesita avanzar hacia un marco normativo moderno que promueva la innovación tecnológica, otorgue previsibilidad al sistema y establezca reglas claras tanto para los productores como para los obtentores.
Una base razonable para retomar la discusión legislativa es el dictamen aprobado en 2018 por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, que proponía avanzar con la adhesión de Argentina al sistema UPOV 78, el mismo marco al que adhieren competidores directos como Brasil, Paraguay y Uruguay.
La legislación vigente -la Ley 20.247, sancionada en 1973- quedó desactualizada frente a la profunda transformación que experimentó la agricultura en las últimas décadas. El desarrollo de nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal, biotecnología y genética aplicada a los cultivos exige un marco jurídico que acompañe esa evolución.
El desafío central consiste en construir un equilibrio razonable entre dos principios: por un lado, el derecho del productor al uso propio de la semilla, una práctica históricamente reconocida en el sistema productivo; por el otro, la necesidad de que las empresas y programas de mejoramiento vegetal puedan recuperar las inversiones realizadas en investigación y desarrollo.
Contar con una ley moderna permitiría fortalecer la competitividad del agro argentino. El desarrollo permanente de nuevas variedades con mayor potencial de rendimiento, mejor adaptación ambiental y mayor tolerancia a plagas, enfermedades y estrés climático constituye un factor estratégico para el futuro de la producción.
Un sistema de propiedad intelectual equilibrado no sólo incentiva la inversión privada en genética, sino que también estimula la articulación con el sistema científico y tecnológico nacional, generando más investigación, desarrollo local y agregado de valor.
Asimismo, un marco regulatorio claro contribuiría a generar previsibilidad para toda la cadena agroindustrial, favoreciendo la radicación de inversiones y el desarrollo de programas de mejoramiento en el país.
La actualización de la ley de semillas lleva más de una década en discusión sin lograr consensos políticos duraderos. Las diferencias se concentran principalmente en el alcance de la protección de la propiedad intelectual y en la regulación del uso propio por parte de los productores.
Postergar indefinidamente esta discusión implica mantener a la Argentina con un marco legal pensado para una agricultura de hace más de cincuenta años, muy distinta de la actual.
Avanzar hacia una normativa moderna, equilibrada y consensuada aparece como una condición clave para sostener la competitividad agrícola y el desarrollo de la innovación genética.